Arranca hoy en Diputados el debate de una ley para limitar el uso de los decretos de necesidad y urgencia
Existen unos 15 proyectos que serán analizados en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento; la intención es eliminar la “sanción ficta” de los DNU
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LA NACION
En apenas diez meses, el gobierno de Javier Milei dictó 43 decretos de necesidad y urgencia (DNU), todo un récord que excede largamente lo que emitieron los últimos presidentes en su primer año de gestión, salvo el de la pandemia. Convencidos de que los libertarios pretenden gestionar a puro decreto y mediante vetos a las iniciativas que contradicen sus políticas, la oposición se apresta a reformar la ley que regula los DNU a fin de ponerle límites al Gobierno. Su desafío será lograr ese control, sin victimizar al Presidente.
La discusión arrancará hoy a las 17 en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, que conducen Nicolás Mayoraz (LLA), y Silvia Lospennato (Pro). A regañadientes, los libertarios y sus aliados de Pro se vieron obligados a convocar a ambas comisiones luego del emplazamiento que le propinaron los bloques opositores en la última sesión.
La intención de los opositores es modificar la ley 26.122, sancionada en 2006 a instancias de la entonces senadora Cristina Kirchner, que reglamenta el artículo 99 de la Constitución Nacional. El objetivo es echar por tierra la posibilidad de la sanción ficta de los DNU, criterio por el cual el único camino posible para derogar un DNU es con el rechazo explícito de ambas cámaras legislativas. Este artilugio permite que este tipo de medidas queden firmes con el silencio de ambas cámaras o bien con el aval de una sola cámara del Congreso.
Este mecanismo -cuestionado por la mayoría de los constitucionalistas- ha permitido que los sucesivos gobiernos desde 2006 hayan apelado a estos atajos para esquivar el envío de leyes al Congreso, a sabiendas de que difícilmente podían ser derogados. De hecho, esto nunca sucedió hasta el mes pasado, cuando el Congreso rechazó el DNU por el cual el presidente Milei aumentó en 100.000 millones de pesos el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia (SIDE). Ambas cámaras lo derogaron, lo que constituyó un hito en la historia parlamentaria.
La intención de la oposición será dictaminar el 30 de este mes luego de tres jornadas de debate. Son 15 los proyectos presentados: la mayoría de ellos propone un plazo –que varía entre los 30, 45 y 60 días- para que el Congreso se expida sobre la validez de un DNU; en caso de que no haya una definición, el decreto perdería automáticamente su vigencia.
Asimismo, desde el radicalismo se propondrá prohibir el dictado de megadecretos, esto es, decretos que aborden en un solo texto distintas temáticas. El caso más paradigmático es el DNU 70/23, que dictó Javier Milei en los albores de su gobierno. Este decreto se rechazó en el Senado pero sigue vigente porque la Cámara de Diputados no se expidió al respecto.
El desafío de los opositores será encontrar puntos de coincidencia en un texto común que apunten a limitar el uso de los DNU por parte del Poder Ejecutivo sin victimizar al gobierno libertario privándolo de una herramienta que, en definitiva, han utilizado los sucesivos gobiernos.
“No se trata de quitarle una herramienta al Gobierno, sino terminar con la arbitrariedad que implica que un DNU quede ratificado con el silencio del Congreso o con el aval de solo una cámara”, explicó a LA NACION la diputada Carla Carrizo (UCR).
Pese a que Cristina Kirchner fue la mentora de la iniciativa en cuestión, el bloque de Unión por la Patria está dispuesto a dar la discusión. De hecho, avaló con su voto el emplazamiento para que las iniciativas se traten en comisión. “Veremos si podemos encontrar un núcleo de coincidencias básicas que nos permita avanzar. Todavía no hemos empezado las negociaciones con los otros bloques”, adelantó un encumbrado miembro del bloque kirchnerista.
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