Auditoría oficial al PAMI: hospitales inaugurados pero no terminados, compras millonarias sin competencia y un padrón de afiliados “no confiable”
En base a datos de la Sindicatura General de la Nación, el Gobierno fiscalizó el desempeño del instituto de los jubilados en la gestión de Luana Volnovich; tras recibir el dictamen, frenó obras; el caso del Hospital Español
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LA NACIONCamila Dolabjian
En junio de 2022, Máximo Kirchner fue el protagonista del anuncio de inicio de obra de un hospital del PAMI en Hurlingham. Presentó una maqueta para el centro de tratamiento, que incluiría terapia intensiva, guardia y diagnósticos para el distrito, una obra del Bicentenario que no se termina desde que su padre las ideó durante su gobierno. Irónicamente, preguntó a los funcionarios que lo acompañaban cuánto tardarían en concluir el proyecto. Nueve meses, le contestaron. “Hasta el 25 de mayo [de 2023]. Paciencia, sino la pudrimos”, aseguró entre risas, en referencia a los constructores.
Pero el 25 de mayo no estuvo lista la obra. Tampoco en septiembre del año pasado, cuando en medio de la campaña Sergio Massa, candidato presidencial y Luana Volnovich, titular del instituto, hicieron la inauguración de esa obra y otros tres hospitales en simultáneo, que se suponía estaban listos en los municipios de Escobar (en donde hicieron el acto), Ituzaingó, Lanús y Hurlingham. “Es para Néstor, que está en el cielo”, dijo Volnovich.
Lo cierto es que ninguna de esas cuatro obras estaba terminada en un 100%. Los hospitales de Escobar e Ituzaingó fueron recibidos por la nueva gestión con un grado de avance importante, según fuentes del PAMI, pero el de Lanús y Hurlingham apenas tienen sus primeras etapas finalizadas. LA NACION visitó este último, que tenía fecha de finalización de las tres etapas en diciembre de 2023 (después de varias postergaciones) y encontró que al momento solo se atiende en consultorios externos y no hay signos de obra para avanzar sobre las partes claves del hospital, como las camas de internación, la terapia intensiva y el diagnostico por imágenes.
Tampoco funciona la guardia, lo que ha llevado a confusiones de vecinos jubilados que se acercan en búsqueda de asistencia y son derivados a otros municipios.
Todo frenado
La actual dirigencia del PAMI decidió suspender el avance de todas las obras, tanto por la directiva genérica del Presidente, de poner en pausa las inversiones públicas, como también para fiscalizar y auditar las que llevaba adelante el instituto de los jubilados y pensionados, que fue fuertemente apuntado por las irregularidades que se encontraron.
Mientras tanto, centros de jubilados y vecinos del distrito se reunirán este miércoles para reclamar la finalización del hospital.
En la auditoría que ordenó Javier Milei se detectaron múltiples falencias, incluida una relativa a los hospitales. “Las obras han sufrido interrupciones y se observa la falta de implementación de las medidas necesarias para lograr la puesta en funcionamiento de la totalidad de los servicios médicos previstos en orden a alcanzar la plena operatividad de los nosocomios”, destacaron los auditores.
Otra de las principales criticas al instituto es la falta de transparencia en sus compras, algo a lo que el Gobierno se ha referido. La auditoría reveló que el PAMI recurría a la realización de “renovaciones extraordinarias” para las contrataciones, principalmente de medicamentos, y anotaron que la normativa solo permitía efectuar dos de ellas y una ampliación como máximo.
Desde 2021, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) le pidió al PAMI que se abstenga de esta práctica y que se lleven “a cabo los procesos licitatorios correspondientes, promoviendo la concurrencia de interesados y procurando la igualdad de tratamiento para todos los potenciales oferentes” y la transparencia. De acuerdo a la información disponible a diciembre, se encuentran vigentes siete renovaciones extraordinarias por un total de US$2.170.784 y $682.129.810,20.
Además, detectaron “adquisiciones por montos muy significativos a través de convenios que no surgen de licitaciones”, entre los cuales se encuentra un acuerdo para la provisión de medicamentos para tratamientos especiales, oncológicos, hemofilia y suplementos nutricionales con la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) y la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (COOPERALA) por $351.510.036.681, prorrogado hasta marzo de este año y uno por dispensa de medicamentos ambulatorios, clozapinas y diabetes con la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina (AFMSRA), la Federación Farmacéutica (FEFARA), la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF) y la Asociación Mutual FARMASUR por $95.385.538.006.
La SIGEN encontró también dificultades para el análisis del dinero gastado por el PAMI (a la vez que no está integrado el portal de compras al de la mayoría de los organismos nacionales. A nivel general, no se encuentra incluido en el sistema donde se gestiona el presupuesto nacional, pero uno de los motivos específicos por los que se complicó el estudio de la ejecución del año pasado es que los pagos correspondientes a agosto de 2023 no fueron incluidos en el detalle de los programas presupuestarios porque en ese mes los sistemas informáticos del PAMI fueron vulnerados por un hackeo informático.
El instituto tampoco proveía a la Agencia de Administración de Bienes del Estado el total del patrimonio público que tenía en su poder. En los 99 edificios propios y 138 en comodato se encontraron persistentes deficiencias significativas en el padrón de inmuebles, que carecían de “información completa, confiable y actualizada y los inventarios estaban desactualizados e incompletos, presentando datos identificatorios y cargos patrimoniales incorrectos”. Lo mismo ocurrió con la cantidad de juicios en los que el PAMI es parte (como demandada o demandante) porque no se lo incluían dentro del sistema de la Procuración del Tesoro Nacional. Se estimaron 15.037.
Los afiliados
El padrón de afiliados fue calificado como no confiable por falta de validaciones y depuraciones, lo cual fue anotado como una potencial fuente de perjuicio económico al PAMI, debido a que sus registros son tomados como base para la asignación de dinero a los prestadores. No se encontraron mecanismos de control de prestaciones de las unidades de gestión local, que son las 38 dependencias del insituto en el territorio.
Respecto de ellas, la auditoría da cuenta de lo mismo que se refleja en las quejas de los jubilados: irregularidades e incumplimientos de los efectores que no derivaron en penalidades.
Las auditorías también destacan una situación compleja con el Hospital Español, en la ciudad de Buenos Aires, que se declaro en quiebra en diciembre de 2017. En ese entonces, se detectó que el PAMI había hecho una serie de anticipos y adelantos por una “suma muy significativa pendiente de compensación a favor del Instituto”, pero que se tomó la decisión de seguir otorgando sumas en concepto de anticipos, a los fines de “sostener la capacidad prestacional del Hospital, sin haberse alcanzado una definición que permita asegurar el recupero para el Instituto de esos fondos”.
El juicio, que tramita en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 22, Secretaría N° 43, tiene un monto asignado al momento, a favor del PAMI, de $5.590.108.190.
Por Camila Dolabjian
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