Buscan controlar más los fondos universitarios, pero hay resistencia

El Gobierno quiere ingresar a las cuentas de las universidades públicas con una tropa de auditores propios. La medida es resistida con dureza por las casas de estudio que alegan que se trataría de una intromisión en la autonomía universitaria.

La Jefatura de Gabinete bajó el pedido a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) -el organismo que hace el control interno de la administración pública- para que designe auditores que trabajen dentro de las universidades, entes con autarquía financiera desde la reforma de la Constitución de 1994. De acuerdo al presupuesto 2019 , la distribución de créditos en las 57 universidades públicas del país asciende a unos $123.000 millones.

La decisión del Gobierno se apoya en un decreto de la gestión de Mauricio Macri , el 72/2018, que le otorgó poder a la Sigen para designar y remover a los auditores internos de todas las dependencias públicas, quitándole esa facultad al resto de los funcionarios para evitar influencias indebidas.

Desde que se publicó esa normativa, a principios de 2018, el síndico general, Alberto Gowland, removió a varios auditores, rotó a otros y nombró a nuevos síndicos. Pero se topó con la resistencia de los rectores de las universidades, que consideraron que no deben ser alcanzados por el decreto.

Según pudo conocer LA NACION, abogados de distintas universidades se reunieron para resistir contra la medida. Durante el año pasado, la UBA, la Universidad de Luján y otras ocho casas de estudio emitieron resoluciones internas rechazando la designación de auditores nombrados por el Poder Ejecutivo. La Universidad de La Rioja hizo una avanzada judicial y presentó un amparo.

"Las universidades tienen un presupuesto gigante y no están siendo auditadas como el resto del Estado. No queremos afectar su desarrollo. Tienen autonomía presupuestaria y de administración, pero eso no implica que no sean controladas, porque manejan fondos públicos ", señalaron a LA NACION en Casa Rosada.

Resistencia

La situación fue eje de debate en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) donde hubo consenso en el rechazo al nombramiento de auditores de la Sigen. Los rectores manifestaron que el control interno debe ser efectuado por unidades de auditoría conformadas en el seno de las universidades, mientras que la Auditoría General de la Nación (AGN) se debe ocupar del control externo.

"Lo que se está discutiendo es la capacidad de las universidades de nombrar a su propio personal. Hay suficiente jurisprudencia que determina el alcance que tiene la autonomía universitaria. La Corte Suprema y la Procuración del Tesoro afirmaron que se debe restringir la injerencia del Poder Ejecutivo", dijo Jaime Perczyk, rector de la Universidad Nacional de Hurlingham y vicepresidente del CIN.

Algunas universidades, en tanto, desconocieron por escrito a la Sigen como órgano de control. En diciembre, tras varios meses de puja, la UBA emitió la resolución 906431/2018 que resolvió rechazar la intervención de la Sigen en el ámbito de la casa de altos estudios "haciendo saber que el control interno de la universidad continuará siendo efectuado por su auditoría general conforme al estatuto universitario".

"El Poder Ejecutivo tiene facultad para controlar a la administración central, a los organismos descentralizados y a las empresas estatales. Las universidades están fuera de esa égida, sería una intromisión", dijo a LA NACION Miguel Mouriño, jefe de Asuntos Legales de la UBA.

Otras ocho universidades emitieron resoluciones rectorales que rechazaron los nombramientos de auditores propuestos por el Gobierno. En un caso, la puja llegó a la Justicia. La Universidad de La Rioja presentó un amparo. El juez de primera instancia hizo a lugar, pero el Gobierno apeló ante la Cámara Federal de Córdoba que el 27 de diciembre revocó la sentencia y le ordenó al juez que resuelva la cuestión de fondo.

Convenios

Para apuntalar su decisión, en la Casa Rosada recordaban en los últimos días los casos del Yacimiento Río Turbio o de la novela Mamá Corazón, que se financiaron durante el kirchnerismo mediante convenios con universidades. "Durante el exgobierno las universidades fueron un vehículo para la defraudación, cuando debían ser un símbolo de virtuosismo", deslizó un funcionario que sigue de cerca el tironeo con las casas de estudio.

El Gobierno ya limitó la modalidad de los convenios con universidades, una práctica extendida durante la gestión de Cristina Kirchner para triangular fondos. Mediante el decreto 641/2018, la gestión de Macri limitó las contrataciones con las casas de estudios a servicios de consultoría, auditoría e investigación. Ya no pueden ser proveedoras de bienes y, mucho menos, de obras públicas.

En caso de que exista un convenio, se dispuso, los fondos involucrados deben ser auditados por Sigen. Las universidades no manifestaron reparos por ese control dado que entienden que, en esos casos, el Poder Ejecutivo es la contraparte del contrato.

El Gobierno, en tanto, evalúa llevar a la Justicia once convenios suscriptos durante el kirchnerismo entre el Ministerio de Cultura y la Universidad Tres de Febrero. Los contratos tenían una cláusula que manifestaba que se daba por aprobada la rendición de cuentas "si en 90 días la administración no efectuaba ninguna observación". La judicialización servirá como demostración de poder mientras se extiende el contrapunto entre Balcarce 50 y las casas de estudio.

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