Avruj dijo que hubo 7010 desaparecidos

Según un informe que difundió ayer la Secretaría de Derechos Humanos , a cargo de Claudio Avruj , desde 1973 hasta 1983, desaparecieron en nuestro país 7010 personas. El dato surge de una investigación que desarrolló el equipo de trabajo del Registro Unificado de Víctimas de Terrorismo de Estado (Ruvte), que depende de esa secretaría.

La investigación y posterior elaboración del informe comenzó por un pedido de información pública que hizo la Asociación Civil Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional. Esta organización está a cargo del abogado José Lucas Mangioncalda, de activa participación en denuncias judiciales contra funcionarios del anterior gobierno.

El objetivo, según detalla un comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos, era conocer "la cantidad de personas que se encuentren en situación de desaparición forzada o que, habiéndose encontrado en esa situación, hayan sido luego halladas sin vida". El período abarcado comprende entre el 12 de octubre de 1973 y el 9 de diciembre de 1983; es decir, desde el último gobierno de Perón, el de Isabel Martínez y la dictadura militar.

Sin embargo, el informe oficial aclara que las cifras "de ninguna manera pueden considerarse definitivas" y que el "número de personas desaparecidas continúa siendo a la fecha indeterminado", dado el carácter "parcial y provisorio" de la información disponible.

Finalmente, el documento especifica que para el período solicitado hubo "un total de 8571 víctimas debidamente formalizadas según el marco de referencia, de las cuales 7010 se consideran víctimas de desaparición forzada y 1561 se consideran víctimas de asesinato". No están incluidas las personas que hayan estado en cautiverio y hayan sido liberadas posteriormente ni los nietos recuperados.

Estos nuevos datos se suman a la polémica por la cifra que efectivamente dejó la dictadura y que algunos funcionarios han puesto en duda.

Claudio Avruj

Sec. de Derechos humanos

La investigación y posterior elaboración del informe comenzó por un pedido de información pública que hizo la Asociación Civil Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional

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