Apertura de sesiones 2022: Alberto Fernández volvió a cargar contra la Justicia, pidió cambios en la Corte y acusó a la oposición por el espionaje ilegal

El presidente Alberto Fernández volvió a pedirle al Congreso que avance con una reforma de la justicia federal, a la que acusó de proteger al macrismo, promovió modificar el funcionamiento y la integración de la Corte Suprema de Justicia y acusó al máximo tribunal de ser “cómplice del poder económico” por no haber tratado las medidas cautelares que impidieron aplicar el decreto que regula las tarifas de Internet.

En el final de su discurso, y ante la ausencia de parte de la oposición que se retiró del recinto dejando sus bancas vacías con la bandera de Ucrania, Fernández también cargó con el gobierno de Mauricio Macri, a quien responsabilizó de realizar tareas de espionaje ilegal.

En el Congreso estuvieron presentes los cuatro jueces de la Corte Suprema, serios e impertérritos ante las críticas, y se ausentó el procurador interino, Eduardo Casal, que no concurrió cuando supo que lo relegaban a un asiento en el segundo piso, lejos de los magistrados del máximo tribunal.

Tras el discurso, en la Corte Suprema de Justicia dijeron que no iban a hacer comentarios. “Silencio stampa”, dijeron colaboradores de los jueces, que no obstante no ocultaron su desagrado por el tono del discurso presidencial.

Jueces federales consultados por LA NACION hablaron del “disparatado” discurso presidencial; en particular, por la alusiones a los jueces de Comodoro Py 2002. “Todo lo que dice acerca de una justicia independiente y rápida lo desnaturaliza con su discurso. Como no tiene forma de resolver los problemas del país, le habla a su facción poniéndonos a nosotros en el centro de la escena”, dijo un juez federal de Comodoro Py.

Otro magistrado también estaba en llamas tras el discurso, aunque rescató las palabras del Presidente cuando llamó a los tres poderes del Estado a trabajar juntos. “Pero después no lo cumple”, se quejó.

Mañana habrá una reunión de la mesa chica la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, donde se hablará del discurso de Fernández y se evaluará si hacen o no una declaración para tomar posición.

Fernández no ahondó en sus iniciativas para con la Justicia que quedaron truncas y no llegaron a nada: por ejemplo no mencionó las demoras en tratar el pliego de su candidato a Procurador General de Nacion, Daniel Rafecas, el fracaso de la ley para modificar el modo de elegir al Procurador, no dio detalles sobre la continuidad de la puesta en marcha del nuevo código procesal y no se refirió a su iniciativa de la semana pasada de volver a reformar el régimen jubilatorio de los jueces.

Las diferencias con el kirchnerismo en el Frente de Todos y la falta de una mayor fuerza parlamentaria desnudaron su debilidad. “Hice cuanto estuvo a mi alcance para poner fin a las malas prácticas que se observaban en el sistema judicial”, dijo el Presidente, como admitiendo sus limitaciones ante un interlocutor que prefirió no identificar.

“No hay modo de combatir al crimen organizado sin un sistema judicial eficiente”, reclamó el Presidente y dijo que su deseo es que el Poder Judicial “recupere la confianza pública que ha perdido y supere su crisis de funcionamiento” y que a su vez sea “eficaz y completamente independiente de todos los poderes, fácticos y políticos”.

Y aquí fue que se refirió a las cautelares que impiden aplicar el decreto que regula la tarifa de internet. “En el mes de enero los servicios de telecomunicaciones registraron el mayor aumento de precios. Eso fue posible porque algunos jueces dictaron medidas cautelares en favor de empresas prestatarias del servicio e impidieron la aplicación del decreto que declaraba servicios públicos a la telefonía celular, internet y la televisión por cable o satelital”, declaró.

Y dijo que “a casi dos años de dictadas esas medidas cautelares no se expiden sobre el diferendo ni los tribunales que las dictaron ni la Corte Suprema que añeja la cuestión en algún armario”. Fernández afirmó: “Esto que acabo de describir no es otra cosa que un acto de complicidad judicial con el poder económico”.

Los cuatros jueces de la la Corte tenían la cara cubierta por barbijos blancos, pero se advertía su seriedad. Algunos miraron hacia un costado. Todos tenía las manos juntas con los dedos entrelazados. En primera fila estaban Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, atrás de Rosatti estaba sentado Ricardo Lorenzetti, junto a Vilma Ibarra y Julio Vitobello.

“Necesitamos una reforma integral del sistema de administración de justicia federal”, reclamó el presidente y recordó que el proyecto que envió en 2020 fue aprobado por el Senado, pero en la Cámara de Diputados nunca consiguió los votos de la oposición necesarios para su aprobación. Hoy ese proyecto, que pretendía licuar el poder de la justicia federal de Comodoro Py 2002 y hacer centenares de nombramientos de nuevos cargos, “ha perdido estado parlamentario”, dijo el presidente. Sin embargo la afirmación es errónea, porque el proyecto de ley tiene vigencia en el Congreso hasta fin de 2022.

