Bloqueos a empresas: un fiscal pidió que vaya a juicio una causa contra dirigentes de Camioneros
El fiscal Mahiques acusa por extorsión a cinco miembros de la cúpula del sindicato de Moyano, que habían sido procesados por impedir la entrada y la salida en una empresa en Trenque Lauquen
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LA NACION
El fiscal Ignacio Mahiques solicitó la elevación a juicio por el delito de extorsión en grado de tentativa contra cinco gremialistas y dirigentes de la cúpula del sindicato de Camioneros -entre ellos, la mano derecha de Hugo Moyano-por el bloqueo a la pyme de transporte Andar Transportadora, de Trenque Lauquen. Los acusados habían sido procesados en noviembre de 2021.
“Se les atribuye a Rubén Omar Dutra, Diego Emanuel Coria, Matías Ezequiel Paz, Jorge Fabián Aguirre y Omar Andrés Pérez el haber actuado de manera organizada, y en representación del Sindicato de Choferes de Camiones, con el objeto de amedrentar a Alejandro Castell, apoderado de la firma ANDAR 3 TRANSPORTADORA SRL -dedicada al transporte de cargas generales-, y así compelerlo a que pagara una presunta deuda que poseía ante ese sindicato, la cual resultara ser inexistente”, señaló el fiscal en su pedido al tribunal al que accedió LA NACION.
Omar “Manguera” Pérez es una suerte de “mano derecha” de los Moyano. Es secretario de Políticas de Transporte del sindicato y el representante en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT). “Es el tercero del sindicato”, según definió Florencia Arietto -abogada de Andar Transportadora- a este medio. Dutrá es el referente de la rama de Logística de Camioneros y uno de los impulsores de las protestas en los centros de distribución de Mercado Libre.
Los sindicalistas están acusados de haber bloqueado las actividades de la empresa Andar Transportadora, en Villa Soldati. El establecimiento fue bloqueado el año pasado, en reclamo de una supuesta deuda con el sindicato.
En diálogo con LA NACION, Florencia Arietto, la abogada de Andar Transportadora, anticipó que el pedido de Mahiques debe ser interpretado como que el juicio contra los dirigentes de Camioneros es un hecho y que comenzará próximamente.
El último año, el juez de instrucción porteño Fernando Caunedo procesó a los dirigentes gremiales acusados de coacción. En aquel momento, el magistrado entendió verosímil que pudiera existir una deuda entre el gremio y la empresa, por eso encuadró la conducta como una amenaza coactiva.
Ahora, tras la investigación y con la evidencia en consideración (testimonios, filmaciones y más), el fiscal Mahiques elevó el delito a extorsión en grado de tentativa. “Al respecto, sin perjuicio de la provisionalidad de la calificación jurídica en esta etapa, entiendo que el hecho descripto en el acápite que antecede encuadra en el delito de extorsión en grado de tentativa, por el que los acusados deberán responder en calidad de coautores (art. 42, 45 y 168 del C.P.)”, sostuvo el letrado.
De esta manera, de ser condenados, la pena se agravarían por el cambio de categoría en el delito, según explicó Arietto. “Mientras que el delito de coacción tiene una mínima de 1 año y una máxima de 4 años, la extorsión en grado de tentativa tiene una mínima de 2 años y medio y una máxima de unos 5 años”, señaló la abogada. “No hay nadie que no sepa lo que hacen las patotas sindicales [en el núcleo de poder]
Al ser consultada por una definición de los acusados, Arietto eligió las palabras de la Cámara de Apelación que ratificó la prisión preventiva de los sindicalistas Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola. “[Son] miembros encumbrados de una organización sindical que bajo el pretenso amparo del cumplimento de los fines gremiales que nutren el espíritu de la ley 23.551 torcieron el rumbo mediante reiteradas acciones ilícitas en perjuicio de la actividad comercial de una empresa privada”, citó a este medio.
Y enfatizó con palabras propias: “Torcieron su rumbo en perjuicio de los trabajadores”.
Arietto señaló que -solo hasta ahora- encabeza unas veinte denuncias contra sindicatos en las provincias de Buenos Aires y Río Negro por distintos tipos de delitos. “Esto es un sistema que desvirtúa el poder de los trabajadores con fines absolutamente personales y privados”, subrayó.
Tras considerar “altamente probable” que los acusados terminen con condena debido a las pruebas en su contra, la abogada de Andar Transportadora anticipó que solicitarán a autoridades que el juicio -que prevén tenga una fecha anunciada antes de fin de año- sea por jurados.
LA NACION
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