Aprueban una ley que otorga más poder al Tribunal Superior de Justicia porteño

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, con el apoyo del bloque de Juntos por el Cambio, votó una ley que permite que todas las causas que tramitan en la Ciudad de Buenos Aires, ya sea civiles, laborales, comerciales o penales, puedan ser apeladas ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, antes de llegar a la Corte Suprema de Justicia. De este modo, constituye a la Corte porteña en tribunal de alzada de las decisiones de la Justicia Nacional.

El proyecto de ley fue defendido por los legisladores oficialistas y rechazado por el kirchnerismo y la izquierda, que afirmaron que lo que se busca es posibilitar que las causas que afectan a la familia Macri vinculadas con la empresa Correo Argentino puedan ser recurridas ante el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad, supuestamente mas afín al gobierno porteño.

La votación fue por 38 votos en favor de la ley y 20 por la negativa, sin abstenciones.

La Asociación de Magistrados, que nuclea a los jueces nacionales, se opuso a este cambio y señaló que es un avance sobre el traspaso de la justicia a la Ciudad.

Los principales oradores fueron Martín Ocampo y Gastón Blanchetiere, por el bloque oficialista; Amanda Martín, de la izquierda; y Claudia Neira, por el kirchnerismo.

Martín insistió en la idea de que esta reforma era para favorecer a Macri y a la “camarilla gubernamental” de la Ciudad advirtió que a partir de ahora por ejemplo los casos laborales van a pasar por el TSJ de la Ciudad que es “antiobrero”.

Un rato antes, Sergio Abrevaya, del GEN, fundamentó su apoyo al proyecto, aunque rechazó que se limite la autonomía por un caso, por ejemplo el del Correo, con el que dijo que no estaba de acuerdo.

Neira destacó que los abogados ahora podrán decidir si van a la Corte directamente o al Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad. “Ahora las cámaras van a decir que el tribunal superior no es su superior jerárquico, no van a acatar sus fallos y se dilatará el proceso, con lo que Macri ganó tiempo”, explicó la legisladora e insistió en que esta ley “tiene un nombre y es Correo Argentino”.

“Gracias diputados que incorporaron esta ley que le da más herramientas para apoyar la postura de Mauricio Macri y Socma en la causa del Correo”, ironizó Neira, que dijo que esta modificación fue introducida por la ventana en un proyecto de ley que iba a tratar tecnicismos.

Le contestó el diputado Martín Ocampo, de Pro, que señaló que esta ley iba a cortar la distancia entre la Justicia y la gente, entre los vecinos y la Justicia. Dijo que la ley no cambia nada, sino que legisla lo que ya sucede, pues se dan muchos casos en los que los abogados recurren al TSJ de la Ciudad y luego a la Corte. Insistió en que hay un desequilibrio con otras provincias, pues la Ciudad tiene una instancia menos, que ahora recupera.

Aludió así a que en cualquier provincia un fallo de un juez de primera instancia es revisado por una cámara, luego la Corte provincial y por ultimo la Corte nacional. Ahora, la Ciudad va a tener esa misma posibilidad. Ocampo dijo que no se trata de los casos federales, sino de causas comunes, como un divorcio o una causa comercial.

Indicó Ocampo que se trata de una “ampliación de derechos” y desafió a que por ello, las bancadas de izquierda y kirchneristas voten en ese sentido. “¡Ampliemos derechos para los trabajadores, vamos, no se escondan!”, los chicaneó y les espetó que padecen de un “conservadurismo de izquierda y no se animan a los cambios”.

Gastón Blanchetière, de Confianza Pública y miembro del oficialismo, dijo que la Corte con el fallo Bazán avanzó en este sentido, pero que es la última de una serie de fallos que siguen esta dirección. Señaló que “la Justicia nacional que defiende corporativamente [la oposición] aplica derecho local, derecho común”, y por eso es que el Tribunal Superior de Justicia debe intervenir, antes que la Corte.

Lo interrumpió el legislador Juan Manuel Valdés, del kirchnerismo, que se quejó: “Así como la mayoría menemista de la Corte, con [Julio] Nazareno, le dio a Macri la impunidad por el contrabando de Opalsen SA, acá le damos la impunidad por la casa del Correo con esta ley miserable”. Blanchetière le contestó “Ahh pero Macri... el día que se queden sin ese argumento no sé que van a hacer”. Y remató: “No hay discusión sobre los beneficios y el aporte que hacemos a la autonomía y a la seguridad jurídica en la ciudad de Buenos Aires”.

