Argentina sin Narcotráfico, un compromiso de todos

El Gobierno, desde el primer momento, decidió hacerle frente al narcotráfico, una problemática por años invisibilizada. Este flagelo hay que sacarlo de la discusión política para poder trabajar en soluciones profundas y serias. Por eso hicimos del combate contra la producción y el tráfico de drogas una política de Estado.

En los últimos días nos volvimos a reunir con actores relevantes en una nueva jornada de trabajo del plan Argentina sin Narcotráfico. En esta oportunidad, junto a los fiscales de todo el país, reafirmamos el compromiso de todo el poder político de respaldar la labor de los magistrados, que incluso ponen en riesgo su vida al investigar casos vinculados a la droga.

La lucha contra el narcotráfico es uno de los grandes desafíos y deudas pendientes con la sociedad de parte de las fuerzas de seguridad y de la Justicia. Lo que tradicionalmente se había hecho para darle batalla fue nombrar más empleados, secretarios y funcionarios, creando estructuras enormes, pero con una sola posibilidad de decisión: la del juez.

Para corregir esa situación, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a través del programa Justicia 2020, impulsamos un proyecto para el fortalecimiento de la Justicia Federal, que prevé especializar y ampliar el despliegue territorial de la Justicia, aumentando la cantidad de magistrados en los lugares más críticos del país, como el NOA, el NEA, Rosario y la provincia de Buenos Aires.

La medida apunta a designar 94 jueces, 85 fiscales y 23 defensores federales, para robustecer la persecución penal. Se trata de un incremento del 81% en la cantidad de jueces y del 57% en la de fiscales en toda la Justicia Federal. Este proyecto de ley ya se encuentra en el Congreso. De aprobarse, las nuevas autoridades judiciales se sumarían a los 181 magistrados designados desde que asumimos la gestión.

Nuestro objetivo es que la guerra contra las drogas sea contra las organizaciones, no contra los consumidores ni las víctimas de este delito. Es por esto que en las próximas semanas presentaremos el nuevo proyecto de Código Penal, que establece un agravamiento de las penas que tienen que ver con el narcotráfico y el paco, y propone un abordaje más terapéutico respecto de la tenencia de estupefacientes para consumo personal. Además, incluye penalidades para las organizaciones internacionales, algo que no estaba regulado hasta hoy.

Estamos acompañando a la Comisión Bicameral del Código Penal para la implementación del sistema acusatorio en la Justicia Federal, que permitirá investigaciones más eficaces y mejores resultados en el combate de la producción y el tráfico de drogas. En ese marco, a partir del año próximo, el nuevo Código Procesal Penal comenzará a regir en el norte del país.

A través de Justicia 2020 también concretamos un paquete de leyes para agilizar y fortalecer las investigaciones criminales complejas, como el procedimiento de flagrancia, que permite resolver el 68% de los casos dentro de las primeras 30 horas, cuando antes tardaba dos años.

La ley que permite que se resuelvan los juicios de manera unipersonal, que también forma parte de los proyectos, tiene como objetivo acortar notablemente los tiempos procesales, ya que permite resolver cuestiones sencillas con mayor celeridad. Un juicio que duraba 10 meses ahora se resuelve en tres.

Asimismo se aprobaron técnicas de investigación como el agente encubierto, fundamentales para la desarticulación de las bandas criminales. Otro instrumento es el de los acuerdos de colaboración, que al introducir la figura del arrepentido permite la obtención de datos; además del fortalecimiento del Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados.

Como dijo el Presidente, ya no queremos un Estado socio de la delincuencia organizada; la lucha contra el flagelo es uno de los principales objetivos de nuestro gobierno. Debemos coordinar esfuerzos y comprometernos por una Argentina sin narcotráfico.

El autor es ministro de Justicia de la Nación

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