Bullrich y Santilli presentaron un proyecto para que el Gobierno tenga más atribuciones para ir contra el financiamiento de los narcos

En una reunión que tuvieron ayer en la sede del Ministerio de Seguridad, la ministra Patricia Bullrich y el diputado nacional Diego Santilli decidieron que impulsarán un proyecto para que el Gobierno tenga más poder y vaya contra el financiamiento del narcotráfico en la Argentina. El día coincidió con la deportación de los familiares y allegados al capo ecuatoriano ”Fito” Macías, que se habían instalado en un country de Córdoba y tenían varios ingresos anteriores al país.

Tras el encuentro de una hora, del que también participó el secretario de Articulación Federal, Sebastián García, la ministra anunció que impulsará un proyecto de ley presentado por Santilli en marzo de 2022 que busca atacar el financiamiento de las bandas. Por su parte, el exaliado larretista apoyó la propuesta de Bullrich de bajar la ley de imputabilidad a 14 años.

La iniciativa de Santilli que ahora tiene el aval del Ministerio de Seguridad propone facultar al Poder Ejecutivo para congelar cuentas y bienes en paralelo a causas judiciales, para así impedir que las bandas narco sobrevivan, por ejemplo, a través de la distribución del dinero ilegal con familiares, empresas fantasma o testaferros.

El escrito lo que hace es empoderar al Gobierno para que tome medidas como congelamientos administrativos y prohibiciones de asistencia, que neutralicen así la capacidad económico-financiera ilícita de personas o entidades vinculadas al tráfico ilícito de estupefacientes. Está destinado no solo a desfinanciar a las grandes bandas sino también a los “jugadores intermedios”.

Además, el proyecto busca la creación de un “comité de análisis y fusión de información” que identifique y fundamente las designaciones y las sanciones financieras, conformado por representantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI); los ministerios de Seguridad, Economía, Justicia y Seguridad; y los organismos autónomos de la Administración Pública Nacional que tengan atribuciones en el control de activos ilícitos.

“La participación de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público Fiscal de la Nación debe estar garantizada a través de la firma de un convenio de cooperación con el Poder Ejecutivo”, indica también la normativa de Santilli.

“Necesitamos herramientas legales que den respuesta a las situaciones actuales. Ya no podemos acorralar a las estructuras narco únicamente con herramientas jurídicas que tienen más de 100 años”, sostuvo el diputado nacional, quien consideró que congelar los bienes a los narcotraficantes y cortarles el financiamiento son las herramientas más eficaces para desmantelar sus estructuras.

Asimismo, en esta iniciativa puntualizó en que a través de este proyecto se lograría un “cambio de paradigma” porque dotaría al Gobierno de estrategias legales “para actuar con inmediatez”, como así también le permitiría al Presidente y a sus funcionarios accionar en forma paralela a los procesos judiciales ordinarios, pero sin interferir en ellos sino apoyándolos.

“Esta herramienta legal permite actuar con celeridad y contundencia sobre el decomiso de los bienes y el dinero de las bandas narco para cortar su capacidad operativa, logística y criminal”, señaló.

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