Aprobaron los concursos para nombrar a 16 jueces del fuero civil, pero postergaron la definición de otras 60 vacantes
El Consejo de la Magistratura sesionó en plenario: votó ternas, cerró denuncias y creó una comisión por la desaparición de declaraciones juradas
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LA NACIONPaz Rodríguez Niell
El Consejo de la Magistratura se reunió este miércoles y aprobó dos concursos destinados a cubrir 16 cargos de jueces en la justicia civil de la Capital Federal, un fuero con tantas vacantes que hoy les cuesta a los magistrados reemplazarse entre sí. En total, los cargos a cubrir en la justicia civil son 44 de un total de 143.
Ahora, las ternas aprobadas pasarán al Poder Ejecutivo para que el Presidente elija a sus candidatos y los envíe al Senado para su acuerdo.
En total, en el plenario del Consejo de hoy se trataron 24 ternas (14 son para cubrir más de una vacante). Entre las que siguen pendientes porque no hubo acuerdo para aprobarlas están todas las federales penales de Comodoro Py, donde se tramitan las causas de mayor impacto para el mundo de la política. Hay cargos por cubrir en los juzgados, en los tribunales orales y en la Cámara Federal (este último es el concurso más peleado, el de los lugares que hoy ocupan Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, designados por trasladado).
Después de más de una hora de poner a votación concursos, que en su gran mayoría no fueron aprobados, la consejera María Fernanda Vázquez, decana de la Facultad de Derecho Universidad de Lomas de Zamora, pidió que le permitieran hacer una “reflexión” sobre lo que acababa de pasar. “La palabra que más se repitió fue negativo. Negativo, negativo, negativo, negativo. Sacar ternas es nuestro objetivo primordial y esperaba que el resultado fuera otro. Sacamos solo dos concursos”, dijo Vázquez. “Les pido a mis colegas que reflexionemos. Acá hay concursos con más de tres años de trámite”, añadió. El consejero Héctor Recalde coincidió.
El juez Diego Barroetaveña, en cambio, levantó su copa y dijo: “Yo la veo bastante llena, o más o menos llena. Me parece que para una primera reunión, sacar 16 vacantes es un paso adelante”. En el mismo sentido, el abogado Miguel Piedecasas afirmó: “No son dos concursos, son 16 ternas [cada concurso es para ocho vacantes]. Sacamos el 20% de las que teníamos”.
Los consejeros informaron además haber asumido el compromiso de tratar en la próxima reunión los concursos de San Martín y Tucumán, y seguir buscando “consensos”.
El plenario, que duró más de cinco horas, fue presidido por el titular del Consejo y la Corte Suprema, Horacio Rosatti. En uno de los puntos finales que trataron los consejeros, hicieron mención a la vulneración y la desaparición de declaraciones juradas de jueces que estaban en poder del Consejo. La documentación incluía anexos reservados con datos confidenciales de los magistrados. Los consejeros informaron que habían llegado a un acuerdo para crear una comisión destinada a seguir los avances de la investigación que se está haciendo para determinar qué fue lo que ocurrió. En paralelo, además, el hecho es objeto de una causa penal.
Barroetaveña y Gerónimo Ustarroz (el consejero representante del Poder Ejecutivo) confirmaron que entre todos acordaron crear un “comité de seguimiento”, integrado por un miembro de cada estamento, para que el tema no se abandone. Barroetaveña insistió en que es un hecho “muy grave” que “no puede terminar archivado”.
“Yo soy el más interesado -dijo el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade-. Hay medios que me relacionan con ese delito por haber expuesto declaraciones juradas de jueces, que yo había conseguido mucho antes, con los respectivos pedidos.”
Denuncias sin investigar
El tema que más debate generó fue el destino de las denuncias contra jueces que cumplieron más de tres años sin ser tratadas. La ley 26.080 establece que “la decisión de abrir un procedimiento de remoción no podrá extenderse por un plazo mayor de tres años contados a partir del momento en que se presente la denuncia contra el magistrado” y que “cumplido el plazo indicado sin haberse tratado el expediente por la comisión, éste pasará al plenario para su inmediata consideración”.
En el orden del día del plenario de hoy había 37 expedientes contra jueces para ser cerrados por el paso del tiempo; porque habían pasado los tres años sin que se hubiera avanzado con la investigación. Tailhade dijo que iba a excusarse de aprobar los archivos. Alegó, entre otros argumentos, que el Consejo estuvo ocho meses casi sin actividad y dijo que, según él, ese tiempo no debería computarse. Pidió además rever este plazo. “Es importante que vayamos buscando la forma de… es una palabra que no me gusta mucho: consensuar”, dijo Tailhade y ante algunas risas, agregó: “No me gusta porque la usan mucho ustedes. Yo prefiero ‘acordar”.
Se abrió entonces un debate. La consejera jueza Alejandra Provítola advirtió que están en juego garantías de las personas sometidas a cualquier proceso (en este caso los jueces) que debían respetarse. “Ya bastante complicado es para un juez tener tres años abierto un proceso sin definición”, afirmó.
Los consejeros llegaron a un acuerdo después de que pidió ser escuchada Rocío Herrera, miembro del gremio judicial, que reclamó que no se cerraran sin investigación una serie de denuncias de acoso y violencia laboral. Pidió la palabra desde el público y Rosatti accedió. “Tenemos compañeras que han perdido embarazos; hubo muertes, cáncer, compañeras que perdieron su trabajo y en tres años nunca las escucharon”, se quejó Herrera.
La consejera abogada Jimena de la Torre destacó que esos casos podrían ser considerados como los “delitos continuados”, que se extienden en el tiempo y se siguen cometiendo -en este caso, más allá del momento de la denuncia-, lo que permitiría que se extendiera el plazo para investigarlos, pero destacó que la Corte, en el fallo Bonadio, dijo que “los tres años son tres años”. Finalmente, el acuerdo, puesto a consideración por Rosatti, fue separar los tres casos de violencia de género y acoso laboral: postergar la definición de dos de esos expedientes y enviar un tercero a comisión; a los demás expedientes contra jueces, aplicarles el plazo de los tres años. Por mayoría, eso se aprobó.
“Como nos comprometimos a tratar algunos concursos, yo haría votos para poder aprobar un protocolo relacionado con la violencia de género”, exhortó Rosatti a los demás consejeros este miércoles.
El próximo plenario no tiene fecha fijada. La semana que viene se reunirán las distintas comisiones del Consejo.
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