Balance del primer semestre: fuerte ajuste en salarios y jubilaciones, recaudación en alza y más recursos a obra pública y subsidios
Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, también se incrementaron los subsidios; Guzmán cede y abre el grifo de fondos para la campaña
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Transcurrido el primer semestre del año, el balance de la ejecución presupuestaria arroja datos que cualquier gobierno festejaría. Reducción del gasto público, fuerte incremento de la recaudación y mejora en los déficit fiscal primario y financiero; el ministro de Economía Martín Guzmán tiene logros para mostrar ante el FMI. Paradójicamente, es poco probable que el Gobierno los exhiba demasiado, pues detrás de estos logros subyace un fuerte ajuste en jubilaciones y salarios públicos.
En efecto, según el último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los gastos primarios se contrajeron 7,3% en términos reales respecto del primer semestre del año pasado, fundamentalmente por la caída de jubilaciones y pensiones (9,6%) y salarios públicos (5%), pero también debido a que las erogaciones destinadas a la emergencia sanitaria fueron inferiores en la comparación con el primer semestre de 2020.
En paralelo, el Tesoro se benefició con un fuerte aumento en sus ingresos, un 18,7% más en términos reales que el año pasado. Este crecimiento obedece principalmente a la suba de la recaudación tributaria –como consecuencia del repunte de la economía tras la debacle de 2020 por la pandemia– y de los derechos de exportación, que tuvieron una fuerte alza (del 98%) debido a la depreciación del tipo de cambio y del aumento en los precios internacionales de los bienes exportados. Entre ellos, de los productos del complejo sojero.
Además, el Tesoro comenzó a percibir desde mayo pasado ingresos extras por el Aporte Solidario y Extraordinario (conocido como impuesto a la riqueza). El mes pasado ingresaron poco más de $144 mil millones por este concepto.
Esta reducción en el gasto y el aumento en los ingresos permitieron una importante mejora en los resultados primario y financiero. En efecto, según la OPC, el déficit primario alcanzó los $473.102 millones, lo que implicó una mejora de 64% respecto al déficit del primer semestre de 2020. Así como Guzmán no pudo cumplir con su pauta de inflación anual –había previsto una suba del 29% para todo 2021 y el mes pasado ya acumuló un variación acumulada del 25%–, en materia de déficit las metas están sobrecumplidas: en efecto, Guzmán había estimado un déficit primario del 4,5% del PBI anual y, hasta ahora, es de apenas el 1,1%.
Guzmán y el “grifo electoral”
Este “ahorro” de recursos producto del ajuste en el gasto y de mayores ingresos difícilmente sea sostenible en el tiempo. Arranca la campaña electoral y Guzmán ya no puede sostener la presión que sobre él ejercen el Gobierno y, sobre todo, Cristina Kirchner, para que abra el grifo del gasto público. Perder las elecciones a costa de mantener las cuentas fiscales en orden es un lujo que el oficialismo no está dispuesto a darse.
Con la mira puesta en ganar su primer desafío electoral, el Gobierno dispuso volcar una multimillonaria masa de recursos sobre tres resortes clave de su campaña electoral: la campaña de vacunación y los gastos asociados a la pandemia; los subsidios energéticos (claves para evitar el alza de las tarifas) y la obra pública.
La pandemia es el principal escollo con que debe lidiar todavía el Gobierno de aquí a las elecciones, tanto por su impacto sanitario como en la actividad económica. El presupuesto 2021 prácticamente la había ninguneado en sus previsiones; sin embargo, la llegada de la segunda ola y la consecuente alza de contagios y de muertes –la semana pasada se superaron las 100.000– obligó al Gobierno a volver sobre sus pasos. Así, triplicó el presupuesto (ahora alcanza los $315.048 millones) pero está lejos de equiparar el gasto que desembolsó el año pasado: según datos del Ministerio de Economía, en 2020 el Estado destinó a la atención de la emergencia alrededor de 4,5% del PBI; este año será tres veces menor, del 1,4%.
Estos gastos no solo incluyen la compra y distribución de vacunas ($28.960 millones erogados hasta ahora), sino también los gastos vinculados al financiamiento de la producción a través de garantías Fogar y subsidios Fondep; el REPRO II, con el fin de sostener el empleo de los sectores con dificultades económicas y diversos refuerzos en los planes de asistencia social para los sectores más vulnerables.
Los subsidios energéticos consumen también buena parte del gasto: durante el primer semestre fueron de $352.668 millones, poco más del gasto total que se destina a paliar la pandemia. Se entiende: la gran mayoría son usuarios de la Capital y del conurbano bonaerense, este último bastión electoral del kirchnerismo.
La obra pública, en tanto, es la gran apuesta electoral del Gobierno y así se evidencia en la suba exponencial de los gastos de capital respecto del año pasado (+92%). Aquí se destacan las transferencias al fondo Procrear y al Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, con crecimientos reales de 557,1% y 677,5%, respectivamente.
También tuvieron fuertes incrementos las transferencias destinadas al financiamiento y desarrollo de la infraestructura en agua potable y saneamiento (+129,7%) y al fortalecimiento edilicio de jardines de infantes (+298,7%). Las partidas para obras de vialidad, en tanto, tuvieron un alza del 54% real respecto de 2020.
El Gobierno prevé complementar la obra pública –un caballito de batalla en cada compulsa electoral– con otras iniciativas tendientes a inyectar dinero en la economía, aliviar los alicaídos bolsillos de los votantes y fomentar el consumo. A ello apuntaron tres medidas anunciadas recientemente: la reapertura de las paritarias en el sector público, la suba del salario mínimo y el bono de $5000 a los jubilados que cobran hasta $35.000. La campaña, para el oficialismo, ya arrancó.
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