Atentados de la guerrilla: la estrategia de Villarruel apunta a los fiscales, a la Corte Suprema y a la CIDH
El planteo intentará derogar una prohibición fijada en 2007 por el entonces procurador general Esteban Righi; se esperan definiciones en los casos por los asesinatos del coronel Larrabure y del capitán Viola
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LA NACIONMariano De Vedia
Los reclamos de la vicepresidenta Victoria Villarruel para impulsar la reapertura de las causas judiciales contra las organizaciones guerrilleras por la violencia desatada en los años 70 apuntan en una triple dirección: la Procuración General de la Nación, que fija las estrategias de los fiscales; la Corte Suprema de Justicia, que debe definir si el secuestro y asesinato del coronel Argentino del Valle Larrabure fue un crimen de lesa humanidad, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tiene un planteo similar por el atentado contra el capitán Humberto Viola y su hija de tres años, en 1974, en Tucumán.
“El primer obstáculo para remover es la resolución 158/07, firmada por el entonces procurador general Esteban Righi, que ordenó a los fiscales no investigar los crímenes de las organizaciones guerrilleras como delitos de lesa humanidad”, explicó a LA NACION un abogado que tramitó varias causas penales de este calibre en los tribunales.
Ministro del Interior durante los 49 días del gobierno de Héctor Cámpora y artífice de la amnistía dictada en 1973, Righi firmó la resolución el 29 de noviembre de 2007, en los días finales de la presidencia de Néstor Kirchner, luego de que el fiscal general de la Cámara Federal de Rosario, Claudio Palacín, considerara prima facie que el secuestro, tortura y crimen de Larrabure se encuadraba en la categoría de lesa humanidad.
El militar Larrabure fue secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en agosto de 1974, cuando se produjo el ataque a la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María y asesinado luego de permanecer un año en cautiverio, en una “cárcel del pueblo”, durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón.
La prohibición de Righi
La resolución del procurador Righi, quien falleció en 2019, fue interpretada como una “mordaza” a los fiscales para no avanzar en los procesos penales contra los cabecillas de las organizaciones guerrilleras y “es el primer escollo por superar si realmente se quieren llevar adelante las investigaciones de los crímenes de Montoneros y del ERP, como viene predicando la vicepresidenta”, dijo la fuente letrada.
La causa de Larrabure se encuentra en la Corte Suprema, que desde 2020 tiene en estudio un recurso para que el crimen sea considerado de lesa humanidad, luego de que la petición fuera rechazada por la Cámara Federal de Casación Penal. Fuentes judiciales revelaron que el expediente ya pasó por la vista de los ministros del alto tribunal, que estarían en condiciones de fallar.
En ese expediente se pidió la aplicación del informe 55/97 de la CIDH, emitido al analizar el caso del ataque a La Tablada. El organismo internacional concluyó que el alzamiento guerrillero, que duró solo 36 horas, desató un conflicto armado interno que tornó aplicable el artículo 3° común de las Convenciones de Ginebra de 1949, que impiden torturar y asesinar a los prisioneros de guerra o atentar contra civiles. Ese mismo criterio se intenta ahora aplicar a los enfrentamientos que provocaron las organizaciones guerrilleras en los cruentos sucesos de los 70.
“Podría ser aplicable en los casos Rucci y Viola”, anticiparon fuentes letradas, en referencia a los asesinatos del líder metalúrgico José Ignacio Rucci -jefe de la CGT en 1973- cuya investigación fue archivada por el juez federal Ariel Lijo, y del capitán Humberto Viola, ultimado por el ERP cuando llegaba con su familia a la casa de sus padres, en diciembre de 1974.
En el encuentro en el que la vicepresidenta anunció la decisión de impulsar la reapertura de las causas por las muertes perpetradas por Montoneros y el ERP, conmovió especialmente el testimonio de Claudia Rucci, hija del gremialista y actual titular del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, que contó las alternativas vividas en ese trágico momento.
El caso Rucci
En su reciente exposición en el Senado, en la audiencia convocada para analizar su ingreso en la Corte Suprema, el juez Lijo descartó que el crimen de Rucci fuera de lesa humanidad, pues, si bien admitía la posible participación de Montoneros, no existían pruebas que demostraran la responsabilidad del Estado.
Pero fuentes cercanas a la familia Rucci recuerdan que el expediente tiene el testimonio de Mario Oscar García, quien en ese tiempo era el jefe del penal de Sierra Chica y se amotinó con otros miembros de la fuerza para “impedir que el gobierno bonaerense de Oscar Bidegain siguiera entregando armas a la guerrilla desde los arsenales del establecimiento penitenciario”. En enero del año siguiente, el ERP lideró el intento de copamiento del regimiento de Azul, que provocó la reacción del presidente Juan Domingo Perón, quien dispuso en represalia el relevo del gobernador peronista.
El caso Viola, en tanto, es el que tiene en sus manos la CIDH, que corrió traslado al Estado argentino del alegato que en su momento expuso la familia Viola, a través del testimonio de María Fernanda Viola, hija del militar asesinado y hermana de María Cristina, la niña de tres años que murió en el ataque del ERP.
En su momento, intervenía en el caso el gobierno de Alberto Fernández. Pero las alternativas políticas hacen que el descargo deba presentarlo la gestión de Javier Milei, por lo que “el Estado argentino tiene ahora la posibilidad de reconocer que existió una guerra revolucionaria en la década del 70 y comprometerse a llevar adelante las investigaciones”, estimó la fuente consultada.
Paradójicamente, la respuesta del Estado argentino a la CIDH podría allanar ahora el camino para avanzar en las pretensiones expresadas por Villarruel.
Por Mariano De Vedia
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