Axel Kicillof pierde apoyos por el enfrentamiento con Moyano para controlar los peajes

LA PLATA.- La pelea personal entre el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el sindicalista Facundo Moyano tuvo una tregua fugaz en con la normalización del cobro del peaje en las Autopistas de Buenos Aires. Sin embargo, el conflicto por el control de una empresa estatal sigue abierto y generó coletazos en el proyecto electoral del Frente de Todos, con un inesperado enfrentamiento entre el mandatario kirchnerista y el sindicalismo peronista.

Moyano levantó la medida de fuerza que mantuvo cinco días con pérdidas superiores a 200 millones de pesos para Aubasa, la empresa estatal de peajes que emplea a 1600 personas. El hijo del jefe camionero cedió ante la conciliciación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, pero expuso a Kicillof al hacer públicas las amenazas de la gestión bonaerense de multar y quitarle la personería gremial al Sindicato Único de los Trabajadores de Peajes (Sutpa) por las protestas. La mera posibilidad de una sanción al gremio provocó una ola de críticas al gobernador por parte de la CGT y otras organizaciones, que dieron su apoyo a Moyano.

“Es inconcebible que un gobierno peronista intente llevarse puesta la herramienta formal que tienen los trabajadores para defenderse. Con o sin personería gremial vamos a seguir defendiendo a los trabajadores que día a día hacen que el servicio funcione. No solo por Sutpa sino por todos los trabajadores argentinos”, advirtió hoy Facundo Moyano en las redes sociales.

“Con el pedido de cancelación de la personería gremial la provincia de Buenos Aires pasó todos los límites dejando un precedente que lastima a la democracia”, expresó Moyano. La semana pasada, cuando conflicto había alcanzado su cima de tensión, el dirigente señaló: “Ni Macri se animó a tanto”.

El gobernador tomó nota y no insistirá por ahora con el pedido de cancelación de personería sindical, según fuentes oficiales consultadas por LA NACION.

Pero la pulseada no se limita a Kicillof con Moyano o la CGT: involucra a todos los aliados del Frente de Todos. Todos mueven sus fichas. Es un juego de poder, dinero y alianzas que cruje.

El socio mayoritario de la alianza es el ministro de Economía, Sergio Massa, que es quien sostiene a Ricardo Lissalde, el actual presidente de Autopistas de Buenos Aires (Aubasa). Este es el funcionario que quiere voltear Moyano.

Lissalde permanece hoy en el cargo, pero Moyano no claudica en su pretensión de apartar al presidente de Aubasa. El conflicto de fondo sigue latente y hay un temor sindical porque se pierdan más empleos ante la automatización de las cabinas de peajes.

“Extorsión”

“Ellos se manejan así, como si tuvieran un estado aparte”, dijeron en la gobernación sobre el accionar del gremio. “Es tremendo. Se quieren quedar con una empresa pública a base de extorsión”, se escuchó luego de que se normalizó el funcionamiento en los peajes.

Aubasa denunció falta de acatamiento a la orden en los peajes de Dock Sud, Hudson, Bernal, Berazategui, Quilmes, Ramal Gutiérrez y en los peajes del camino a la costa, en pleno inicio de temporada de alta de verano.

Kicillof -a cargo de la firma de remoción o nueva designación del presidente de Aubasa- no removerá a Lissalde como pretende Moyano si eso significa confrontar con el ministro de Economía, Massa. En tiempo electoral, el gobernador tiene poco margen para forjar adversarios internos. Además, desde la gobernación dejaron trascender que Kicillof “está muy conforme con la gestión de Lissalde”.

El año pasado, Moyano sostuvo un paro de 17 días. Este inicio de temporada mantuvo cinco días de huelga. Levantó el paro, pero no depuso la exigencia por la conducción de la empresa.

La pretensión de echar a Lissalde no es posible para Kicillof: Lissalde es sostenido por Massa y en tiempo de escases de recursos para campaña no puede prescindir de los Adelantos del Tesoro (ATN) que administra el ministro.

La remoción de Lissalde no sólo sería ceder ante Moyano. Sería también una afronta al socio mayoritario que libera los recursos cruciales en un año en el que la provincia ya tiene afectadas las transferencias de la coparticipación por el fallo de la Corte.

En medio de la pulseada, la CGT salió a respaldar al hijo de Moyano y rechazó el pedido de cancelación de la personería del Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines y exigió que se respete el derecho a huelga. Resultó una advertencia para un gobernador que hasta ahora administró la provincia con el aval de la CTA, el Frente de Unidad Docente y los gremios estatales.

Roberto Baradel, uno de los aliados sindicales de Kicillof, se mantuvo en silencio desde que surgió el conflicto y no respondió las consultas de LA NACION. Tampoco se pronunció el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Oscar de Isasi, responsable de paros en días claves como las marchas para movilizar en defensa de la vida de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ambos acordaron la semana pasada un aumento salarial de 94% con la administración oficial para lo que fue 2022.

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