ARA San Juan: los marinos procesados temen que la causa judicial se politice por la grieta y los familiares piden imputar a Mauricio Macri
LA NACIONMariano De Vedia
Con una audiencia remota, programada para el jueves, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia comenzará a analizar las apelaciones de los seis jefes navales procesados por la tragedia del submarino ARA San Juan, que naufragó y dejó a sus 44 tripulantes en el fondo del mar, en noviembre de 2017.
Entre los marinos señalados "penalmente responsables" del siniestro por la jueza de Caleta Olivia, Marta Yáñez, prevalece el temor de que el proceso judicial se contamine con la fuerte disputa política que hoy enfrenta al oficialismo kirchnerista con la oposición macrista. Con los pasos procesales aún pendientes, se estima que la etapa del juicio oral llegará en medio de la campaña electoral 2021.
"No se conoce la causa del naufragio y se los procesa por haberlo causado. La jueza ni siquiera ordenó una pericia de las 64.000 fotos que aportó la empresa Ocean Infinity para averiguar qué pasó", dijo a LA NACION un abogado que trabaja en la defensa del contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, el marino de mayor rango entre los involucrados, que pidió la nulidad de la decisión de la jueza, por considerarla "arbitraria".
En el momento de la tragedia, López Mazzeo era comandante de Adiestramiento y Alistamiento, el principal puesto operativo de la Armada, con sede en la Base Naval de Puerto Belgrano. La jueza Yáñez lo procesó por "estrago culposo agravado por el resultado de muerte e incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de deberes del oficio", junto a otros cinco oficiales navales.
Familiares de las víctimas, en tanto, también apelaron la decisión de la jueza por haber omitido la responsabilidad del expresidente Mauricio Macri, el exministro de Defensa Oscar Aguad y el entonces jefe de la Armada, Marcelo Srur. "Ni siquiera fueron citados a declaración indagatoria", advirtió a LA NACION el doctor Luis Tagliapietra, abogado de la mayoría de los familiares y cuyo hijo murió en la tragedia.
Respecto de la situación de Macri, la jueza consideró que "la función del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas que ejerce el Presidente de la Nación no es de naturaleza técnico militar, pues esta es ejercida por un grupo de profesionales idóneos y capacitados en las artes de la defensa nacional". Argumentos similares empleó para exculpar en esta etapa a Aguad y al almirante Srur.
Por el contrario, Tagliapietra y varios familiares entienden que las autoridades políticas y militares son responsables y recurren al informe de la Comisión Bicameral constituida en el Congreso, que señala que "la falta de recursos presupuestarios a lo largo de las distintas administraciones, la ausencia de actualización tecnológica y un nivel mínimo de mantenimiento en función de las horas de uso produjeron un creciente deterioro del material, limitando sus condiciones operativas".
Los oficiales navales procesados junto con López Mazzeo son Claudio Javier Villamide, quien comandaba la Fuerza de Submarinos; Jorge Sulía (jefe de Logística del Comando de Submarinos); Hugo Correa (jefe de Operaciones); Héctor Aníbal Alonso (jefe del Estado Mayor del Comando de Submarinos) y Eduardo Luis Malchiodi, quien era jefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada. Todos apelaron sus procesamientos y argumentaron que el submarino estaba en condiciones de navegar y que es prematuro atribuir responsabilidades penales "cuando aún se desconocen las causas concretas del naufragio".
La audiencia remota
El tribunal, que preside el camarista Javier Leal de Ibarra, analizará el jueves, a las 15, el pedido de nulidad planteado por López Mazzeo. En las semanas sucesivas se definirá cómo avanzar en el proceso, dado que algunas defensas se oponen a las audiencias virtuales y reclaman que sean presenciales. Varios familiares sostienen que esa resistencia es para dilatar las actuaciones.
La defensa de López Mazzeo considera arbitraria la decisión judicial y la equipara al sumario que instruyó el exjefe de la Armada Srur para separarlo del cargo con el argumento de que puso en peligro la vida de los tripulantes al permitir la participación del ARA San Juan en las maniobras navales.
También argumentó en su apelación que la jueza avanzó en la instrucción de la causa y determinó los procesamientos sin esperar las respuestas a los exhortos judiciales enviados a Estados Unidos y a Francia para que aportaran recursos técnicos y científicos que permitan establecer cómo podría haberse producido el colapso estructural del submarino, que se hundió a 900 metros de profundidad.
E insistió en que la jueza "no indicó cuáles habrían sido los actos u omisiones concretos de los procesados que habrían producido el naufragio".
La pena máxima
La escala penal de los delitos que se les imputa a los procesados va desde un mes hasta cinco años de prisión. Pero ese encuadre legal no convence a los familiares.
"La calificación legal que corresponde es homicidio con dolo eventual, en concurso con incumplimiento de deberes de funcionario público", aseguran Tagliapietra y los familiares.
"Más allá de la pena, la diferencia es conceptual. El procesamiento de Yáñez se basa en cuestiones administrativas. El estado culposo tiene que ver con no haber tomado los recaudos necesarios para evitar la tragedia, como firmar la orden de zarpada, negligencia accidental. Con la experiencia y el enorme conocimiento tendrían que haber previsto que eso no solamente podía pasar, sino que iba a pasar", explicó el abogado.
Y ejemplificó: "Si uno sale a conducir en una avenida a 100 kilómetros por hora no sale puntualmente a matar, pero tiene que saber que esa actitud implica un riesgo aumentado del uso de un vehículo".
Por Mariano De Vedia
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