Bullrich vs. la izquierda | La ministra de Seguridad defendió su protocolo antipiquetes en un audiencia en Comodoro Py

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió esta mañana, en los tribunales de Comodoro Py, su protocolo antipiquetes en una audiencia judicial ordenada por el juez federal Sebastián Casanello en la que su contraparte fue la legisladora de izquierda Celeste Fierro (MST), que pide suspender el reglamento por inconstitucional.

Casanello escuchó a las dos partes antes de tomar una decisión sobre el futuro del protocolo. Según fuentes al tanto de lo ocurrido, la reunión se desarrolló en buenos términos. El juez no resolvió todavía y dispuso un cuarto intermedio en la audiencia.

Casanello citó a Bullrich y a Fierro a esta audiencia el 6 de febrero. Dispuso la convocatoria en la misma resolución en la que dictó una medida cautelar exhortando a la ministra a adecuar la actuación de las fuerzas federales a los límites constitucionales y al estándar marcado el mes pasado por los Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esa cautelar fue apelada por Bullrich y debe resolver la Cámara Federal.

Bullrich se retiró antes de que terminara la audiencia (no estaba obligada a estar ella y dejó a otros funcionarios de su cartera). Partió hacia la Casa Rosada, donde encabezó una conferencia de prensa en la que dijo que es necesario liberar a los ciudadanos “de aquellos que los explotan como seres humanos”; por ejemplo, forzándolos o incitándolos a ir a las marchas que violan el protocolo antipiquetes. “Si llevan criaturas a las marchas, les dan un bono extra”, dijo Bullrich en la conferencia, junto al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que anunció: “Vamos a proponer nuevos delitos y el incremento de las penas para que se sancionen con proporcionalidad y mano justa estos delitos tan aberrantes”. En la conferencia se expuso el caso de un piquetero de Chaco que, según dijeron, abusaba de mujeres que recibían planes sociales.

La audiencia de los tribunales de Comodoro Py se dio en el marco de una causa que inició el 18 de diciembre de 2023 la legisladora porteña Fierro, que presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad y pidió, como medida cautelar urgente, que se suspendiera el protocolo. Casanello no accedió a disponer esa suspensión y, siguiendo el trámite que prevé la ley para un “habeas corpus preventivo” (se le dio este encuadre a la causa ante el peligro invocado de detenciones arbitrarias), citó a las partes.

“Hicimos que Patricia Bullrich se siente a dar explicaciones”, celebró Ferro después de la audiencia, en la puerta de los tribunales.

La cita era a las 11. Poco antes, unos 50 manifestantes del MST se manifestaron frente a los tribunales de Comodoro Py. Entre los dirigentes presentes estaban, además de Fierro, Alejandro Bodart, Vilma Ripoll, Romina del Pla y Néstor Pitrolla. Fierro aseguró que el protocolo antipiquetes es inconstitucional y restringe el derecho a la protesta. Bodart dijo que esperan que la Justicia falle a favor, pero que si no es así, seguirán en las calles. Además, comparó esta situación con el estado de sitio en el gobierno de Fernando de la Rúa, medida que “el pueblo desobedeció”.

Después de la audiencia, Bodart relató: ”Se pasó a un cuarto intermedio porque no pudieron demostrar que el protocolo era válido y tenemos que seguir movilizándonos porque gracias a eso se cayó la ley omnibus y gracias a eso se está tratando el protocolo“.

El caso se radicó originalmente en la secretaría electoral del juzgado de María Servini (la demanda alegó que el protocolo afecta derechos políticos), pero Servini lo envió al fuero contencioso administrativo. De allí pasó a la justicia penal ordinaria y luego, a la federal, donde Casanello recibió el caso.

La cautelar

Cuando Casanello dictó la medida cautelar exhortando a Bullrich, detalló las observaciones que hicieron los relatores al protocolo antipiquetes y a “su posible apartamiento del estándar internacional en orden a la protección del derecho de reunión pacífica”. Se trata, recordó el juez, de un derecho “cuyo contenido y alcance está principalmente determinado por la Observación General nro. 37 (2020) del Comité de Derechos Humanos, órgano encargado de vigilar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, un pacto que tiene jerarquía constitucional para la Argentina.

La observación general que citó Casanello reconoce la “reunión pacífica” como un “derecho humano fundamental” que “permite a las personas expresarse colectivamente y participar en la configuración de sus sociedades”. En base a esa observación, los relatores destacaron -recordó el juez- que “sólo en casos excepcionales, precisamente, cuando ya no es pacífica o si hay indicios claros de una amenaza inminente de violencia, se puede dispersar una reunión” y dijeron que “considerar a toda reunión como violenta o delictiva es una decisión contraria al estándar internacional de protección”.

El juez recordó además que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial destacaron, en un caso de Cuba, la importancia de proteger el derecho de reunión y de protesta “para la defensa de la democracia y de los derechos humanos”, y en otro de Venezuela, que el gobierno debe proteger las manifestaciones pacíficas para que la gente pueda expresarse “sin temor a posibles amenazas, actos de intimidación o violencia, como arrestos o detenciones arbitrarios o campañas difamatorias”.

Los relatores remarcaron además, en referencia al protocolo de Bullrich, que el registro y uso de la información personal de las personas reunidas debe estar sujeto a los límites constitucionales y legales, recordó Casanello. En su resolución de la semana pasada, Casanello cuestionó que el Gobierno no hubiera respondido todavía a las observaciones de los relatores.

Informe de Gustavo Schaposnik

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