Boudou quedó a un paso del juicio oral
El juez federal Lijo pidió elevar la causa Ciccone a un tribunal
LA NACIONHugo Alconada Mon
El ex vicepresidente Amado Boudou quedó a un paso de afrontar el juicio oral por su presunto intento de quedarse con la empresa Ciccone Calcográfica, a cargo de la impresión parcial de los billetes de $ 100 que circulan en el país.
El juez federal Ariel Lijo consideró que había completado la investigación sobre Boudou, su socio José María Núñez Carmona y su supuesto testaferro Alejandro Vandenbroele, entre otros procesados, por lo que requirió su opinión al fiscal federal Jorge Di Lello.
Lijo también estimó cerrada la investigación sobre el ex jefe de Gabinete de Boudou -y luego representante argentino ante el Banco Mundial- César Guido Forcieri y el ex jefe de asesores de Ricardo Echegaray en la AFIP Rafael Resnick Brenner, por lo que ambos también deberían afrontar la instancia oral.
Por el lado empresario, en tanto, el juez también consideró que uno de los fundadores de la imprenta, Nicolás Ciccone, también debería sentarse en el banquillo de los acusados, en tanto que sobreseyó al yerno de Ciccone, Guillermo Reinwick, tras concluir que no cometió delito alguno.
Luego de recibir el expediente de Lijo, el fiscal Di Lello evaluará ahora la decisión del magistrado e impulsa su elevación a la instancia oral o si, por el contrario, solicita más medidas de prueba para avanzar con la pesquisa.
En esa línea, Di Lello reclama desde hace casi dos años que se profundice la investigación sobre la "ruta del dinero" que sirvió para financiar el ingreso de The Old Fund como nueva controlante de la ex Ciccone.
Tanto Di Lello como uno de los miembros de Sala I de la Cámara Federal, Eduardo Farah, fueron más lejos. Le pidieron a Lijo citar como testigos o, incluso, a indagatoria al dueño del Banco Macro, Jorge Brito, y a uno de ex colaboradores, Máximo Lanusse, quien salió del Macro para asumir como número dos de Ciccone junto a Vandenbroele.
En diciembre pasado, Di Lello insistió en esa senda cuando concluyó que la causa no podía aún enviarse a la instancia oral porque también debía indagarse a la ex titular de la Casa de Moneda Katya Daura y a dos de sus gerentes, como también a ex ejecutivos y varios miembros de la familia Ciccone.
Al confirmar los procesamientos de Boudou y otros imputados, Farah también sugirió investigar la actuación del entonces titular de la AFIP. "Se impone a mi criterio", planteó, "que el juez de primera instancia escuche en declaración indagatoria a Ricardo Echegaray y al resto de los funcionarios de la AFIP intervinientes en el procedimiento falencial", es decir, la quiebra que primero pidió el organismo para, tras el desembarco de Vandenbroele, dar su apoyo "incondicional" a su levantamiento.
Los otros dos camaristas de la Sala I, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, también ordenaron revisar la actuación de ese organismo: "El juez deberá esclarecer las causas específicas que preludiaron al consentimiento que la AFIP prestó para que se levantara la quiebra de la empresa y la identidad de los funcionarios que arribaron a esa decisión; las circunstancias que llevaron al organismo a no reclamar -por el transcurso de más de un año- a la contribuyente la adecuación a un nuevo plan de pagos, a pesar del rechazo del pedido original y de la restitución de la planta a favor de la concursada el día 8 de julio de 2011".
Cohecho
En su resolución de ayer, en tanto, el juez Lijo estimó que Boudou debe afrontar un tribunal oral por los presuntos delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, y trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 200.000 pesos.
Durante la investigación, Lijo consideró probado que Boudou aprovechó su condición de funcionario público y acordó con Nicolás Ciccone y su hermano Héctor Ciccone -ya fallecido- la cesión del 70% de la imprenta a cambio de destrabar los actos necesarios -tanto en la AFIP como en la Casa de Moneda, entre otras dependencias de la administración pública- para que la empresa levantara la quiebra y pudiera volver a operar y contratar con el Estado.
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