Asamblea Legislativa 2023: un discurso violento que esconde el fracaso de Alberto Fernández con la Justicia

Alberto Fernández criticó hoy a la Corte Suprema con un discurso de una violencia sin precedentes. No solo por lo que dijo, sino además por las formas. Fue a los gritos y señalando con el dedo al presidente y el vicepresidente del tribunal, que lo escuchaban inmóviles. Estos ataques, un guiño al kirchnerismo, esconden el fracaso del Presidente en materia de Justicia.

Una de las bases de la alianza que lo llevó al gobierno en 2019 era que él tenía el conocimiento de los tribunales, la experiencia como penalista y las relaciones necesarias para ordenar la pésima situación que Cristina Kirchner y su gente afrontaban en la Justicia. Alberto Fernández llegó con la promesa de que reformaría los tribunales federales y diluiría el poder de Comodoro Py (un plan ambicioso que ya habían intentado otros sin éxito). Apostaba, en cambio, a consolidar su buena relación con los jueces de la Corte, un tribunal al que elogiaba y conocía bien. Elena Highton, por ejemplo, decía públicamente que la primera ministra de Justicia -la amiga de toda la vida y socia de Fernández, Marcela Losardo- era una “polla” suya a quien ella había “criado de chiquita”. Y hasta poco antes de asumir Fernández compartía una mesa de almuerzos con amigos abogados en el Club Americano que integraba también Juan Carlos Maqueda. En aquella época, elogiaba incluso a Carlos Rosenkrantz.

Pero nada de lo que hubiera podido esperarse pasó. El Presidente no logró que se sancionara ninguna de las reformas judiciales que mandó al Congreso. Ni la duplicación de los juzgados federales que licuaría el poder de los jueces de Comodoro Py ni la modificación del Ministerio Público ni la reforma del Consejo de la Magistratura ni la ampliación de la Corte. Todas fueron aprobadas por el Senado, los dominios de Cristina Kirchner, y ninguna por Diputados. En el kirchnerismo duro creen que en algunos casos quedó claro que faltaron esfuerzo y voluntad política.

Menos colaborador fue el Senado para darle su acuerdo al juez federal Daniel Rafecas, el candidato que había elegido el Presidente para ocupar la Procuración General de la Nación. Después de esa experiencia, Fernández no mandó siquiera una candidata para reemplazar a Highton en la Corte.

Las tres veces anteriores que el Presidente inauguró las sesiones ordinarias del Congreso criticó también el funcionamiento de la Justicia. A diferencia de lo que pasó hoy, las tres veces anunció proyectos de reformas para los tribunales y pidió que sancionaran las que había mandado. Ayer ya no propuso nada. La admisión de su derrota fue explícita: dijo que hizo “todo lo humanamente posible” para reformar una Justicia que “persigue” a Cristina.

Pero si tal “persecución” existe, a él no lo alcanza, dato que suelen recordar en el kirchnerismo. Ayer él mismo pareció marcar una diferencia cuando dijo: “Nadie podrá atribuirme un solo hecho por el cual me haya enriquecido”.

Y no parece justo que le echen la culpa a Fernández, pero lo cierto es que después de tres años de gobierno, la vicepresidenta está ahora condenada por corrupción. Mal condenada, tras un juicio “simulado”, dice el Presidente, que no pronunció sin embargo la palabra “proscripción”. Sí dijo que el tribunal la condenó “buscando su inhabilitación política”. Es una sutileza, pero según la fórmula que él usó, eso no le impediría a ella ser candidata.

Lago Escondido

En la larga enumeración de acusaciones contra la Corte, Fernández incluyó otro tema sensible en su relación con la vicepresidenta cuando dijo que habían “tomado estado público” pruebas de “la connivencia entre algunos magistrados, empresarios de medios de comunicación, exagentes de inteligencia y políticos”. Se estaba refiriendo a los chats de Lago Escondido, una filtración de supuestos mensajes privados intercambiados en un grupo de la plataforma Telegram por cuatro jueces, un fiscal, el ministro de Justicia de la ciudad de Buenos Aires y directivos del Grupo Clarín que compartieron en octubre un viaje al campo del empresario británico Joe Lewis en la Patagonia.

Lo que omitió el Presidente es que en esos mensajes, cuyo contenido él dio por verdadero, aparecía comprometido Julián Leunda, que era su jefe de asesores y antes había trabajado con los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, dueños del Grupo Indalo que controlan C5N y Radio 10. En esos mensajes, tres de los participantes dicen que Leunda se comunicó con ellos para decirles que nada saldría sobre el viaje compartido en los medios de ese grupo.

Cuando se conocieron los chats, Leunda dejó el Gobierno. “Cometió un error”, dijo Fernández. Para Cristina, esos mensajes son la prueba de la “mafia mediático-judicial” que opera contra ella. Si se da por válido, como hace Fernández, el contenido de los chats, el jefe de asesores del Presidente no estaba justamente denunciando el “lawfare” contra la vicepresidenta.

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