Avión sospechoso: investigan si hay datos adulterados en los pasaportes de los iraníes

Los investigadores que buscan determinar las intenciones de la tripulación del avión retenido en Ezeiza, analizan una hipótesis de los querellantes sobre los documentos secuestrados a los iraníes. Creen que, si bien sus pasaportes son genuinos, los datos biométricos allí insertados podrían ser falsos, dijeron a LA NACION dos fuentes diferentes relacionadas con el caso.

“Esto es más grave de lo que pensábamos, creo que tenemos motivos para preocuparnos”, dijo uno de los investigadores, en alusión a esta sospecha instalada desde hace 48 horas entre los querellantes.

No obstante, otros investigadores que trabajan en el caso dijeron a LA NACION que descreen de esta idea, aunque se dispusieron medidas de prueba para determinar si hay algo de cierto o no en esta presunción.

La información inicial que despertó las sospechas provino de algunas fuentes diplomáticas y tiene asidero en que hay antecedentes de un modus operandi similar. Por ejemplo en 1992 en el atentado cometido en el restaurante Le Mykonos, en Berlín, contra tres miembros del Partido Democrático de Kurdistán en Irán (PDKI),entre ellos a su secretario general, Sadegh Charafkandi, quien asistía allí a una reunión de la Internacional Socialista.

En el juicio por el caso Mykonos, los tribunales encontraron al iraní Kazem Darabi, que trabajaba como tendero en Berlín, y al libanés Abbas Rhayel, culpables de asesinato y los condenaron a cadena perpetua. Otros dos libaneses, Youssef Mohamed Amin y Atris, fueron declarados culpables como partícipes necesarios de los asesinatos. En su fallo del 10 de abril de 1997, el tribunal emitió una orden de arresto internacional contra el ministro de Inteligencia iraní Hojjat al-Islam Ali Fallahian, al entender que había ordenado el asesinato, con conocimiento de gran ayatolá Khameneiy y del presidente Rafsanjani. En ese caso se utilizaron pasaportes que tenían esas características, dijo una fuente familiarizada con los casos de terrorismo internacional, considerados antecedentes del ataque a la AMIA.

Hoy se realizó en el juzgado federal de San Isidro una reunión de la “mesa de trabajo” de los integrantes de de las fuerzas federales de seguridad, que están aportando informes, con el juez federal Federico Villena, la fiscal federal Cecilia Incardona y los querellantes de la DAIA.

Allí se analizaron medidas de prueba para establecer la identidad de los tripulantes iraníes sin que queden lugar a dudas. Se repasó la información que ya fue enviada al juzgado, la que resta enviar y se estudiaron qué nuevos pedidos hay que efectuar.

Los integrantes de la “mesa de trabajo” firmaron un pacto de confidencialidad para evitar filtraciones de la investigación.

De comprobarse esta sospecha de la querella, las implicancias podrían ser muy graves, ya que se estaría frente a un documento legítimo, emitido oficialmente por un Estado, pero con datos falsos insertados adrede para esconder la verdadera identidad de su dueño.

En simultáneo con esta información circuló la versión de que representantes del gobierno de Irán estaban sondeando estudios jurídicos de peso para que represente sus intereses en el expediente. Esa especie no pudo ser corroborada en la embajada, ni en el foro local, donde una docena de consultas realizadas dieron resultado negativo.

Por ahora, en la causa hay 19 tripulantes del avión Boeing 747 de Conviasa, aerolínea estatal venezolana con sus pasaportes retenidos por el juez Villena y con una prohibición de salida del país. Además el avión está secuestrado por el juzgado y paralizado en Ezeiza, desde que arribó el 6 de junio pasado.

El juez, apenas tomó intervención en el caso, le pidió a la Policía Federal un peritaje “urgente” sobre los pasaportes para verificar su autenticidad. Que realice un peritaje para establecer “si resultan ser auténticos o apócrifos” y que se indique si hubo “anomalías o adulteraciones presentes”.

La División Scopometría de la Policía Federal informó que tanto los pasaportes pertenecientes a los ciudadanos venezolanos, como los correspondientes a los iraníes, “resultan auténticos”. Y la misma conclusión se llegó con respecto a “las visas de EE.UU. adheridas a algunos de esos pasaportes”.

“No fueron halladas acciones de orden físico que hayan modificado los datos allí insertos”, dijeron los especialistas en documentos de la Policía Federal que sugirieron que se le pida información “al organismo emisor”, es decir Irán y Venezuela.

En ese sentido, el juez pidió a la Sección Consular de Irán y a la de Venezuela que le informe si los cinco tripulantes iraníes y los 14 venezolanos son ciudadanos de esos países y que les mande la mayor cantidad de datos sobre ellos. Nada llegó al juzgado.

Asimismo, el magistrado remitió en su momento a la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) las fichas dactiloscópicas de los tripulantes, iraníes y venezolanos, pero el organismo informó al juez el 15 de junio pasado, hace dos semanas, que “no se detectaron coincidencias de alerta, restricciones y/o impedimento alguno para ninguna de las personas integrantes de la tripulación del avión matrícula YV3531, cuya nómina fue comunicada oficialmente a esa agencia por la Dirección Nacional de Migraciones”. Así reza la resolución 526/22 del organismo.

La AFI le dijo en ese momento al juez que, revisadas las bases de datos y chequeadas con la información de las agencias de inteligencia extranjeras con las que la Argentina suscribió un acuerdo para el intercambio de información, “los resultados de la búsqueda fueron negativos, tanto de la tripulación como de la aeronave”.

Para ese momento, ya se sabía que el delegado de la AFI en Paraguay informó el 6 de junio, a las 19, las sospechas que existían sobre la aeronave y sus tripulantes, según dijo en público el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien al día siguiente habló con el presidente Alberto Fernández de este tema, antes de que viajara a la Cumbre de las Américas, en Los Angeles.

En cuanto a los pasaportes, el juzgado envió al FBI “copia de las fichas decadactilares de los tripulantes” y le pidió que le informe “si alguno de ellos tiene algún tipo de relación con las fuerzas Quds, pertenecientes a la Guardia Revolucionaria Islámica”, y si está vinculada a una organización terrorista.

El FBI informó el 18 de junio que el iraní Gholamreza Ghasemi es CEO y miembro del consejo de administración de Oeshm Fars Air y, también, piloto (número de pasaporte iraní M51374791). Agregó que Oeshm Fars Air fue designado por el Tesoro de los Estados Unidos en 2019 debido a su participación directa en la actividad terrorista y la asistencia que proporciona a las Fuerza Quds y que la aerolínea iraní Mahan Air, fue designada como entidad terrorista (Terrorista Global Especialmente Designado, SDGT).

El informe menciona que Oeshm Fars Air opera vuelos de carga bajo cobertura civil para la fuerza Quds y el Cuerpo de Guardia Revolucionaria Iraní y que los utiliza para contrabandear armas y equipos sensibles de Irán a Siria, de forma regular, y que esta actividad es parte de los esfuerzos de Irán para establecer presencia militar en todo el mundo. El avión fue supuestamente vendido por Maham Air a Conviasa, una aerolínea estatal venezolana, sancionada por los Estados Unidos y mencionada en la causa AMIA como prestando apoyo a actividades del Hezbollah.

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