Aprueban en comisión el proyecto de Máximo Kirchner que limita el uso de tierras incendiadas

Tras un intenso debate, los diputados oficialistas que integran la Comisión de Recursos Naturales aprobaron el dictamen sobre el proyecto de Máximo Kirchner que propone prohibir por entre 30 y 60 años el cambio de uso de aquellas propiedades que hayan sido afectadas por incendios –hayan sido intencionales o no- con el propósito de evitar que se desarrollen en esos predios emprendimientos inmobiliarios.

El oficialismo, que se propone llevar este proyecto al recinto en las próximas semanas, contó con el apoyo de los diputados Graciela Camaño, del Interbloque Federal, así como también del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, que preside el mendocino José Ramón. Por contrapartida, los diputados de Juntos por el Cambio rechazaron el proyecto, al igual que Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino, una tradicional aliada del oficialismo. Con argumentos similares, advirtieron que la iniciativa castiga por igual a todos los propietarios de los terrenos afectados por incendios, hayan sido éstos intencionales o accidentales.

El dictamen contó con 17 firmas a favor y 9 lo rechazaron.

El proyecto, que modifica la ley 26.815 de Manejo del Fuego, propone incorporar un nuevo artículo que establece que "en caso de incendios, sean estos provocados o accidentales, que quemen vegetación viva o muerta, en zonas agrícolas, praderas, pastizales, matorrales y en áreas donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural" se prohíbe, por el término de 30 años, "la realización de emprendimientos inmobiliarios; cualquier actividad agrícola que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera como habitual en el momento del incendio y la modificación de uso de una superficie con el fin de desarrollar prácticas de agricultura intensiva, excepto en los casos que dichas prácticas antecedan al evento".

Además, según la iniciativa, esas prohibiciones se extenderán por un término de 60 años en el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales "a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas".

Desde el oficialismo, el presidente de la comisión, el oficialista Leonardo Grosso, fundamentó la iniciativa. "No estamos tratando esta ley porque sí: se ha prendido fuego buena parte del territorio de la Argentina, casi 900.000 hectáreas -enfatizó-. El 95% son resultado de la acción humana; son datos oficiales. En los últimos 5 años sólo 22 causas iniciadas por incendios provocados. ¿Justicia? Sólo hubo dos condenas. Ahora tenemos que dar una respuesta política a este problema". Y agregó: "Los incendios anteceden a un negocio, no queremos que el fuego sea más un negocio en la Argentina. Por eso ponemos obstáculos al desarrollo de ese negocio".

"No puedo creer que pongamos este proyecto en la grieta -insistió Grosso-. El principal problema que ustedes le encuentran al proyecto es el autor, dejen esas mezquindades políticas de lado". Y remató: "Están defendiendo los sectores que prenden fuego la Argentina en función de sus intereses económicos y no lo pueden decir porque es políticamente incorrecto".

En la misma línea, Camaño sostuvo que "el principal problema que tiene este proyecto es el autor, porque cualquier análisis se realiza bajo un prisma absolutamente prejuicioso" y enfatizó que el espíritu de las prohibiciones incluidas en la iniciativa buscan la recomposición y la reparación de las áreas afectadas, "no por capricho, sino porque así lo establece la Constitución Nacional".

"Queda claro que los esquemas que venimos manejando (para prevenir los incendios) han fracasado -abonó el diputado José Ramón (. Se necesitan políticas fuertes: el tiempo de los proyectos tibios ya se terminó. No podemos seguir priorizando los aspectos económicos.

Desde la oposición de Juntos por el Cambio las críticas fueron lapidarias. Entre las más vehementes, la diputada Brenda Austin advirtió que esta iniciativa, al establecer que no se puede modificar el uso del suelo de los bosques nativos durante 60 años, lejos de protegerlos, restringe esa protección.

"La ley de bosques hoy vigente establece la protección a perpetuidad y esta iniciativa viola el principio de regresividad", planteó. Advirtió, además, sobre el fuerte recorte del presupuesto destinado al combate de los incendios para el año próximo. "Mientras se estaban incendiando 20 provincias, los bomberos sin equipamiento, los aviones hidrantes sin herramientas y se tardaba en dar respuesta, el Gobierno diseñaba un presupuesto que plantea un recorte para el sistema nacional del manejo del fuego a la mitad, dijo.

"Los incendios arrasaron 10 millones de hectáreas en Australia, 1,7 millón en California y causaron estragos en Rusia y en el Congo -planteó el diputado radical Fabio Quetglas-. Evidentemente se trata de un fenómeno cada vez más recurrente. Hay tres herramientas para combatirlos: tecnología, entrenamiento y equipamiento. No creo que una norma apague la recurrencia de los incendios. No puede en una norma tener idéntico rango los incendios provocados y los accidentales; tampoco un período tan amplio de tiempo para impedir su cambio de uso."

Desde Neuquén, Alma Sapag sostuvo que el remedio que propone esta iniciativa "no es peor que la enfermedad, pero genera consecuencias secundarias demasiadas graves". La legisladora, quien dijo hablar en nombre del Gobierno de su provincia, advirtió que el proyecto "cercena derechos adquiridos de privados, avanza sobre principios de autonomía de los municipios y no tiene en cuenta la tasa de recuperación del ambiente dañado: no es la misma la recuperación de un pastizal, de un bosque o de un monte".

También la diputada de izquierda Romina Del Plá expresó sus disidencias. "El proyecto no resuelve nada. El Frente de Todos interviene con aires de epopeya cuando gobierna en la mayor parte de las provincias donde avanza la frontera agrícola y el lobby inmobiliario sobre la tierra. El proyecto tiene mas agujeros que resoluciones", sostuvo.

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