Antes de que se aprobara la ley, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, principal agrupación de jueces del país, denunció que la norma genera “una situación de incertidumbre” y provoca “un conflicto institucional sin precedentes”.

Dijeron que quieren desarticular la Justicia nacional, “confunden el traspaso de competencias con el impropio ‘traspaso’ de órganos judiciales y del Ministerio Público”, como prevé el convenio de transferencia progresiva de la Justicia Nacional. “Bajo pretendidos proyectos de ley, se persigue modificar las competencias de la Justicia Nacional, careciendo ese órgano legislativo de competencia para abordar semejante desafío”, dijeron.

También planteó su rechazo la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, mediante una resolución que comunicó a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura, en la que enfatizó que la Legislatura porteña, “con evidente exceso de sus prerrogativas constitucionales, se estaría arrogando la atribución de modificar la ley 48 (de jurisdicción y competencia de los tribunales nacionales) los Códigos Procesales de la Nación y la ley 18.345 (de organización y procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo)”.

La norma aprobada hoy, que se titula “Modificación de la Normativa vigente en materia de Audiencias Administrativas y Judiciales”, modifica la Ley 402, de “Procedimientos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad”. Se establece que los recursos ordinarios de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad puedan proceder “contra las sentencias emanadas de los tribunales de la ciudad de Buenos Aires o los integrantes de la Justicia Nacional de la Capital Federal”.

¿Puede la defensa de los Macri intentar que algún incidente, como la quiebra de la causa del Correo, sea revisada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad? Pueden intentarlo cuando se apruebe esta ley, pero haciendo algún planteo constitucional, y el tribunal a lo sumo podría abrirle el recurso para que intervenga la Corte. La Justicia Nacional por ahora ya bloqueó esta posibilidad y el tema lo tiene la Corte. El Procurador Eduardo Casal dictaminó contra los deseos de los Macri.

De hecho, hay otros precedentes de la Justicia porteña que están en manos de la Corte. El leading case para saber hasta dónde llegan las facultades la Justicia Nacional y las de la Ciudad, es el caso del periodista Gabriel Levinas, ante la falta de una ley o convenio específico que haya regulado la transferencia judicial al ámbito local, pendiente desde la reforma constitucional de 1994.

La familia del artista León Ferrari litigó contra Levinas. La Justicia civil lo condenó a rendir cuentas, en forma documentada, de la gestión realizada para la exhibición y venta de obras de arte de Ferrari. La Cámara de Apelaciones en lo Civil confirmó ese fallo y condenó a Levinas a abonar US$88.000, más intereses desde 2010. Contra ese fallo, Levinas dedujo recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, que pertenece a la Justicia local. La Cámara Civil -Justicia Nacional con asiento territorial en la ciudad- hizo saber que el recurso de inconstitucionalidad deducido no existe en su Código Procesal, que es nacional. Hasta que el caso fue a la Corte Suprema de Justicia, que -antes de decidir- le pidió opinión al procurador Casal. La Procuración opinó contra el deseo de Levinas y de los legisladores de Juntos por el Cambio.

El debate es si la Justicia porteña puede ser tribunal de alzada de las decisiones de la Justicia Nacional. La reforma constitucional de 1994 -que reconoce la autonomía porteña- estableció la creación de una Justicia local en la ciudad de Buenos Aires, como ocurre en todas las provincias. Pero no se concretó aún la transferencia total de la Justicia Nacional (que ya existía asentada en el territorio porteño) a la órbita local. Es más, los jueces nacionales se resisten a ese traspaso.

A falta de una ley o convenio específico y la demora de más de 26 años desde la reforma constitucional, la Corte mediante su jurisprudencia fue avanzando y entendió que la competencia ejercida por la Justicia Nacional ordinaria con asiento en la ciudad de Buenos Aires no es federal, sino que versa sobre la interpretación y aplicación del derecho común, cuyo conocimiento corresponde a la ciudad de Buenos Aires.

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