Bienes Personales: el oficialismo emitió dictamen y apura su tratamiento en el Senado

El oficialismo quiere apurar la sanción de las modificaciones en el impuesto a los Bienes Personales y emitió hoy dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda al proyecto aprobado ayer con modificaciones por la Cámara de Diputados con la mira puesta en llevarlo al recinto la semana próxima.

El bloque que conduce José Mayans (Formosa) intentó pedir el tratamiento sobre tablas esta misma semana, pero Juntos por el Cambio se negó a darle los dos tercios para habilitar su debate. Así, el texto recién podría llegar al hemiciclo el próximo 29 del corriente, cuando se cumplirán los siete días que establece el reglamento que deben mediar entre la firma del dictamen y su discusión en el recinto.

El interbloque opositor rechazó con fuertes críticas las modificaciones introducidas por el oficialismo en la Cámara baja e insistió con sancionar los cambios en Bienes Personales tal cual había salido del Senado en octubre último, cuando el propio Frente de Todos impulsó la iniciativa como parte de la campaña electoral para tratar de remontar la dura derrota que había sufrido en las primarias.

Además, cuestionó la conformación de la Comisión de Presupuesto y Hacienda establecida por decreto de Cristina Kirchner, en la cual el oficialismo mantuvo 9 sobre 19 miembros a pesar de haber perdido la mayoría propia que tenía en la Cámara alta.

Menos de 24 horas después de la ajustada aprobación conseguida por el Frente de Todos en la Cámara baja, logró imponer cambios al proyecto y devolverlo en segunda revisión al Senado por apenas un voto, el oficialismo de la Cámara alta conformó la Comisión de Presupuesto y Hacienda bajo el mando del riojano Ricardo Guerra, que reemplazó en ese sitial al cordobés Carlos Caserio, quien no pudo renovar su banca en las elecciones de noviembre.

Guerra defendió los cambios introducidas por su bloque en Diputados al considera que el texto es más progresivo que el aprobado por el Senado, al aliviar a unos 500.000 contribuyentes al elevar el mínimo no imponible de Bienes Personales pero que tiene al equilibrio fiscal al compensar esa menor recaudación con el aumento de las alícuotas para las categorías más altas del gravamen.

“Es una ley que otorga un claro concepto de progresividad, básico en lo que es la sana tributación y tiende al equilibrio al incrementar algunas alícuotas a los patrimonios de mayor envergadura que, naturalmente, tienen mayor capacidad contributiva”, afirmó.

Según el senador oficialista por La Rioja, con esta nueva redacción “menos del 2% del padrón, menos de 16.000 contribuyentes” verán aumentado su gravamen, lo que contrapuso con “los 500.000 contribuyentes que serán beneficiados por la suba del mínimo no imponible”.

El proyecto en discusión establece la actualización del mínimo no imponible de Bienes Personales de 2 a 6 millones de pesos y del valor de la vivienda única que queda exenta del gravamen de 18 a 30 millones, tal cual lo había aprobado el Senado a fines de octubre.

Pero, además, el oficialismo le sumó en la Cámara baja un incremento de 1,25 a 1,5% de la alícuota para los patrimonios superiores a los 100 millones y de 1,5 a 1,75% para los que declaren más de 300 millones. Además, eleva a 2,25% la alícuota para los bienes radicados en el exterior que superen los 18 millones.

El encargado de fijar posición por Juntos por el Cambio fue el radical Martín Lousteau (Capital), quien cuestionó la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo para modificar el impuesto a las Ganancias y que se establezca en la ley la actualización de los montos en base al índice de precios al consumidor (IPC).

“Si queremos construir una estructura tributaria previsible y confiable no tiene que estar sujeta al Poder Ejecutivo en facultades delegadas”, afirmó.

Lousteau también cuestionó la idea de progresividad sostenida por Guerra. “Si lo que queremos desde el punto de vista de la progresividad de la escala del impuesto a la ganancias a partir de determinado nivel gravar con alícuotas crecientes, deberíamos establecer cuál es ese nivel y actualizarlo automáticamente, no debería estar delegada en nadie”, advirtió.

En la misma línea se manifestó el vicepresidente de la Comisión, Víctor Zimmermann (UCR-Chaco), quien se quejó porque “hicieron una delegación por los tiempos”, ya que el texto establece que la cesión al Gobierno de la potestad para modificarlo se otorga hasta tanto dure la vigencia del impuesto.

Pelea por la comisión

Antes de debatir la iniciativa, oficialismo y oposición polemizaron por la conformación de la Comisión establecida por decreto por Cristina Kirchner, con mayoría oficialista.

Esto le garantiza al oficialismo la firma del dictamen sin inconvenientes, aprobando los cambios introducidos por Diputados. Ante cualquier contratiempo, en la comisión también está el provincial Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), habitual aliado del Frente de Todos quien ayer avaló el dictamen impulsado por el oficialismo.

Juntos por el Cambio objetó, en una nota enviada a la Presidencia de la Cámara, la conformación argumentando que, al no haberse celebrado una sesión preparatoria tras el recambio de la Cámara, la vicepresidenta no tiene delegada la facultad para designar las comisiones.

Además, Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital) se quejó porque el decreto deja a Juntos por el Cambio con dos senadores menos que el oficialismo, lo que vulnera el resultado de las elecciones de este año y la nueva relación de fuerzas de la Cámara alta.

La kirchnerista Juliana Di Tullio (Buenos Ares) rechazó las protestas asegurando que el Frente de Todos había ganado la elección presidencial hace dos años y que, de acuerdo a la tradición legislativa, comisiones como la de Presupuesto y Hacienda “pertenecen al Poder Ejecutivo”.

Le replicó Lousteau, remarcando que las comisiones “no pertenecen a nadie, salvo a la Cámara” y que el reglamento de la Cámara establece un reparto proporcional en las comisiones entre los diferentes sectores políticos. Además, le recordó que el peronismo no respetó la tradición cuando se quedó con la presidencia de Presupuesto y Hacienda durante dos de loa cuatro años del mandato de Mauricio Macri.

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