Cannabis medicinal: el Gobierno estima que generará 10.000 empleos y US$ 500 millones
La Cámara alta aprobó el proyecto de ley con 56 votos a favor, cinco en contra y una abstención
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LA NACION
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, destacó que el proyecto de ley sobre la producción de cannabis medicinal, aprobado este jueves por el Senado, generará “diez mil puestos de trabajo” y “actividad económica por US$500 millones”.
El funcionario consideró también que, con esta aprobación, “se abre una perspectiva muy positiva”. Y sumó: “Es un sector nuevo que en los próximos años va a generar 10.000 puestos de trabajo y nueva actividad económica por cerca de 500 millones de dólares, 50 millones de exportación, y con ello va a arrancar un sector con presencia federal en la actividad primaria, en ciencia y tecnología, en la actividad industrial y un incipiente desarrollo en varias provincias de la Argentina”.
El proyecto de ley que establece un marco regulatorio de la cadena de producción, industrialización y comercialización de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados para uso industrial y medicinal, incluyendo la investigación científica con vistas a satisfacer el mercado local y generar exportaciones, promete convertir al cannabis en otro commodity de los que exporta el país, tal como ocurre con los granos o la carne.
Con 56 votos a favor, cinco en contra y una abstención, la iniciativa fue girada a la Cámara de Diputados para su revisión.
El marco normativo busca “desbaratar el mercado informal de aceites y otras preparaciones herbarias irregulares que existe en la actualidad y terminar con la proliferación de productos que carecen de cualquier tipo de control respecto de su composición y calidad”.
El primer objetivo del proyecto consiste en “establecer un marco legal que autorice -a través de un fuerte esquema regulatorio- las etapas de siembra, cultivo, cosecha, producción, almacenamiento, transporte, comercialización, importación, exportación y posesión de semillas de cannabis, de la planta de cannabis, y de sus derivados, con fines de aplicación medicinal, terapéutica, paliativa o de investigación científica”.
El segundo objetivo, según se detalla, “consiste en legalizar los diferentes eslabones productivos y de comercialización del cáñamo o cáñamo industrial y sus subproductos”.
Además, se aclara que si bien el cáñamo no es un estupefaciente en los términos de la ley penal por no generar efectos psicoactivos, “resulta necesario regular y controlar la actividad para evitar que en los cultivares de cáñamo se oculten cultivos ilegales de cannabis psicoactivo”.
El proyecto establece un marco normativo que busca maximizar los mecanismos efectivos de regulación y control de la cadena productiva del cannabis medicinal e industrial, dirigiendo el otorgamiento y posterior control de las licencias a una “serie de eslabones productivos de mayor escala y formalidad jurídica” como empresas privadas, empresas públicas, consorcios mixtos, asociaciones civiles, cooperativas.
Asimismo, se contempla la creación de una agencia reguladora, un nuevo actor público, que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva del cannabis y tendrá a su cargo las múltiples instancias de regulación involucradas: la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), que tendrá autarquía técnica, funcional y financiera y orbitará en el ámbito Ministerio de Desarrollo Productivo.
Al momento de analizar las solicitudes de licencias, la nueva agencia establecerá los requisitos y antecedentes que se solicitarán al peticionante, con el fin de “maximizar los controles destinados a prevenir actividades ilegales, incluyendo el lavado de activos”.
En el otorgamiento de las licencias, la ARICCAME contemplará “el propósito de contribuir al desarrollo de las economías regionales y de promover la actividad de cooperativas y de pequeños y pequeñas y de medianos productores agrícolas”.
El proyecto también contempla un régimen sancionatorio por incumplimientos a las reglamentaciones: desde el apercibimiento a la inhabilitación para operar en los plazos que se prevean, pasando por la multa, la suspensión y la caducidad de la autorización.
El presidente de la Comisión de Agricultura, el peronista puntano Adolfo Rodríguez Saá, dijo que “se quita de la clandestinidad un mundo de enorme importancia referido a la salud”. Y remarcó: Ponemos en la legalidad una actividad que será muy controlada. Es un avance enorme a favor de la libertad”.
Su colega de la Comisión de Salud, el radical jujeño Mario Fiad, indicó que “es una iniciativa jujeña que tiene impacto en las fuentes de trabajo y las economías regionales”. Y sumó: “Se trata de procesos en los que hay que cuidar la calidad para aportar a los procesos de industria farmacéutica”.
Con información de Télam
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