Amado Boudou estira al máximo los beneficios de la ley con un juez poco restrictivo
Una vez descartados por el Gobierno los reclamos para obtener un indulto o una amnistía para los ex funcionarios acusados de corrupción, el exvicepresidente Amado Boudou está exprimiendo al máximo los beneficios que le da el sistema judicial para lograr la libertad antes de cumplir totalmente la condena que le impuso a cinco años y 10 meses de prisión por intentar quedarse con el 75 % de las acciones de la imprenta Ciccone, que fabrica papel moneda.
Boudou, quien ya se encuentra en arresto domiciliario con una pulsera electrónica de vigilancia, consiguió una reducción de 10 meses de su condena porque reclamó ese beneficio a partir de los cursos que realizó dentro y fuera del penal durante el tiempo que permaneció detenido. Es un derecho que le asiste, pero en este caso contó además con la interpretación amplia del juez Daniel Obligado para otorgarle este beneficio.
El juez ya actuó en otros casos con el mismo criterio, por ejemplo, al reducir la condena a Fernando Esteche, el exlíder de Quebracho que había condenado en dos causas a 4 años y dos meses de prisión. Salió en libertad a poco de cumplir un poco más de año y medio porque Obligado redujo su condena debido a que Esteche se recibió de doctor en Comunicación en la Universidad de La Plata donde dictaba clase.
Boudou fue por todo: pidió que le reconocieran 20 meses de condena por los cursos realizados, la fiscalía, entendió que en parte tenía razón, porque de hecho le reconoció 6 meses de reducción de pena, pero el juez Obligado fue más amplio y le hizo una rebaja de 10 meses. Esta decisión lo pone cerca del cumplimiento de la mitad de su condena lo que le permite acceder a salidas transitorias.
La oposición –vía el diputado Waldo Wolf- consideró que "la reducción de condena de Boudou por un juez "amigo" en su último día de subrogancia por hacer un curso es un indulto encubierto".
Obligado tomó la decisión horas antes de dejar su cargo de juez suplente a cargo de la ejecución de la pena de Boudou. En ese lapso le otorgó el arresto domiciliario en agosto pasado y lo revocó a fin de 2020, luego de que la Corte dejó firme la condena.
La ley de ejecución penal permite reducirle la pena a los condenados hasta en 20 meses si estudian. Se llama estímulo educativo y la ley establece que les reducirán la pena a los internos que "completen y aprueben satisfactoriamente total o parcialmente sus estudios primarios, secundarios, terciarios, universitarios, de posgrado o trayectos de formación profesional". La cuenta es así un mes por ciclo lectivo anual; dos meses por curso de formación profesional anual o equivalente; dos meses por estudios primarios; tres por secundarios, tres por terciarios cuatro por universitarios y dos meses por cursos de posgrado.
Hay un criterio general entre los jueces de tribunal oral que entienden que un curso de 400 horas equivale a un año lectivo y que esos cursos deben ser de utilidad profesional según el grado de instrucción del condenado. Por ejemplo, José López, el ex funcioanrio preso con un bolso con 9 millones de dólares, quiso presentar un curso de reparación de calzado para que le reduzcan la pena y se lo rechazaron. Su única relación con la marroquinería eran esos bolsos llenos de billetes. No es el caso de Boudoir donde le reconocieron a un economista cursos de electricidad y organización de eventos, ajenos a su "utilidad profesional".
Boudou presentó un curso de organización de eventos de 150 horas, uno de Programador de sistema de 180 horas, uno de Montador Electricista, de 150 horas y otro de Electricista Instalador, de 450 horas. Además de un Taller de Filosofía de tres encuentros presenciales y cinco virtuales. Obligado le dio una reducción de 2 meses por cada Curso de Formación Profesional, un mes por el Taller de Filosofía y un mes por una diplomatura de FLACSO (280horas) donde Boudou aprobó uno de los cuatro trabajos prácticos y adeuda el trabajo final. No hay constancia de la aprobación del resto. Por haber presentado los trabajos en tiempo y forma Obligado le descontó ese mes de pena. Así totaliza los 10 meses de descuento.
La fiscalía, mas estricta, reconoció que sólo le correspondían 6 meses de reducción, pero el juez fue mucho amplio.
También lo fue al tratar el pedido de reducción de la pena en la feria judicial. Hay un criterio de la Cámara de Casación que establece que serán cuestiones a resolver en las vacaciones de verano aquellas en las que esté en juego la libertad. Obligado entendió que así era porque si le daban 20 meses de descuento podía acceder a la libertad condicional. Con 10 puede acceder a salidas transitorias.
Tanto la fiscalía como el propio Boudou pueden apelar y será la Cámara de Casación la que decida si la cosa se queda así. Todo hace pensar que primará un criterio más estricto, dado los antecedentes del tribunal de Casación.
Todo lo que hace Boudou está en el marco de la ley, favorecido por una amplia interpretación del juez que debía velar por la ejecución de condena.
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