Belliboni, sobre las denuncias de empresas fantasmas: “Si la factura es trucha, que metan preso al dueño”
El líder piquetero negó la orden de inhibición de bienes de la Justicia y apuntó contra el accionar del Estado; “Daremos las explicaciones necesarias”, adelantó
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LA NACION
Tras haber sido llamado a indagatoria por el juez Sebastián Casanello por ser el responsable político del Polo Obrero y por la presencia de documentos que muestran que era uno de los firmantes de la rendición de cuentas supuestamente fraudulentas del Plan Potenciar Trabajo, el dirigente social Eduardo Belliboni se defendió de las acusaciones y negó la orden de inhibición de bienes personales que envió la Justicia. “Nadie me informó nada, no me notificaron y no sé qué me van a inhibir porque no tengo nada”, justificó.
En diálogo con Radio Colonia, explicó que la responsabilidad de una posible factura trucha no fue de él, sino de la empresa emisora. “Yo firmé una rendición con los papeles que me dieron. Si es trucha y la AFIP la tiene en la mira, me sorprende que el Estado no haya dicho nada en estos dos años”, cuestionó.
Y agregó: “Yo presenté esa factura al Estado hace dos años y nunca me dijeron que era de una empresa fantasma. Si es trucha, que metan preso al dueño, yo no tengo nada que ver. Si la factura estaba mal, el Estado debería haberlo dicho. Yo tengo las facturas, las llevaremos y daremos las explicaciones necesarias”.
“El Ministerio de Desarrollo Social (en referencia al actual Ministerio de Capital Humano) no es un lugar a donde vas, pedís plata y te la dan. Hay un circuito administrativo en el que hay que rendir una parte de la plata que estás pidiendo. Si yo hace dos años le rendí al Estado algo de una empresa fantasma, me lo deberían haber dicho”, apuntó.
Asimismo, explicó que la única respuesta que le dio el Estado alguna vez fue con una factura de la empresa Varela Construcciones, que había emitido como parte de una maniobra impositiva. “El Estado nos dijo que no era legal y nosotros le mandamos una carta documento pidiendo una nueva que fuera legal”, afirmó y sumó: “Cuando hay un problema el Estado te lo dice porque tienen abogados y juristas que revisan toda la plata que dan”.
Finalmente, cuestionó los motivos del Gobierno para realizar las acusaciones en este momento particular. “Al mismo tiempo que hacen esto le sacan la comida a más de 5 millones de personas en 40.000 comedores. Hay partidas enteras que quedaron guardadas porque lo que quieren es destruir a las organizaciones sociales. Es muy raro todo lo que está ocurriendo y que todo el mundo lo tome como normal”, lanzó y continuó: “Dicen mentiras todo el tiempo: supuestamente detectaron que la mitad de los comedores estaba mal, entonces, ¿por qué no le dan al resto la comida? Porque no es cierto”.
Y, sobre la cartera conducida por la ministra Sandra Pettovello, dijo: “La verdad es que no hay funcionarios, desde que asumieron renunciaron todos y no están haciendo absolutamente nada”.
“Ponele que me metan preso, ¿creen que eso va a destruir a las organizaciones sociales?”, desafió asimismo el dirigente, que también se refirió a una factura B emitida por la empresa Coxtex SA -a la que accedió LA NACION-, una sociedad que, a los meses de su constitución, ya ingresó en el sistema de alerta de la AFIP por emisión de facturas apócrifas. Esta copia fue presentada por la asociación y está firmada por Belliboni, como presidente, y Mariano Centanni, como tesorero.
Estos documentos se enviaron al Ministerio de Desarrollo Social para justificar los gastos que realizaban por los subsidios para intermediar los planes Potenciar Trabajo y, supuestamente, brindar herramientas de trabajo. De esta forma, el Polo Obrero y sus asociaciones percibieron un total de $360 millones en transferencias, según la información que recopiló hasta el momento la Justicia.
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