ARA San Juan: “Esta tragedia va a llevar a que el resultado no sea, quizás, satisfactorio para todo el mundo”, dijo la jueza

Cinco años después de la tragedia del ARA San Juan, que se hundió con sus 44 tripulantes a 907 metros de profundidad y a 500 kilómetros de la costa patagónica, la Justicia trabaja en las pericias técnicas e informáticas sobre los tres discos rígidos con más de 67.000 fotos y registros fílmicos que aportó Ocean Infinity, la empresa que localizó la nave tras una intensa búsqueda. Así lo señaló a LA NACION la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, abocada también a profundizar la investigación de las eventuales responsabilidades políticas del entonces presidente Mauricio Macri, del exministro de Defensa Oscar Aguad y del jefe de la Armada de ese momento, el almirante Marcelo Eduardo Hipólito Srur.

Es la misión que le encomendó la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, al confirmar en noviembre de 2020 los procesamientos del contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, los capitanes de navío Claudio Villamide y Héctor Aníbal Alonso y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes y estrago culposo agravado. La jueza había considerado inicialmente que no existían méritos para llamar a indagatoria a Macri, Aguad y Srur, como pedía la querella de los familiares. Aún no resolvió si ellos tuvieron responsabilidades.

“Esta tragedia va a llevar a que el resultado final no sea, quizás, satisfactorio para todo el mundo”, advirtió la magistrada, al lamentar la imposibilidad de “poder bajar a peritar el arma submarina”.

Yáñez explicó que Ocean Infinity aportó a la causa judicial un mosaico de imágenes del lecho marino, el campo de escombros y material que muestra cómo quedo la nave, que por la implosión pasó de tener 66 metros de eslora a 33 metros. “No se puede terminar de establecer qué pasó ahí adentro, por lo que todos los elementos son necesarios”, apuntó.

“Las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia y las nuevas prioridades que el mundo enfrenta con la guerra entre Rusia y Ucrania dificultan la colaboración que ya en 2018 habían comprometido Estados Unidos y Francia, por ejemplo, para ofrecer peritos submarinistas. Eso es fundamental para la constitución de una junta de técnicos e ingenieros navales, destinada a graficar el modo en que se habría producido la implosión”, explicó la jueza, que pidió a la Cancillería información sobre qué países cuentan con peritos en submarinos.

Incluso, está a la espera de que prosperen gestiones ante el Consejo de la Magistratura para que el juzgado pueda incorporar elementos tecnológicos requeridos para el avance de las pericias. Por ese motivo, prorrogó 30 días el plazo para los estudios técnicos e informáticas.

La Cámara Federal le dijo a la jueza que ordene la pericia técnica a una junta de expertos submarinistas e ingenieros navales, una medida que estimó “necesaria para el total esclarecimiento de estos hechos, que revisten de gravedad inusitada en nuestro país”.  Sostuvo, al respecto, que esa tarea técnica “permitirá despejar cualquier posible duda sobre los motivos que habrían justificado la decisión de manipular la válvula E 19 en la navegación de julio –cuatro meses antes de la tragedia- y, conociendo el sistema de ventilación del submarino, si alguna otra válvula del sistema de ventilación pudo encontrarse comprometida o haber sido manipulada” cuando se advirtió la anomalía en el compartimento de baterías.

Sin pretender justificar la complejidad de una causa a la que cuatro funcionarios de su juzgado se dedican en forma exclusiva, Yáñez argumentó: “No paramos de trabajar un solo día y muchas cosas demandaron mucho tiempo. En 2021 siguieron los coletazos de la pandemia y tuvimos que tomar testimonios por Zoom a miembros de la Armada y exjefes de la fuerza retirados”, en relación con las instrucciones de los camaristas para profundizar la investigación sobre las responsabilidades del almirante Srur.

Al margen de los cuatro marinos procesados, las sanciones disciplinarias aplicadas por el Consejo de Guerra de las Fuerzas Armadas determinaron la exoneración del capitán Villamide, que había tenido a su cargo la dirección de la Fuerza de Submarinos, en Mar del Plata, y un arresto riguroso de 45 días al almirante Srur. “Pedí al Consejo de Guerra todas las pruebas y fundamentos de su decisión, para contar con más elementos en la investigación judicial, pero no terminan de enviármelas”, dijo la magistrada.

Reclamo de familiares

El abogado Luis Tagliapietra, querellante de un grupo de familias y padre de uno de los tripulantes fallecidos del ARA San Juan, advirtió que “no se avanzó con lo que pidió la Cámara”. Insistió en la necesidad de la pericia, para lo cual la parte que él representa presentó información sobre instituciones internacionales que tienen capacidad y experiencia en esa tarea.

En representación de los familiares, Tagliapietra estuvo a bordo del buque Seabed Constructor, en el que la empresa Ocean Infinity localizó al submarino, el 17 de noviembre de 2018. Dijo que “las demoras en la causa del ARA San Juan se suman al espionaje ilegal”, al insistir en una denuncia contra Macri y los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, que finalmente, en julio de 2021, fue desestimada por la Cámara Federal porteña.

Con la colaboración de Ana Tronfi

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