“Lo que está sucediendo con el Poder Judicial en Argentina es grave. Esa reforma que impulsé fue resistida por la oposición para beneficiar a algunos funcionarios del gobierno anterior que deben rendir cuentas. Saben que tienen aliados en fiscales y jueces de la justicia federal. Por eso siempre su primer planteo ha sido y sigue siendo reclamar la competencia de los tribunales afincados en Comodoro Py”, dijo en consonancia con el pensamiento de Cristina Kirchner, que ve en los jueces federales sus principales enemigos, que la investigan y la juzgan por corrupción.

Fernández recordó que entre centenares de nuevos cargos, este proyecto “creaba el juzgado federal y una fiscalía en San Lorenzo y la Cámara Federal de Apelaciones Rosario, instrumentos jurídicos indispensables en la lucha contra el narcotráfico” y que también establecía una nueva sala y una secretaría de narcotráfico en la Cámara Federal de Rosario. “No se debería demorar más tiempo en tomar decisiones tan fundamentales”, dijo.

Puede que, fracasado el paquete de reformas con los cargos incluidos, ahora el gobierno envíe un proyecto de ley al Congreso para proponer de manera independiente la creación de este juzgado y fiscalía federal adicionales y la ampliación de la Cámara Federal de Rosario, dijo una fuente judicial cercana al Gobierno.

“Yo le solicito al Honorable Congreso de la Nación que aborde la cuestión que planteamos. Que haga los cambios adecuados, que generen los consensos necesarios y que resolvamos este problema”, deseó el presidente, pero sus votos hoy son menos que los que tenía antes de las elecciones legislativas de este año, con lo que si no alcanzó los votos necesarios antes, ahora es mas difícil.

“Ya hemos enviado el proyecto de ley de reforma del Consejo de la Magistratura”, dijo el Presidente. La Corte Suprema de Justicia ya declaró inconstitucional la integración del organismo que nombra y remueve jueces porque estaba desequilibrado para privilegiar al estamento político, según la reforma que realizó Cristina Kirchner.

La Corte intimó al Consejo de la Magistratura que se reforme con una nueva ley antes del 15 de abril, y por eso el Gobierno se apuró a enviar este proyecto al Congreso, que dudosamente se trate antes de esa fecha.

La transmisión oficial de TV enfocó al menos cuatro veces a los jueces de la Corte cuando los legisladores aplaudían a rabiar con las críticas de Fernández al funcionamiento judicial. En otras ocasiones el director se detenía en la imagen del ministro de Justicia, Martín Soria, con barbijo oscuro.

También prometió Fernández avanzar en “la implementación del Código Procesal Penal Federal” y ampliar “los mecanismos de acceso a la justicia”.

“La conformación y funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia también debe ser objeto de análisis y decisión en este ejercicio legislativo. Yo, como titular del Poder Ejecutivo Nacional, hice cuanto estuvo a mi alcance para poner fin a las malas prácticas que se observaban en el sistema judicial”, declaró.

Una reforma en la integración y funcionamiento de la Corte, actualmente con cuatro miembros tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco, requiere de una ley del Congreso (para la que se necesitan consensos), pero luego, para designar a nuevos jueces en caso de una ampliación del máximo tribunal, se requieren los votos de los dos tercios del Senado, que el oficialismo no tiene por lo que también debe negociar con la oposición.

Fernández acusó al gobierno de Macri de ejercer “serias interferencias de los servicios de inteligencia en el funcionamiento de las instituciones de la república, afectando los derechos y garantías de los y las habitantes” de la Argentina.

Enfatizó que cumplió con su promesa de “terminar con los sótanos de la democracia” y dijo que se ocupó de que “no existan causas armadas entre los servicios de inteligencia, las autoridades de los poderes públicos y miembros que deshonran la administración de justicia”. Afirmó: “Garanticé que no existan nuevos encarcelamientos sin sustento jurídico”.

“Puse fin a las escuchas o seguimientos ilegales a dirigentes opositores, a sus familiares o a sus representantes jurídicos”, dijo en alusión al expediente judicial en que exagentes de inteligencia aparecían haciendo espionaje sobre Cristina Kirchner, pero también dirigentes del macrismo, jueces, sindicalistas y periodistas. Dijo que acabar con estas prácticas debe ser “un compromiso de los tres poderes del Estado”.

Aseguró que hoy en la Argentina “no hay espionaje político”. Afirmó que “no se intervienen teléfonos sin causa judicial”. Dijo que “en la Argentina de hoy cada uno piensa y dice lo que se le da la gana” y que “el secreto no puede ser nunca más la excusa para que el Estado institucionalice un sistema de espionaje cuyo fin sea la persecución a opositores políticos o la extorsión”.

“Ese es el entramado que la intervención de la AFI develó y denunció”, dijo, y prometió enviar un proyecto de ley para regular el funcionamiento de la AFI.

El Presidente completó el capítulo judicial con la promesa de seguir adelante con las políticas de verdad y justicia en las investigaciones de violaciones de los derechos humanos en la dictadura. “Estamos iniciando la construcción del Espacio de Memoria y las actividades en el exCentro Clandestino de Detención ‘Campo de Mayo’. Además, recuperaremos el Regimiento de infantería 9 de Corrientes y el Vesubio”, prometió.

Asimismo anunció el envío de un proyecto de ley contra la violencia institucional, de las fuerzas policiales y de seguridad. “Enviaré un proyecto de ley que establezca estándares básicos de comportamiento de las fuerzas de seguridad en todo el territorio argentino”, prometió.

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