Balance legislativo. El Gobierno superó sus expectativas con la sanción de leyes indispensables y dos proezas que desarticularon a la oposición

Contra todos los pronósticos agoreros, el gobierno de Javier Milei superó con creces los objetivos que se había trazado en su conflictiva relación con el Congreso durante su primer año de gestión. Con una minoría extrema en ambas cámaras y sin poder territorial en las provincias, el líder libertario no solo logró que le sean aprobadas las leyes indispensables para darle arranque a su administración, sino que además logró neutralizar las ofensivas más duras que le impuso la oposición.

Al cierre del actual período de sesiones ordinarias, el Congreso sancionó un total de 13 leyes –dos de ellas vetadas- y 31 tratados internacionales; así lo detalla el Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ). Una cosecha sensiblemente inferior al de otros años parlamentarios –de hecho, este ha sido el período de menor producción legislativa desde 1983-, pero en términos cualitativos las expectativas se superaron con la sanción de la voluminosa “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, una norma fundacional con profundas implicancias políticas, sociales y económicas y que demandó siete meses de fatigosos debates en ambas cámaras.

“Es la ley más importante de la historia”, se ufanan en el oficialismo que, sin embargo, tuvo que ceder –y mucho- en las negociaciones con la oposición para que sea sancionada. Fue fruto de un consenso generalizado, cualidad que no se vio desde entonces.

A la Ley Bases, con su ambiciosa reforma del Estado –privatizaciones incluidas-, cambios en el empleo registrado y la incorporación del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) se sumó, en paralelo la Reforma Fiscal, clave para la estabilización macroeconómica. Con ella retornó el impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría, matizado con un amplio y generoso blanqueo de capitales que le permite al Ministerio de Economía cerrar el año sin apuros de reservas.

El DNU 70/23 completa el cuadro: un decreto que modificó nada menos que 70 leyes, muchas de ellas de enorme relevancia, entre ellas el Código Civil y Comercial, la ley de contrato de trabajo, la de asociaciones sindicales, deuda pública, entre otras. Es tan voluminoso y ecléctico en su contenido que bien podría equivaler a un centenar de decretos simples, los cuales se hubiesen sumado al de por sí abultado listado de DNU que dictó Milei a lo largo de este año.

En efecto, según los datos del SAIJ, en lo que va de su gestión el Poder Ejecutivo dictó 42 DNU, tres veces más que las leyes que sancionó el Congreso en el mismo lapso. Un dato llamativo es que Mauricio Macri, quien también llegó al poder con minorías parlamentarias en ambas cámaras, solo dictó 12 DNU durante su primer año de gobierno; Milei lo triplicó.

De todos los decretos presidenciales que el presidente firmó, solo uno no sobrevivió: el que dispuso ampliar en $100.000 millones los gastos de la SIDE. Fue un golpe para el Gobierno y, en particular, para Santiago Caputo, integrante del triángulo de hierro del poder. Fue el primer decreto en ser rechazado por ambas cámaras en la historia parlamentaria.

Mejor suerte tuvo, hasta ahora, el DNU 70; el Senado lo rechazó apenas comenzaron las sesiones ordinarias; sin embargo, en la Cámara de Diputados los bloques dialoguistas de Cámara de Diputados, aun aquellos de perfil más opositor, no se atrevieron a tanto; hacerlo hubiese sido interpretado como un golpe desestabilizar a un gobierno en sus primeros pasos de gestión.

Estrategia a dos puntas

Estos datos –la escasez de leyes sancionadas y la proliferación de DNU- revelan a las claras a qué se reduce la estrategia parlamentaria de la Casa Rosada: sancionar solo las leyes indispensables (lo demás es relleno) y desactivar, con un tercio de los votos, cualquier ofensiva opositora que conspire contra sus políticas.

Milei no disimula su desdén al Congreso; lo demostró al inaugurar las sesiones ordinarias de espaldas al palacio legislativo. A lo largo de este primer año no intentó cultivar vínculos ni alianzas estables con los bloques parlamentarios, ni siquiera con los dialoguistas. La relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo transcurrió las más de las veces en un clima de conflicto permanente que Milei, merced al apoyo popular, logró neutralizar aun en situaciones de tensión extrema.

Hubo dos episodios que marcaron un punto de inflexión en la dinámica legislativa: los vetos presidenciales a las leyes de movilidad jubilatoria y de financiamiento universitario. Con apenas un tercio de los votos en la Cámara de Diputados Milei logró blindar ambos vetos y demostrar, a propios y ajenos, que con aquella pequeña fortaleza podrá mantenerse a salvo de futuras embestidas opositoras.

“Fue entonces cuando Martín Menem se recibió de presidente de la Cámara”, se regodean en el oficialismo. Menem buscará este miércoles su reelección al frente del cuerpo.

El oficialismo nunca pudo haber llevado la proeza sin el auxilio de diputados, otrora opositores, que por convicción o conveniencia electoral le prestaron sus votos. Los daños colaterales de las sucesivas derrotas opositoras se replicaron en la fractura, tácita o expuesta, de distintos bloques, empezando por el del radicalismo. La oposición finaliza el año entre la impotencia y el desconcierto por no haber podido (o querido) avanzar en su propia agenda, en buena parte boicoteada por el oficialismo.

Es lo que sucedió con el proyecto de Presupuesto que, insólitamente y pese a la predisposición a negociar de gobernadores y dialoguistas, no verá la luz por ahora. El Poder Ejecutivo reconducirá por segunda vez más el actual, un hecho que no tiene antecedentes. Tampoco avanzó el proyecto ficha limpia, prohijado por el macrismo y que sucumbió por decisión de la Casa Rosada en su estrategia polarizadora con Cristina Kirchner. Una mácula que marcó un punto de inflexión en su relación con el bloque Pro, despechado con el desplante.

En el camino queda pendiente otro tendal de proyectos que el Gobierno presentó con bombos y platillos pero que, en los hechos, quedaron en las gateras. La privatización de Aerolíneas Argentinas, el nuevo régimen penal juvenil; la propuesta para que las Fuerzas Armadas puedan involucrarse en asuntos de seguridad interior; el juicio penal en ausencia, el abordaje integral del crimen organizado, entre otras, deberán esperar otro año a menos que el presidente decida incluirlas en las sesiones extraordinarias.

Suena improbable. Con la mira puestas en las elecciones legislativas del año próximo la urgencia será la derogación de las elecciones primarias. También la aprobación de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mancilla, postulantes a la Corte, un desvelo del Gobierno por ahora trunco.

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