Axel Kicillof enfrenta un difícil primer round para aprobar el presupuesto y la ley impositiva bonaerense
La oposición reclama mayores fondos para sus municipios y pone la lupa en el CUD, que define la distribución de los recursos; la izquierda llamó a manifestarse contra los proyectos en las puertas de la Legislatura
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LA PLATA.- El gobernador Axel Kicillof propuso un nuevo acuerdo a la oposición para intentar aprobar el Presupuesto y la Ley Impositiva 2023 mañana, mientras en las puertas de la Legislatura se espera una manifestación en contra de la votación, movilizada por los partidos de izquierda.
El acuerdo que impulsa Kicillof con la oposición incluye un Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) por casi 60.000 millones de pesos y topes a las subas del impuesto inmobiliario rural, baldío y urbano, en torno al 75 por ciento para las categorías más altas, que en el proyecto original estaban liberadas. Se acordó además topes al impuesto automotor en las escalas más altas y la prórroga de un fondo que el Poder Ejecutivo entregó a los municipios durante la pandemia de Covid-19.
La negociación, liderada por los presidentes de la Cámara de Diputados, Federico Otermín, y del Senado, Verónica Magario, supone también un acuerdo para discutir el Coeficiente Único de Distribución (CUD) en no más del 5% del reparto actual. Este es un antiguo anhelo de los municipios más pequeños -en general gobernados por la oposición- dado que ese coeficiente determina el reparto no solo de la coparticipación provincial entre los 135 partidos de la provincia, sino también de múltiples recursos. Entre ellos, el del Fondo de Infraestructura Municipal.
Los intendentes de Juntos presionan para modificar este coeficiente, que se construye en base a diferentes variables, como población, superficie y producción en salud, entre otras. Los municipios pequeños, con baja población y superficie, son históricamente los menos favorecidos en este reparto.
En lo que respecta al Fondo de Infraestructura Municipal, este año se llegaría a un acuerdo para insertar en la ley de presupuesto una erogación de 57.500 millones de pesos para los 135 municipios: 40.000 millones de pesos que se destinarán a infraestructura y 17.500 millones de pesos para seguridad. Además de un extra de 2500 millones de pesos de Adelantos del Tesoro Provincial para los distritos opositores.
Los números en danza
El presupuesto bonaerense 2023 prevé gastos totales por 6,9 billones de pesos. Contempla un déficit primario de 81.000 millones de pesos y un déficit financiero de 249.000 millones de pesos. Prevé además un endeudamiento por 168.000 millones de pesos en moneda extranjera.
El Frente de Todos y Juntos tienen fuerzas empatadas en el Senado: 23 legisladores por bando. Ante un empate, el voto final es de la vicegobernadora Magario. Pero para aprobar el endeudamiento hace falta dos tercios de los votos.
En la Cámara de Diputados –donde ingresó el proyecto– los votos están más dispersos: los bloques mayoritarios son el Frente de Todos, con 42 diputados, y Juntos, con 41. Con posturas cercanas al principal bloque opositor se mueven dos legisladores del bloque Espacio Abierto Juntos (ligados al intendente radical de San Isidro, Gustavo Posse) y los tres libertarios de Avanza Libertad y La Libertad Avanza. Las bancas del recinto se completan con un diputado del Frente de Izquierda de los Trabajadores y una de la Izquierda Socialista, uno del bloque 17 de noviembre (el hermano del intendente de Chivilcoy, el vecinalista Guillermo Britos) y una de Unidad para la Victoria (la marplatense Débora Indarte, ligada al peronismo).
Guillermo Kane, diputado del Partido Obrero en el Frente de Izquierda organizó una reunión abierta con su par de IS-FITU, Graciela Calderón, y junto con organizaciones sindicales discutieron un posicionamiento sobre el proyecto de presupuesto 2023. Fueron parte de la reunión docentes, estatales, trabajadores de la salud y el dirigente Néstor Pitrola, del Partido Obrero. Tras ese encuentro se resolvió convocar a una movilización para rechazar el Presupuesto 2023 y “presionar por el tratamiento de proyectos favorables a los trabajadores que se encuentran postergados”.
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