Ariel Lijo rechazó las impugnaciones a su postulación para la Corte y las calificó de “prejuicio estereotipado”

El juez federal Ariel Lijo, propuesto por el gobierno de Javier Milei para ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia, calificó como un “prejuicio estereotipado de impugnación al sistema institucional” los cuestionamientos por su falta de idoneidad moral para ocupar el cargo, al tiempo que consideró “meras aseveraciones sin ningún tipo de sustento fáctico ni documental” las acusaciones acerca de su incremento patrimonial durante el ejercicio de la magistratura.

Así consta en el descargo que entregó Lijo a la Comisión de Acuerdos durante el fin de semana, en el que respondió las 34 impugnaciones de organizaciones profesionales y no gubernamentales, partidos políticos y particulares que recibió su postulación para el máximo tribunal desde que el Poder Ejecutivo remitió su pliego al Senado.

Lijo también rechaza a quienes cuestionan su proceder como juez, en particular las objeciones por el supuesto “cajoneo” o demora en el trámite de los expedientes. En ese sentido, sostiene que ese control es tarea del Consejo de la Magistratura, organismos en el que, remarca, no registra ninguna sanción desde que fue designado juez federal en 2004.

“Como se podrá ver, buena parte de los casos en los que mi actuación es cuestionada, son casos de enorme trascendencia pública, institucional y política, y en los que he rendido cuentas públicas en su debido momento, tanto ante mis superiores en el Poder Judicial de la Nación, así como ante los organismos administrativos correspondientes”, afirma Lijo en su defensa.

En cuanto a las observaciones respecto de su situación patrimonial, el juez afirma que “resultan meras aseveraciones sin ningún tipo de sustento fáctico ni documental y algunas de ellas desvirtúan el fin de la norma en cuanto a la inadmisibilidad de observaciones infundadas o discriminatorias”, sostiene en un pasaje del escrito de 28 páginas con el que respondió a las impugnaciones.

Audiencia pública

El juez federal deberá presentarse ante la Comisión de Acuerdos el próximo 21 de agosto en audiencia pública, donde deberá someterse a las consultas de los senadores y, casi con seguridad, responder de manera pública los cuestionamientos que recibió su candidatura.

En el escrito, el postulante también rechaza “de manera categórica la falsa impugnación” por falta de aptitud moral para ocupar tan alto sitial en el Poder Judicial. “Sostengo este rechazo en virtud de que fui sometido a exhaustivas investigaciones por parte de diversos organismos del Estado -Poder Judicial de la Nación, Ministerio Público Fiscal, Consejo de la Magistratura de la Nación, AFIP y UIF- las cuales resultaron concluyentes respecto de la ausencia de elementos e indicios que las sustenten”, agrega.

Según explica Lijo en su descargo, el Consejo de la Magistratura “se arrogó amplias facultades y pidió todo tipo de informes respecto de mi persona y mi situación patrimonial”, tras lo cual destaca que fue el entonces diputado Pablo Tonelli (Pro), quien condujo el expediente disciplinario, el que aconsejó el cierre de la investigación.

“En suma, la observación (por falta de aptitud moral para ser juez de la Corte) no es más que una generalidad basada en un prejuicio estereotipado de impugnación al sistema institucional”, agrega el juez.

De acuerdo a la visión de Lijo, ese prejuicio “atraviesa a la mayoría de las presentaciones en rechazo a la legitimidad del sistema institucional y que no acepta las decisiones de los órganos constitucionalmente constituidos al no importar cuál fue el resultado ni el tenor de las investigaciones realizadas que echaron por tierra cualquier tipo de cuestionamiento” en su contra.

Sobre los cuestionamientos a su situación patrimonial, el juez recuerda que su pliego cumplió, antes de ser enviado al Senado, con el artículo 5 del decreto 222/03, norma que regula el proceso de difusión pública por parte del Poder Ejecutivo de las postulaciones para la Corte Suprema, que “establece como requisito el aporte por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos de un informe patrimonial del candidato y, en ese marco, se efectuó la presentación de mis declaraciones juradas de bienes y de mis familiares”.

En otro tramo de su escrito, Lijo defiende su trayectoria profesional, destacado que “en ningún momento” registró algún tipo de sanción y que su desempeño como juez “se encuentra sometido al permanente control público y de partes” y que, en ese marco, fue “evaluado por los organismos correspondientes que en el ejercicio de sus competencias resolvieron desechar los cuestionamientos” a su magistratura.

El candidato también respondió las impugnaciones presentadas en su contra por el no cumplimiento de la diversidad de género en la Composición del máximo tribunal y sobre su falta de especialización profesional.

Sobre el primer punto, sostiene que el requisito de la diversidad de género “no resulta excluyente” para su postulación. “No comprende una objeción a considerar respecto a mis cualidades para cubrir el cargo y, por lo tanto, no me corresponde realizar una evaluación al respecto”, completa.

Por otra parte, Lijo afirma que su experiencia profesional y su especialización en derecho penal y en administración de justicia “no sólo cumplen el requisito de diversidad en materia de especialidad previsto en la normativa, sino que puede resultar de gran aporte en función de la conformación actual de nuestro Máximo Tribunal”.

Lijo sostiene que “no hay argumentos que permitan sostener” las impugnaciones por supuesta falta de formación académica, tras lo cual destaca su experiencia “como docente de grado, de posgrado y como expositor en diferentes instituciones”, a lo que agrega “la extensa dogmática penal y de índole constitucional que trae aparejada mi función diaria como magistrado de primera instancia del fuero Nacional Criminal y Correccional Federal”.

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