Aprueban en Diputados la ley de alquileres: afecta a ocho millones de inquilinos
LA NACIONLaura Serra
Después de cuatro años de debate sin acuerdos, la Cámara de Diputados finalmente avanzó esta tarde en la media sanción de una nueva ley de alquileres que, en líneas generales, establece condiciones más favorables para los inquilinos, que actualmente suman unos 8 millones en todo el país.
La iniciativa se aprobó con un amplio consenso entre el oficialismo y la oposición –obtuvo 191 votos afirmativos y 24 abstenciones- por lo que todo indica que el Senado la convertiría en ley antes de fin de año. Se trata de una modificación del Código Civil y Comercial que, a grandes rasgos, dispone la extensión de la duración mínima del contrato a tres años, la incorporación de un índice oficial (que promedia inflación y salarios) para la actualización de los valores –que será anual-, el registro de los contratos en la AFIP y una ampliación de la oferta de garantías que puede presentar la persona inquilina.
"Esta ley viene a equilibrar las relaciones entre ambas partes y a corregir abusos que se producen", enfatizó el diputado Daniel Lipovetzky (Cambiemos), presidente de la Comisión de Legislación General. Desde el kirchnerismo, su colega Adrián Grana destacó que esta ley dará "previsibilidad" a los inquilinos. "Cuando hablamos de previsibilidad no hablamos de una cuestión menor, estamos hablando de una cuestión central. Previsibilidad para arraigarse, afianzarse, poder construir identidad", sostuvo.
Si bien todos los bloques celebraron el acuerdo alcanzado, algunos advirtieron sobre la posible retracción en la oferta de viviendas para alquiler que podría generar esta ley. Esto explica la cantidad de abstenciones a la hora de votar.
"Hay que buscar un equilibrio entre las dos partes que evite los abusos por parte de los locatarios pero que, al mismo tiempo, impida que se generen condiciones que restrinjan la oferta de inmuebles para alquiler, que es lo que va a permitir bajar los precios", planteó Marco Lavagna (Consenso Federal).
En la misma línea, Martín Lousteau (Evolución) advirtió que "tenemos que estar atentos a la posibilidad de que existan efectos no queridos, que terminen afectando la disponibilidad actual y futura de inmuebles para satisfacer la demanda". "Debemos seguir de cerca cómo esto afecta la dinámica que se da entre ambas partes", dijo Lousteau.
"Este proyecto va en la dirección clásica de las propuestas que pretenden estabilizar las relaciones de oferta-demanda, pero hay que pensar una serie de estímulos fiscales al alquiler de larga duración, en beneficio tanto de inquilinos como de propietarios", sostuvo Fabio Quetglas, experto en desarrollo local y urbanismo.
El proyecto de ley establece, entre sus puntos centrales, los siguientes:
-Extensión del contrato a tres años (actualmente es de dos)
-Actualización anual del precio del alquiler a partir de una fórmula que combina el IPC (Índice de Precios al Consumidor) con el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables).
-Ampliación de las garantías: el locatario podrá elegir dos opciones entre un abanico de posibilidades: garantía inmobiliaria, aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza o certificación de ingresos/recibo de sueldo. Y el propietario deberá aceptar una de las propuestas.
-Desalojo: Deberá sustanciarse por el proceso más expeditivo que tenga cada provincia, no por el proceso ordinario, que suele ser lento.
- Expensas: las expensas ordinarias deben ser afrontadas por el locatario, y las expensas extraordinarias quedarán a cargo del dueño del inmueble.
-Depósitos: el depósito de garantía será devuelto mediante la entrega de una suma equivalente al precio del último mes de la locación, o la parte proporcional en caso de haberse acordado un depósito inferior a un mes de alquiler.
Por Laura Serra
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