Avanza en Diputados la discusión de una ley para reducir la jornada laboral

Luego de celebrar tres jornadas de sesiones informativas, la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados se encamina a dictaminar, a fin de mes, sobre los proyectos de ley para reducir la jornada laboral que, en líneas generales, proponen rebajar las 48 horas semanales actuales que dispone la ley actual, manteniendo el nivel de remuneraciones.

La propuesta, más allá de las diferencias que plantean los distintos proyectos, genera tal polémica por el rechazo que suscita en el sector empresario que nunca llegó a discutirse en el recinto. De hecho, el empresario Juan José Etala, por la Unión Industrial de Córdoba, enfatizó este mediodía, en la última jornada de exposiciones, que “en un país con casi un 40% de empleo informal, discutir menos horas de trabajo está absolutamente fuera de contexto y resulta totalmente inoportuno”.

Ante las resistencias que desata este tema, el presidente de la comisión, el diputado radical Martín Tetaz, procura avanzar en un camino intermedio y, para ello, propone un régimen optativo, a ser reflejado en cada convenio colectivo de trabajo, que permitiría la opción de reducir la cantidad de horas diarias y agregar más días o bien incrementar la carga horaria diaria y reducir el número de jornadas laborales. Todo esto según las necesidades y características propias de cada actividad.

La iniciativa, que establece además un período de prueba de hasta seis meses para instrumentar este régimen, tiene el apoyo del bloque de la UCR y recibió avales de legisladores de Hacemos Coalición Federal, de la Coalición Cívica y de Pro, aunque todavía las bancadas no se pronunciaron de manera orgánica. De hecho, la diputada Germana Figueroa Casas, una de las voces más potentes de Pro en la Comisión de Presupuesto, advirtió que la flexibilización de la jornada laboral es una posibilidad que hoy está vigente en la discusión de los convenios colectivos.

“Necesitamos ser cautelosos para que esto no termine por perjudicar la generación de empleo en esta transición macroeconómica. En países de la región se han aprobado reducciones de la jornada laboral graduales y escalonadas”, sostuvo.

Igualmente Tetaz, decidido a avanzar hacia un dictamen de mayoría, convocará nuevamente a la comisión para la semana próxima con el propósito de cerrar la discusión. Sería el preludio del dictamen que, se estima, se firmaría tras el receso legislativo de este mes.

No será fácil acercar posiciones porque, en su mayoría, los proyectos presentados apuntan a una reducción obligatoria de la jornada laboral. En líneas generales, argumentan que esta es una tendencia que se está dando en el mundo desarrollado para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, proteger el medio ambiente y aumentar la productividad al reducir accidentes y sobrecarga laboral.

En Unión por la Patria hay varios proyectos presentados; está el del diputado Hugo Yasky -secretario general de la CTA-, el cual establece que no se exceda de las ocho horas diarias o 40 horas semanales, sin disminución del salario que los trabajadores estén percibiendo en el momento en que se reduzca la duración del trabajo.

Su colega Sergio Palazzo -secretario general de la Asociación Bancaria- propone, por su parte, que la jornada laboral tenga un máximo de ocho horas diarias, pero que no exceda los cuatro días a la semana. Los proyectos de Eduardo Valdés, también de Unión por la Patria, y de Nicolás Del Caño, del Frente de Izquierda, pretenden días laborales de seis horas o 30 horas a la semana; y los de Mónica Litza y el socialismo plantearon que no se excedan las 36 horas semanales.

En Unión por la Patria cuestionaron la iniciativa de Tetaz. “En realidad es una flexibilización horaria que mantiene inalterable la cantidad de horas trabajadas por semana -advirtió Yasky-. Su único objetivo consiste en beneficiar a las patronales proponiendo el sistema de ‘banco de horas’, consistente en adaptar la jornada laboral diaria a los ritmos productivos de las empresas”.

Desde la Unión Industrial de Córdoba -que forma parte de la UIA-, Etala fue lapidario con la sola idea de avanzar en una legislación para reducir la carga horaria laboral. Advirtió que la Argentina debería primeramente “estabilizar sus condiciones macroeconómicas, reducir el empleo informal antes de discutir una reforma de esta naturaleza”.

El empresario negó que una reducción de la jornada laboral redunde en una mejora en la productividad, como sostienen sus impulsores. “Estas afirmaciones son meramente voluntaristas y desprovistas de todo fundamento técnico –sostuvo-. Bajar la jornada legal, manteniendo las remuneraciones, implica un inédito descenso de la productividad. Si reducimos la jornada de ocho a seis horas, la producción debería incrementarse por lo menos en un 33%”, sostuvo, al tiempo que sugirió que las reducciones eventuales de la jornada surjan de los convenios colectivos de trabajo.

En las antípodas, el economista y columnista Pablo Anino defendió el proyecto del Frente de Izquierda pues, destaca, propone que se produzca un reparto de horas de trabajo entre ocupados y desocupados.

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