Cada presidenciable necesita un ejército de más de 100.000 fiscales y al menos $1000 millones para controlar los votos

Los precandidatos a la Presidencia movilizarán cientos de miles de voluntarios para fiscalizar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Y será un esfuerzo bien oneroso: costará miles de millones de pesos, mayormente en negro, que se destinarán a solventar viáticos, viandas, útiles y transporte, entre otros rubros, confirmaron referentes de los principales equipos de campaña a LA NACION.

Los números mandan. El domingo próximo se abrirán 104.577 mesas en 16.950 locales en todo el país a los que deberán concurrir 35.394.425 votantes, de acuerdo a datos oficiales de la Cámara Nacional Electoral. Y esos números conllevan que cada precandidato necesite entre 60.000 y 120.000 fiscales, estimaron desde los distintos espacios.

La necesidad alcanza a todos. Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich competirán entre ellos como si fueran rivales en una elección general, sin compartir fiscales salvo contadísimas excepciones como Mendoza, donde el radicalismo trabajará para ambos. Tampoco compartirán todos los fiscales Sergio Massa y Juan Grabois. ¿Y Javier Milei? Desconfía de todos. Teme que “la casta” le robe las boletas allí donde no tenga ojos propios.

El costo final de semejante movilización de fiscales resulta, sin embargo, un misterio. Entre otros motivos, porque el operativo se financiará con fondos que no se informarán a la Justicia electoral y porque algunos equipos lo gestionan de manera descentralizada, por provincias, regiones o incluso municipios. También, porque ciertos espacios cuentan con una base más sólida de militantes dispuestos a involucrarse gratis que otros.

Para la fiscalización, cada precandidato designó a un máximo responsable de la convocatoria y capacitación, como también para coordinar la logística con los responsables directos en cada provincia o distrito. El de Rodríguez Larreta es Eduardo Macchiavelli; la de Bullrich es Paula Bertol; en el equipo de Massa quedó María Teresa García al frente; y Milei designó al consultor Fernando Cerimedo.

Sin embargo, junto a uno de los principales precandidatos a la Casa Rosada trazaron los números gruesos ante LA NACION, bajo reserva expresa de su nombre. Indicaron que la cifra “ideal” ronda los 128.000 fiscales que controlarán cada mesa o actuarán como jefes de local de votación o de “área” –que abarca varios locales-, según se trate de una zona complicada que requiera mayor presencia.

En algunas mesas o centros de votación, además, lo ideal es contar con dos turnos. “Hay que tener fiscales que por la tarde lleguen ‘frescos’ a los centros de votación más disputados o problemáticos para participar en el recuento y pelear cada voto hasta las mil y quinientas si es necesario”, indicó a LA NACION un abogado que participó en el armado de varias elecciones.

Los matices, claro, son incontables. ¿Un ejemplo? Las campañas pagan el transporte de los fiscales en los distritos más complicados. Pero en algunos municipios el traslado es gratis para los fiscales que jueguen para el intendente, porque los remises truchos deberán ese día ponerse a disposición. ¿Otro? Hay provincias como Entre Ríos o Mendoza donde cobrar por fiscalizar es una rareza o está mal visto. ¿Otro más? Hay equipos que proveerán hasta la lapicera, goma y regla, además de una copia del padrón de la mesa asignada. ¿Y otro más? Hay candidatos que saben que serán electos –por ejemplo, aquellos que van primeros en las listas sábana a legislador de espacios relevantes– que cubren de su bolsillo las viandas de su circunscripción a cuenta de las dietas que cobrarán desde diciembre.

En términos generales, sin embargo, junto a uno de los máximos candidatos estimaron que cada fiscal recibirá entre 8000 y 9000 pesos, en tanto que los responsables de locales o de “áreas” llegarían a los $12.000. Eso conllevaría una partida total de entre 1000 y 1150 millones de pesos, sólo por las PASO, fondeo que no incluye su alimentación y transporte. Parece mucho, pero en dólares son US$2 millones al tipo de cambio “blue”, cuando la contienda insumiría este año entre los 80 y 100 millones de dólares por postulante.

“Después depende de la decisión que tome cada equipo o lo que pueda hacer con el dinero y las posibilidades que tiene”, indicó un experto que llevó los números de cuatro campañas nacionales a LA NACION. “Algunos se apoyan más en militantes y voluntarios, y es cierto que en algunas provincias no existe eso de cobrar para ir a fiscalizar, pero la verdad es que el voluntariado no existe en zonas picantes. No van o se borran. Ahí necesitás fiscales con experiencia previa que se la banquen hasta el final”.

En esa línea, el titular de la Dirección Nacional Electoral (DINE), Marcos Schiavi, anticipa un domingo de “largo aliento”, con demoras en el escrutinio, por la cantidad de categorías en juego, en especial en el estratégico territorio bonaerense, que concentra casi el 40% del padrón electoral, sumado a la combinación mixta que mostrará la Ciudad de Buenos Aires al momento de votar. Todo eso complejizará la labor y podría generar demoras.

¿Qué podrían tener que “bancarse” los fiscales, a veces hasta la madrugada? Las tareas son múltiples. Entre otras:

• Garantizar que las boletas estén siempre disponibles en el cuarto oscuro. Eso es clave. ¿Por qué? “Porque pasa de todo”, sintetizó otro veterano de las lides electorales a LA NACION. “Desde votantes que se llevan las boletas del rival dentro de la campera a los que las rompen o las ocultan detrás de un armario del aula”, contó. Esos riesgos llevan a que cada precandidato imprima boletas suficientes para cubrir dos y hasta tres padrones completos, aparte de las que el Estado le provee. Así, mientras que en otros países se suele imprimir 1,3 boleta por votante, en la Argentina la cifra trepa a 3 o 4 boletas por elector. Y vale aclarar: cada tirada de boletas que se imprime cuesta cientos de millones de pesos.
• Informar a los superiores cómo viene la jornada. “Nuestros fiscales más ‘despiertos’ van a las 2000 mesas ‘testigo’ que hemos identificado en base a los resultados de elecciones anteriores para que nos informen a media mañana, a mediodía y a media tarde cuántos ya se presentaron a votar, cuántos jóvenes, cuántos jubilados, cuántas mujeres y cuántos varones, entre otros datos. Se contabiliza todo”, indicó una diputada nacional. “Nos permite anticipar cómo viene la mano y cruzar la información con lo que tiran los sondeos a boca de urna”.
• Controlar la apertura de urnas, el conteo de votos y su transcripción en el acta, y de ser necesario, impugnar la mesa. “El fraude electoral es un gran mito en la Argentina, pero es marginalmente posible”, contó un exministro de Justicia. “Robar un punto porcentual en la provincia de Buenos Aires significaría afanarse 130.000 votos, pero no podés anotar que ganaste la mesa 350 votos a 0 porque sería tan obvio que te la impugnarían. Entonces, ¿en cuántas mesas tendrías que hacer trampa sin que los demás te impugnen para dar vuelta una elección? Eso sólo es posible cuando la elección es muy, muy pareja, como en Chubut”, indicó, en alusión al triunfo de Ignacio Torres, quien obtuvo apenas 5400 votos más que su principal contendiente en una elección que registró 474.242 ciudadanos habilitados a votar.

Sólo a modo de comparación, en la provincia de Buenos Aires se montarán 38.074 mesas a las que estarán habilitados para votar 13.110.768 ciudadanos. Es decir, 344 votantes por mesa, promedio, en 6144 centros de votación. En otras palabras, un desafío que sólo en territorio bonaerense demandaría cerca de 44.000 fiscales por cada postulante a la Casa Rosada.

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