El Gobierno logró ingresar a la causa por presunto contrabando de armas a Bolivia

La Justicia en lo Penal Económico aceptó esta tarde como querellante a la Aduana en la causa en la que se investiga un supuesto contrabando de armamento a Bolivia, que tiene como imputado al expresidente Mauricio Macri. La incorporación del organismo oficial indica que el Gobierno nacional buscará tener un rol activo en el expediente, tal como anticipó LA NACION.

Así lo confirmaron fuentes con acceso a la causa, las que además precisaron que la presentación fue realizada por la Dirección General de Aduanas (DGA), que depende de la AFIP, y está encabezada por Silvia Traverso. Junto al pedido de constituirse como querellante, el organismo también entregó en soporte papel la documentación contenida en formato virtual sobre la denuncia original.

Primero, la Casa Rosada había intentado ingresar a la causa con un pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF), lo que fue rechazado por el juez Javier López Biscayart. Pero el segundo intento, a trav{és de la Aduana, prosperó porque el organismo está vinculado directamente con el delito de contrabando que se investiga en el caso.

La figura del querellante le reconoce la posibilidad de intervenir en el expediente al “damnificado” por el hecho. Ser querellante es central en una causa, porque permite tener control de lo que sucede en el proceso, con acceso directo al expediente, tanto para conocer lo que allí sucede como para pedir medidas de prueba o apelar, en caso de que avance una decisión en contra de los intereses del Gobierno.

La avanzada del Ejecutivo en el caso comenzó el 12 de julio, cuando denunció a Macri y parte de su gabinete ante el fuero Penal Económico. Fue cuatro días después de que el canciller boliviano, Rogelio Mayta, afirmó que en noviembre de 2019 “el gobierno de Mauricio Macri aportó material letal para que se pueda reprimir la protesta social y consolidar el gobierno que rompía el orden constitucional en Bolivia”.

La denuncia llevó la firma de los ministros de Seguridad, Sabina Frederic, y de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, así como de la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. Ayer, los tres funcionarios incorporaron documentación, solicitaron medidas de prueba y presentaron una ampliación de la denuncia contra Macri y sus exministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad, respectivamente.

El presidente Alberto Fernández sigue con atención el tema: desde el primer momento, fuentes oficiales coincidieron ante LA NACION en que solo se avanzaría judicialmente con su aval político. La denuncia afirma que la gestión Macri “puso material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Jeanine Áñez, tras el golpe de Estado realizado por las Fuerzas Armadas bolivianas contra el gobierno constitucional de Evo Morales”.

Según la denuncia, rechazada por el expresidente y también por Patricia Bullrich, el gobierno anterior fue responsable de la “adulteración en las cantidades y destinaciones declaradas en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero”, del material bélico. Los delitos a los que hace mención la denuncia incluyen contrabando agravado, malversación de caudales públicos y abuso de autoridad.

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