Atentado contra Cristina Kirchner: las cuatro actuaciones de la PFA durante el intento de magnicidio que levantaron sospechas en los abogados de la vicepresidenta
En el escrito donde pidieron la recusación de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, los letrados José Manuel Ubeira y Marcos Andazábal cuestionaron que no haya investigado a esa fuerza conducida por Aníbal Fernández
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LA NACION
La vicepresidenta Cristina Kirchner pidió hoy la recusación de la jueza federal que investiga el atentado en su contra, María Eugenia Capuchetti; y, entre los argumentos con los que sus abogados José Manuel Ubeira y Marcos Andazábal solicitaron el apartamiento de la magistrada, también expusieron cuatro situaciones vinculadas a la Policía Federal Argentina (PFA) que levantaron sospechas en los letrados.
En el documento de 37 hojas, Ubeira y Andazábal se quejaron de que Capuchetti “no haya investigado en lo más mínimo” a la fuerza que conduce el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. Entonces deslizaron los motivos para pedir una verificación más exhaustiva sobre una serie de cuestiones que habrían ocurrido el día del intento de magnicidio y en los momentos posteriores.
Frente a las actuaciones de la PFA, que depende de la cartera que conduce Aníbal Fernández, se hizo una queja desde el Juzgado. “Está bajo investigación”, advirtieron desde la fuerza policial a una consulta de LA NACION. Desde los tribunales ahondaron en esa senda. “Entendemos que [en la Policía Federal] hay un sumario”, indicó una fuente al tanto de lo ocurrido.
El teléfono de Sabag Montiel
“La investigación no pudo empezar peor”, determinaron los letrados, quienes reconstruyeron la sucesión de hechos después del intento de asesinato contra Cristina Kirchner.
“Sabag Montiel fue reducido por militantes que lo entregaron inmediatamente a la Policía Federal Argentina (PFA). Entre los elementos que tenía encima, además del arma con la que quiso disparar, el más valioso probatoriamente era el celular”, se repasó en el documento.
Y continuaron: “El celular llegó en un sobre cerrado al juzgado con la debida cadena de custodia. Sin embargo, de forma inexplicable, durante la jornada del viernes 2 de septiembre, la magistrada rompió la cadena de custodia. Es que cuando el dispositivo llegó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), el sobre (que según el artículo 233 CPPN debe estar cerrado y con firma del juez y del secretario) estaba abierto”.
El problema -según advirtieron los letrados- no fue solo que el sobre llegó abierto cuando. “Lo más grave fue que llegó reseteado a cero”, señalaron.
“Nunca se supo qué fue concretamente lo que pasó y el juzgado no hizo nada por aclararlo”, acusaron, y remarcaron: “De hecho, en los procesamientos, la situación está completamente omitida. Por lo que surge del expediente, el primer peritaje se hizo por orden de la jueza en la sede misma del juzgado por miembros de la PFA. A la fecha no sabemos dónde ni cómo se perdió la información, si fue en la primera pericia efectuada por la PFA, o en otro momento hasta que el teléfono llegó a la PSA, en la noche del viernes 2 de septiembre. De todos modos, la única certeza es que el celular entró al juzgado en un sobre cerrado, intacto, y salió en un sobre abierto, reseteado”.
Las llamadas y la detención de Brenda Uliarte
En el pedido de recusación, José Manuel Ubeira y Marcos Andazábal señalaron irregularidades en el proceso de detención a Brenda Uliarte, señalada como novia y cómplice de Sabag Montiel.
“A las pocas horas del atentado, se supo que Brenda Uliarte, pareja de Sabag Montiel, había estado involucrada. Aquí, las irregularidades se repitieron. Primero, cuando la jueza le ordenó la intervención del celular de Uliarte con modalidad de escucha directa a la PFA, esta fuerza tardó varias horas en hacerlo. Nunca sabremos qué pasó en ese lapso, pero lo cierto es que el seguimiento del juzgado a la medida debería haber sido minuto a minuto”, consideraron.
Y continuaron: “Mucho más grave aún fue lo sucedido con la detención de Brenda Uliarte. En vez de dar la orden urgente de detenerla, la jueza esperó para materializar la medida, cuando no había nada que sopesar. En una situación totalmente inédita, Uliarte logró, de algún modo, escapar de su casa, cuando, aparentemente, había una custodia y vigiladora permanente de la PFA fuera del domicilio”.
Según el criterio de los abogados, “la magistrada gasta sus (escasas) energías en investigar a la custodia vicepresidencial, mientras que no ha puesto la mirada en la PFA ni por un segundo”.
“Nunca movió un dedo para que se estudie su más que sospechosa conducta (aun cuando, como veremos, ante cada situación que le resulta incómoda presenta una denuncia penal; la mayoría, por delitos imaginarios)”, señalaron.
A pesar de las acusaciones, la jueza federal María Eugenia Capuchetti había ordenado intervenir el teléfono de su novia, Brenda Uliarte, con escuchas que debían practicarse en tiempo real. Pero terminó por provocar otro cortocircuito con la Policía Federal.
La jueza Capuchetti pretendía que efectivos de la Federal escucharan cada conversación que mantuviera Uliarte mientras se desarrollaban y, llegado el caso, le alertaran a ella y su equipo sobre cualquier dato relevante para la investigación. No fue así.
El cortocircuito ocurrió cuando desde la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) -la oficina del Poder Judicial de la Nación a cargo de ejecutar las intervenciones telefónicas- intentaron transferirle las llamadas en tiempo real a los encargados de escucharlas en el Departamento Central de la Policía Federal. Nadie las tomó. Y tampoco tuvieron respuesta cuando Uliarte comenzó a moverse. Alertaron entonces a uno de los secretarios del Juzgado Federal, Federico Clarc, quien tomó en sus manos el procedimiento que llevó a la detención de la novia de Sabag Montiel, la noche del domingo 4.
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