Avión sospechoso: en etapa de definiciones, la Justicia reúne evidencias para decidir si acusa a los iraníes de espionaje
El juez y la fiscal evalúan si convierten la prohibición de salir del país en una medida más grave; se estudia si la situación de los 14 venezolanos es la misma que la de los cinco iraníes
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LA NACION
En la etapa de definiciones sobre la situación de la tripulación del sospechoso avión venezolano retenido en Buenos Aires, la Justicia reúne evidencia para avanzar en la hipótesis de que al menos los iraníes vinieron para realizar trabajos de inteligencia, lo que podría derivar en una imputación concreta por presunto espionaje.
Con la causa en secreto del sumario y sin que ninguna fuente oficial confirme las presunciones, el juez Federico Villena y la fiscal Cecilia Incardona se encaminan a darle al caso un encuadre que podría determinar que al menos alguno de los cinco iraníes que viajaban en el avión queden detenidos y sean imputados por actividades que pongan en peligro la seguridad nacional.
“La causa está más cerca de redondear una imputación que de disponer la libertad sin ninguna otra medida”, dijo a LA NACION una fuente de la investigación, que habló solo en términos de formular hipótesis ya que la decisión está en manos del juez y la fiscal que, con celo, se mantienen herméticos.
Los indicios que pueden precipitar esta decisión son varios. van desde la cantidad de tripulantes, como sus antecedentes Y las explicaciones poco convincentes sobre sus actividaes. Los investigadores se basan en que había 19 personas en un avión de carga, algo inusual. Los iraníes explicaron que estaban adiestrando a los venezolanos, en sintonía con la hipótesis que lanzó el jefe de Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi. Esta hipótesis no resultaría convincentes para los investigadores, según averiguó LA NACION.
Otra indicio está dado por los antecedentes de los iraníes, ya que uno de ellos, el piloto Gholamreza Ghasemi, es sospechado de ser un integrante de la Guardia Revolucionaria Islámica, Fuerza Quds. De hecho, Israel, en un comunicado de su embajada en Buenos Aires, dijo que en el avión viajaba “un grupo de funcionarios iraníes, entre los que se encontraba un alto ejecutivo de la empresa aérea persa Qeshm Fars Air”.
Y agregó: “El Estado de Israel está particularmente preocupado por la actividad de las compañías aéreas iraníes Mahan Air y Qeshm Fars Air en América Latina, empresas que se dedican al tráfico de armamento y al traslado de personas y equipos que operan para la Fuerza Quds, las cuales están sancionadas por Estados Unidos por estar involucradas en actividades terroristas”.
Esto dijo Israel en público, en consonancia con los informes que sus agencias aportaron a la investigación judicial.
Las autoridades judiciales pidieron informes oficiales a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Migraciones, la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac), y organismos de inteligencia y de seguridad, nacionales y extranjeros. Se busca certificar el derrotero del avión de Emtrasur, antes de llegar a la Argentina; también la historia de la aeronave y certificar que hubiera una notificación de la Oficina de control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro norteamericano que impedía negociar con la compañía. De hecho hay dos sanciones en vigor.
Medidas de prueba
El juez dispuso unas 33 medidas de prueba para tratar de establecer que hay de cierto en cada afirmación que se realizó esta semana y no dejar cabos sueltos. A ello obedeció la inspección ocular realizada anoche en el avión, que duró hasta entrada la madrugada. Se encontró una Tablet, de la que no se tenían noticias hasta ahora, la que se peritará junto con el reto de los celulares, notebooks y dispositivos electrónicos secuestrados al resto de la tripulación.
También se revisó una vez más la mercadería que había quedado en el avión, que eran repuestos para la automotriz Volkswagen y se retiraron los datos de la caja negra de la aeronave que graba las conversaciones de la cabina. También se secuestraron documentos que había a bordo.
El contenido de los elementos electrónicos se está peritando para poder aportar esa información al juzgado antes de que Villena e Incardona tomen una decisión sobre los tripulantes.
Por ahora, los 19 tripulantes están con el pasaporte retenido sin poder salir del país. En caso de que se formalice una imputación sobre alguno de ellos, podría cambiar su situación pues quedarían presos e invitados a prestar declaración indagatoria.
La Justicia aspira a definir esta situación antes de que termine el fin de semana. Por lo pronto, la tripulación presentó en el juzgado un escrito para apurar una definición.
Por lo pronto, los venezolanos y los iraníes renovaron su estadía en el Hotel Plaza Central Canning, de Ezeiza. Pagaron sus habitaciones hasta el martes próximo, ya que piensa que para ese momento podrán salir del país.
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