Biocombustibles: media sanción en Diputados al nuevo marco regulatorio que impulsa Máximo Kirchner

A pocos días de un nuevo vencimiento del régimen de biocombustibles –prorrogado por el Gobierno hasta el 12 de este mes–, el oficialismo y un sector de la oposición aprobaron esta medianoche en la Cámara de Diputados un nuevo proyecto regulatorio para el sector, el cual no solo habilita una fuerte reducción en el corte del biodiésel para el gasoil, perjudicando la producción que se concentra en las provincias del centro del país, sino que también otorga facultades discrecionales a la Secretaría de Energía –bastión kirchnerista– para la aplicación de la ley.

La iniciativa se aprobó con 135 votos positivos, 110 negativos y 2 abstenciones. Además del bloque oficialista la iniciativa, impulsada por el jefe del bloque del Frente de Todos Máximo Kirchner, fue acompañada por las bancadas aliadas y un grupo de diputados de Juntos por el Cambio oriundos de las provincias del Norte, favorecidas por el nuevo marco regulatorio.

La incógnita es qué sucederá en el Senado, pues el año pasado, y por unanimidad, los legisladores habían aprobado un proyecto para prorrogar por cuatro años el actual régimen de biocombustibles, tal como reclamaban las empresas del sector.

Uno de los principales puntos de conflicto de la iniciativa es la reducción del corte de biodiésel para el gasoil, del actual 10% al 5% (pudiendo la Secretaría de Energía llevarlo a un piso de 3%), mientras que mantiene en 12% la mezcla de bioetanol en la nafta, pero podría reducirlo al 9% absorbiendo la merma el etanol de maíz, no el de caña de azúcar, producida en las provincias del Norte. El argumento del oficialismo cuando se critica la reducción del porcentaje de biodiésel es que en la actual ley figura un 5%, pero al 10% se llegó a través de diferentes resoluciones del Ejecutivo desde 2006 en adelante.

Otro de los puntos polémicos de la norma se refiere a las atribuciones excesivas, a juicio de la oposición, que gozará la autoridad de aplicación, la Secretaría de Energía. En efecto, el órgano regulador no solo fijará los precios de venta del producto; además, tendrá amplias facultades para otorgar o denegar habilitaciones y permisos de fabricación.

También tendrá potestad para asignar discrecionalmente a distintos productores los volúmenes destinados a sustitución de importaciones. Asimismo, la autoridad de aplicación podrá aplicar penalidades, desde gravosas multas expresadas en millones de litros de nafta súper hasta la inhabilitación definitiva.

El cierre del debate estuvo a cargo, por parte de la oposición, de dos diputados de Córdoba, una de las provincias más perjudicadas por el nuevo régimen, porque producen la soja que se emplea en el biodiésel y el maíz para el bioetanol.

“Es imposible que acompañemos este proyecto: va a contramano del mundo. Es una puñalada al sector productivo, a los trabajadores del sector, a las economías regionales. Me hubiese gustado ver a los gobernadores de Córdoba, de Santa Fe y de Entre Ríos defendiendo sus economías regionales, pero se cedió al lobby petrolero”, enfatizó el radical Diego Mestre, quien advirtió que, de convertirse en ley, este nuevo régimen regulatorio “provocará la pérdida de 100 mil puestos de trabajo y generará un desastre medioambiental”.

Por su parte, el diputado Carlos Gutiérrez, que responde al gobernador cordobés Juan Schiaretti, sostuvo que esta ley responde a los intereses “del lobby petrolero”. “Respetamos a las provincias y a los diputados que defienden sus intereses, pero nosotros defendemos los nuestros”, sostuvo.

Desde el oficialismo, el diputado santafecino Marcos Cleri aseveró que el sector de los biocombustibles “no querían una prorroga sino un nuevo marco regulatorio para tener previsibilidad”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Energía y Combustibles, Omar Félix, justificó la mayor intervención del Estado en la regulación de los biocombustibles. “Es lógico que se tomen previsiones para un crecimiento armónico y que no se generen efectos no deseados”, aseveró Félix, quien relativizó el impacto de la reducción del corte en el biodiésel. “Tendrá carácter excepcional y será para evitar distorsiones. Se trata de cuidar la economía de todos los argentinos”, sostuvo.

Desde la oposición de Juntos por el Cambio, la mendocina Jimena Latorre enfatizó que la iniciativa oficialista “un traje a medida para unos pocos empresarios amigos del kirchnerismo”.

“Este proyecto no es una prórroga del régimen de la ley 26.093 como propuso el Frente de Todos en el Senado. Es cortoplacismo y mediocriodad. En realidad, es un proyecto regresivo, intervencionista e inconstitucional”, enfatizó.

También el diputado Alejandro “Topo” Rodríguez, de Consenso Federal, rechazó duramente el proyecto oficialista. “Que nadie instale aquí la falsedad ni la mentira de que en la Argentina hay (en torno a este proyecto) una guerra entre provincias petroleras y las que producen biocombustibles. Es falso y no lo digo yo, sino el Senado que votó por unanimidad la prórroga del actual régimen”, enfatizó.

“Lo que le toca a las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires es realmente grave. Porque tanto en el caso del bioetanol de maíz como del biodiésel se está perjudicando al complejo productivo más dinámico de la Argentina”, indicó el jefe del bloque Consenso Federal.

Desde Córdoba, una de las provincias donde están radicadas las empresas más importantes de producción de biodiésel, el diputado kirchnerista Eduardo Fernández rechazó que este proyecto sea “anticordobés”. “Es una muy buena ley que otorga estabilidad fiscal e incentivos impositivos. Nosotros estamos legislando por los intereses de la mayoría”, enfatizó.

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