Buscan indemnizar a los hijos de desaparecidos

Un proyecto de ley para indemnizar a los hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar avanza en el Congreso. La Comisión de Derechos y Garantías del Senado, que preside la legisladora Marcela Lescano (UCR-Formosa), dio ayer dictamen positivo a la iniciativa, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados en mayo último, y sólo resta la aprobación de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta para que pueda ser tratada en el recinto y convertida en ley.

El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo y basado a la vez en uno presentado en 2002 por los entonces diputados de ARI Marcela Bordenave y Atilio Tazzioli, apunta a dar por única vez una indemnización a los niños nacidos en cautiverio antes del retorno de la democracia, el 10 de diciembre de 1983, o que hayan permanecido detenidos junto a sus padres a partir del 24 de marzo de 1976.

El proyecto prevé, además, una reparación económica que va desde los 70 mil pesos hasta los 245 mil pesos. A su vez, también dispone un monto mayor para quienes hayan sufrido lesiones graves durante el cautiverio, alrededor del 50 por ciento más de la indemnización normal.

Primeros casos

Para quienes hayan sufrido sustitución de identidad, la reparación será similar a la establecida por la ley 24.411 (para las víctimas de desaparición forzada de personas) y alcanza a 245 mil pesos aproximadamente. En este contexto ingresan los 79 jóvenes que hasta el momento fueron restituidos a sus familiares por las Abuelas de Plaza de Mayo.

La iniciativa ya tuvo dictamen favorable en la Comisión de Justicia, que preside el senador Jorge Agúndez (UCR-San Luis), donde el expediente consiguió las firmas necesarias para que el dictamen salga sin alterar el texto que recibió de Diputados.

El titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Jorge Capitanich (PJ-Chaco), confirmó ayer que el tema será tratado allí el próximo martes 27, y vislumbró que no habrá problemas en obtener un rápido dictamen para la norma.

Justamente, la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja fue el mayor obstáculo que debió pasar la norma, debido a que entre sus facultades está el determinar los montos por cobrar y de dónde sale el dinero para afrontar esa erogación.