Lo que Cristina Kirchner no mostró del salvaje ataque al Congreso
Las imágenes exhiben que hay más despachos con vidrios rotos además del de la vicepresidenta y bombas de pintura en otros sectores de la fachada del Congreso
LA NACIONHernán Cappiello
Los investigadores del ataque al Congreso del jueves pasado identificaron a una decena de sospechosos, pero no cuentan hasta el momento con una evidencia concreta que avale la denuncia de Cristina Kirchner de que su despacho fue el blanco puntual de un atentado.
Un relevamiento realizado por LA NACION de los videos de los incidentes que fueron publicados muestra que despachos de otros senadores fueron también objeto de piedrazos y que las bombas de pintura -con las que se habría marcado el objetivo a atacar- impactaron en diversos lugares de la fachada del Congreso y no solo junto a la oficina de la vicepresidenta.
En línea con lo denunciado por ella, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo que el ataque había sido premeditado y que se “marcó” la oficina de Cristina Kirchner. “Las marcas rojas hasta nos traen reminiscencias de las marcas de las casas con sangre de cordero”, afirmó.
“Es la hipótesis principal [el ataque dirigido a la vicepresidenta], aunque no hay ninguna prueba para demostrar que esto sea así”, se sinceró ante LA NACION una fuente oficial que sigue de cerca la investigación.
Quienes sostienen la hipótesis de un ataque dirigido destacan que los manifestantes centraron sus piedrazos en la esquina de Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen, donde están, en el primer piso, el despacho de Cristina Kirchner y la presidencia del Senado. Fue allí, además, donde se prendieron fuego gomas.
Algunos manifestantes se enfocaron también en atacar el centro del edificio del Congreso, donde los proyectiles debían recorrer una distancia mayor para alcanzar la pared, ya que debían volar por encima de la explanada, detrás de las rejas.
El lado derecho del Congreso, visto de frente, estaba ocupado en ese momento por el ingreso de una columna de manifestantes con pancartas rojas, que llegó por Entre Ríos sin tirar piedras.
Los proyectiles se centraron en la esquina de Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen, donde no había ninguna valla y donde el blanco estaba mas cerca de la calle. El despacho de Cristina Kirchner, en el primer piso, da a la esquina de la Plaza del Congreso y la ventana rota es una puerta de madera doble con vidrios, sin ningún blindaje, ni tratamiento antivandálico, por donde se accede a un balcón que da a la avenida Entre Ríos.
Los videos muestran que en el piso de arriba, el despacho del bloque del PJ y del senador peronista José Mayans fue alcanzado por piedrazos.
Exhiben impactos de bombas de pintura no solo el frente de la oficina de Cristina Kirchner, sino también las paredes por debajo de su despacho y otras unos metros a la derecha, viendo el edificio desde el frente. En la planta baja, una ventana con rejas fue rota; allí está el despacho de la senadora Claudia Alejandra Ledesma Abdala. Las paredes allí también fueron blanco de bombas de pintura.
Cristina Kirchner tuiteó un video en el que señala que “alguien planificó y mandó a ejecutar” la agresión. No solo habló de una intencionalidad de atacar su despacho, sino que sumó a sus sospechas la demora en actuar de la policía de la Ciudad, que tardó en llegar a la esquina de su oficina -advirtió-, veinte minutos desde que se inició el ataque.
La demora policial
Fuentes del gobierno porteño consultadas por LA NACION reconocieron la demora en la intervención de la Policía de la Ciudad y dieron una explicación: “Tardaron 18 minutos en ingresar porque tenían que hacerlo de tal manera que no se provocara una estampida y terminaran lesionando a las más de 15.000 personas que había en la plaza; muchas de ellas, mujeres y chicos. La intervención se planificó y llevó adelante, se hizo un operativo quirúrgico y por eso se tardó esos minutos, con el cuidado de separar a los violentos de los que solo se estaban manifestando”.
La investigación de los incidentes ocurridos el jueves pasado se dividió en dos: por un lado, el ataque al edificio del Congreso, que está en manos de la Policía Federal, la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo; por el otro, lo ocurrido en la Plaza del Congreso con el ataque con bombas molotov a la policía, un caso donde se investigan los delitos de daños, lesiones, atentado y resistencia a la autoridad, y asociación ilícita. Este segundo tramo de la investigación lo lleva la Policía de la Ciudad e interviene el fiscal de la justica local Federico Tropea.
En el marco de este segundo segmento de la investigación está detenido Oscar Ramón Santillán, a quien este lunes se le dictó la prisión preventiva. No cuenta con antecedentes delictivos y no pertenecería a ninguna agrupación política. En una audiencia realizada el lunes por la mañana, a solicitud del auxiliar fiscal Mariano Camblong, de la Unidad de Flagrancia Este de la Ciudad, el juez Norberto Circo dispuso la prisión preventiva. Se lo acusa de haber formado parte de una asociación ilícita que protagonizó y coordinó los incidentes. Se le atribuyen los delitos de atentado contra la autoridad agravado, daño agravado contra diferentes elementos que conforman el patrimonio de la Ciudad, obstrucción de la vía pública; también, haber ensuciado bienes y portado armas no convencionales.
Como elementos de prueba, la Unidad de Flagrancia presentó declaraciones de testigos -algunos de ellos, policías-, fotografías y filmaciones.
Del celular del detenido surgió información que es objeto de investigación y podría derivar en nuevas detenciones. Ya hay personas identificadas.
En paralelo, la Policía Federal elevó a la jueza Capuchetti el sumario con el resultado de sus investigaciones. En este expediente las personas identificadas ya son ocho. Algunos son los mismos que los que reconoció la policía de la Ciudad y no hay pedidos de detención, pues se están verificando datos para dar con ellos. La policía cuenta con las imágenes de video de los medios y hoy se sumó lo registrado por el Congreso Nacional.
Se está usando un programa de reconocimiento facial para dar con identidades de los sospechosos que fueron fotografiados arrojando piedras.
Una comisión de investigadores policiales se reunió este lunes por la mañana con la jueza Capuchetti y sus funcionarios para tenerla al tanto de los avances. La magistrada dio instrucciones para identificar a los sospechosos, buscar sus vínculos, averiguar si tienen pertenencia a alguna agrupación política y determinar si existió alguna tarea de coordinación.
Por ahora no hay evidencias de una planificación previa, dijo una fuente de la investigación consultada por este diario, pero aún es prematuro descartarlo, pues se está investigando si hay vínculos entre los sospechosos y si hubo infiltrados.
Fuentes oficiales dijeron a LA NACION que la seguridad del Congreso está a cargo de la Policía Federal, mientras que la Policía de la Ciudad controla la calle. En el interior del Congreso, ese día se reforzó la seguridad con policías federales de civil y otros de uniforme. Según dijeron fuentes oficiales, la idea era evitar que si alguien ingresaba al Congreso, pusiera en peligro la integridad de los legisladores.
Por Hernán Cappiello
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