Objeción de conciencia y las 12 semanas. Los cambios que podrían hacer "aprobable" el proyecto sobre aborto
LA NACION
El anuncio del presidente Alberto Fernández de que enviará "en los próximos diez días" un proyecto que consagrará la legalización del aborto no alcanzó para despejar las dudas que todavía persisten en el Congreso en torno a las mayorías que la iniciativa debería reunir para no repetir la experiencia de 2018, cuando fue rechazado por el Senado.
En ese sentido, en el Congreso se aseguraba ayer que el límite temporal para la interrupción del embarazo será uno de los datos clave para evaluar las chances del proyecto de convertirse en ley.
De hecho, tanto legisladores oficialistas como opositores que están a favor del aborto veían esa disposición como un elemento más importante para convencer a los pocos legisladores dudosos que quedan, sobre todo en la Cámara alta, que el proyecto de asistencia a las embarazadas y sus hijos en los primeros mil días de vida cuyo envío también anunció Fernández ante el Congreso.
14 o 12 semanas
"Si son 14 o 12 semanas y el tema de la objeción de conciencia para las instituciones privadas que así lo dispongan podría terminar de inclinar la balanza a favor de la sanción de la ley", evaluó en diálogo con LA NACION un senador oficialista.
Por el momento, el debate sobre el aborto mantiene su pronóstico reservado en el Senado. Más allá de que el proyecto será enviado por el Poder Ejecutivo y que la Cámara ahora la preside Cristina Kirchner, que varió su postura y en 2018 votó a favor de la legalización, los números todavía favorecen a los "celestes".
Hace dos años atrás, el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, donde hay mucha confianza de los sectores "verdes" en que volverá a ser aprobado, fracasó en la Cámara alta por 31 votos a favor y 38 en contra.
En su discurso ante la Asamblea Legislativa, el presidente Alberto Fernández se limitó a decir que impulsará la legalización del aborto "en el tiempo inicial del embarazo", sin dar mayores precisiones. El texto impulsado por la Campaña Nacional a favor del Aborto Legal, Seguro y Gratuito fija establece la realización de la práctica "como un derecho humano" hasta la semana 14 de gestación.
El anuncio presidencial tampoco entró en detalles sobre los casos de embarazos productos de una violación o que pongan en peligro la salud de la madre. Se trata de dos supuestos contemplados en el artículo 86 del Código Penal desde 1921 cuya amañada interpretación en el caso de las violaciones terminó despejando la Corte Suprema de Justicia con el denominado fallo FAL, al avalar la interrupción del embarazo de una joven abusada por su padrastro.
La objeción de conciencia
Otro punto que podría hacer la diferencia en la Cámara alta es el de la objeción de conciencia. Sobre este tema, el Presidente no hizo ninguna mención en el tramo de su discurso ante la Asamblea Legislativa, a pesar de que voceros oficialistas se encargaron de anticipar que garantizará esa posibilidad para las instituciones privadas y confesionales.
En el Frente de Todos ayer especulaban que la cuestión de la objeción de conciencia podría tener mayor injerencia en los votos en ambas cámaras legislativas que el proyecto de los "mil días".
Sin embargo, se sabe que el aborto cuenta en el Senado con legisladores dispuestos a dar la pelea en contra de la legalización del aborto, aún a costa de quedar a contramano del Gobierno al que responden.
Es el caso del jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans (Formosa), quien no tuvo reparos en sentenciar ante LA NACION que si el Presidente quiere legalizar el aborto debería modificar la Constitución.
"La Constitución Nacional, los tratados internacionales y as leyes protegen la vida desde la concepción, cualquier proyecto que no sostenga esto es inconstitucional. El Presidente lo sabe porque es jurista", afirmó el formoseño.
En la vereda de enfrente hacen punta en el rechazo a la legalización senadores como Esteban Bullrich (Pro-Buenos Aires) y Silvia Elías de Pérez (UCR-Tucumán), quienes prometen continuar con su activa militancia en contra de cualquier iniciativa que ponga proa en el rumbo de permitir el aborto.
Para legisladores como los mencionados, la interrupción voluntaria del embarazo es inaceptable e innegociable.
En este escenario, la pulseada entre "verdes" y "celestes" promete volver a reeditarse como hace dos años atrás.
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