Biocombustibles: malestar en el Senado por el proyecto oficial

Mientras la fecha de vencimiento del régimen de promoción se acerca de manera inexorable –operará el próximo 12 de mayo–, las diferencias al interior del oficialismo por los biocombustibles siguen sin apaciguarse y soliviantan las críticas en el bloque del Frente de Todos del Senado.

La crisis ya provocó la intervención del Gobierno, a través de la Secretaría de Energía y del jefe de los diputados kirchneristas, Máximo Kirchner. Pero las diferencias entre las provincias productoras de petróleo y las de biocombustibles continúan agravándose.

Al respecto, voceros legislativos no descartaron que la disputa obligue a Cristina Kirchner a intervenir. “Cristina por ahora está mirando. Ella tiene información de ambas partes”, confiaron las fuentes consultadas. El conflicto se suma al ruido que provocó en el oficialismo la decisión del Gobierno de prorrogar la concesión de la hidrovía, que un grupo de senadores kirchneristas pretendía que pasara a manos del Estado.

Desde la semana pasada el oficialismo impulsa en la Cámara baja el tratamiento de un nuevo régimen de biocombustibles de “consenso”, al que pretende darle dictaminen de comisión este martes.

Sin embargo, el proyecto sigue sin conformar en el Senado, donde muchos legisladores oficialistas, encabezados por los de Santa Fe y Entre Ríos, advierten que la iniciativa, tal cual está redactada, desalentará la inversión en un sector que en los últimos años se ha convertido en un importante generador de mano de obra para sus distritos.

“El proyecto va a liquidar el biocombustible argentino”, le dijo a LA NACION un senador oficialista en total sintonía con la postura planteada por la oposición en la Cámara baja cuando, la semana pasada, comenzó a discutirse la iniciativa.

El conflicto comenzó luego de que el Poder Ejecutivo, respondiendo a la presión de las provincias productoras de petróleo, decidió impulsar un proyecto alternativo al aprobado por el Senado el año pasado, que establece la prórroga lisa y llana del régimen de promoción, que vence el próximo 12 de mayo tras diez años de vigencia.

En un intento por zanjar diferencias, y con la participación del secretario de Energía, Darío Martínez, y de Máximo Kirchner el oficialismo redactó una propuesta alternativa. Bajo la consigna de favorecer a los pequeños productores, el texto propone la continuidad del régimen, pero reduciendo los porcentajes de biocombustibles que se deben usar para cortar los combustibles fósiles.

Así, reduce del 10% al 5% la cuota de biodiesel, elaborado a partir de soja y maíz, para el corte del gasoil; mientras que establece en un 6% el corte con bioetanol, producto que sale de la caña de azúcar, para las naftas.

El texto fue presentado en comisiones de la Cámara baja la semana pasada por el mendocino Omar Félix y el santafecino Marcos Cleri, en un intento por mostrar un consenso en el oficialismo entre las provincias petroleras y las productoras de biocombustibles.

Sin embargo, la iniciativa generó el rechazo de la oposición. Desde Juntos por el Cambio se lo cuestionó por considerarlo lesivo para las provincias que han visto en la elaboración de biocombustibles el desarrollo de una actividad industrial con valor agregado en medio de la crisis económica permanente.

Pero también sumó su voz crítica la lavagnista Graciela Camaño, quien advirtió que su sector no avalará la estrategia del oficialismo de iniciar un nuevo trámite legislativo, desconociendo el proyecto aprobado por el Senado, con la intención de convertirse en cámara iniciadora y quedarse, así, con la última palabra ante la eventualidad de que el Senado le introduzca modificaciones.

El temor oficialista a que el Senado pueda imponer su criterio y prorrogar el régimen tal cual rigió en la última década no es infundado. El malestar en la Cámara alta con la “propuesta de consenso” es cada vez más notorio.

Senadores como el entrerriano Edgardo Kueider y los santefecinos Roberto Mirabella y María de los Ángeles Sacnun, esta última autora del proyecto aprobado el año pasado, han manifestado su disidencia con el nuevo texto. A ellos, sumaron su voz crítica el cordobés Carlos Caserio y la tucumana Beatriz Mirkin.

Sostienen que el texto desalienta la inversión, al establecer la reducción de las alícuotas. “Están poniendo un corsé que le dice al inversor que esto tiende más a la baja que aumentar la producción”, se quejó un senador oficialista.

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