Axel Kicillof aplicó multas laborales a empresas de delivery y abre un debate sobre la regulación del sector

El gobierno de la provincia de Buenos Aires, que encabeza Axel Kicillof, sancionó a las empresas de delivery Pedidos Ya, Glovo y Rappi por irregularidades en la contratación de su personal. Las multas podrían superar los 40 millones de pesos y fueron definidas luego de 172 inspecciones realizadas en La Plata, San Isidro, Vicente López, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes y La Matanza, según informó el ministerio de Trabajo provincial, a cargo de Mara Ruiz Malec.

“Se viene debatiendo mucho sobre las características de estos trabajadores, detectamos que más del 50% trabaja más de nueve horas por día y el 70%, casi siete veces a la semana. Es libre pero a la vez no, porque se dedican casi todo el día a eso”, indicó el subsecretario de Inspección del Trabajo, Emiliano Ré, en declaraciones a radio Provincia. El funcionario bonaerense confirmó que se detectó que no tiene cobertura en materia de salud laboral, no se le paga aguinaldo ni goza de vacaciones más del 97% del universo de trabajadores relevados.

Asimismo, la enorme mayoría no cuenta con ART o seguro ante riesgos del trabajo y, en aquellos casos que indicaron tener alguna cobertura, en general se trata de seguros de accidentes o contra terceros financiados de manera autónoma por los trabajadores. Ré dio señales de cómo seguirá la pulsead con las empresas: “Ahora se verá si puede haber un recurso judicial o tendrán que pagar la multa correspondiente, y luego se reclamarán los aportes previsionales que no se hicieron a esos trabajadores”, anunció.

Entre enero y marzo de 2020, antes de que se detectara el primer caso de coronavirus en el país, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, había dado luz verde para enviar al Congreso un proyecto de ley de regulación del trabajo en las plataformas digitales. Lo había conversado con el Presidente, que por esos días se había mostrado dispuesto a terminar con lo que denominó “la uberización de la economía”.

El borrador oficial trazaba las bases de un modelo de protección social y laboral para los trabajadores de plataforma digitales; en su mayoría, personal de delivery. La iniciativa contemplaba la figura del trabajador autónomo dependiente y establecía que si alcanzaba el 60% de su trabajo con una sola plataforma, ésta se consideraba su empleadora. Ese nuevo estatus laboral le permitiría acceder a una obra social, aporte jubilatorio y vacaciones. El proyecto no llegó nunca al Congreso y cerca de Moroni no dieron por ahora señales de reflotarlo, según dijeron a LA NACION fuentes al tanto de las tratativas.

Las sanciones aplicadas a este tipo de empresas por parte de la gestión de Kicillof acelera el debate sobre la regulación de la actividad. En la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta le ganó de mano a la administración nacional en la regulación de las aplicaciones de delivery. La normativa aprobada por la Legislatura porteña, sin embargo, puso más el foco en la seguridad vial que en los derechos del trabajador. Pero quien dio señales más fuerte fue Malec, la ministra de Trabajo bonaerense, al afirmar que en el trabajo de plataformas digitales “existe una relación laboral tradicional”. Es una definición.

Unas 600 personas formaron el Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicaciones. Presentaron hace un mes los papeles en el Ministerio de Trabajo de la Nación para se les reconozca la simple inscripción gremial. El trámite quedó en manos de Mónica Risotto, la directora de Asociaciones Sindicales de la cartera laboral y exabogada del Sindicato de Peones de Taxis, uno de los gremios que se opuso en la Justicia a la expansión de Uber en el país. En el Gobierno calculaban un universo de unos 50.000 trabajadores que se desempeñaban entre Uber, Rappi, Glovo y Pedidos Ya.

Moratoria para infracciones laborales

El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dispuso la puesta en marcha de un régimen de regularización de deudas por infracciones laborales y de seguridad e higiene, con quitas de hasta el 100%, dirigido a pequeñas y medianas empresas, y aquellas cuya actividad haya sido afectada por la pandemia de coronavirus.

Durante 2020 se labraron 58.131 multas, que representan un capital adeudado de $1.268.113.915. Sumado a los intereses, la deuda con el Estado provincial asciende a más de $4.175.879.521.

La moratoria actual ofrece bonificación de intereses con descuentos del 50% al 100%, la posibilidad de pagar al contado hasta tres cuotas sin interés, y opciones de financiación hasta en 48 cuotas.

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