Apertura de sesiones 2022: el desafío de enfrentar la informalidad laboral, la pobreza y la inseguridad alimentaria

No hace mucho tiempo, desde el propio Estado se buscó manipular la información pública con la decisión política de imponerle a la sociedad un diagnóstico falaz: “¡Un país con menos pobreza que en Alemania!”. Por ello, cabe valorar la frase presidencial: “A los problemas hay que llamarlos por su nombre, reconocerlos para poder resolverlos”. Un argumento de sentido común que hace posible acordar una política de Estado capaz de emprender un sendero que permita enfrentar con realismo el 50% de informalidad laboral, el 40% de pobreza económica, el 30% de inseguridad alimentaria, entre otros desafíos por demás prioritarios.

Sin embargo, desafiando el diagnóstico oficial, sabemos que, desde la dictadura militar hasta aquí, más allá de algunos momentos o ciclos cortos de recuperación social -hayan gobernado las fuerzas promercado” o los sectores pro-Estado-, la informalidad laboral, el desempleo estructural y la pobreza crónica ha venido aumentando de manera regular.

Toda mejora o reducción de algunos de estos indicadores lo fueron frente a una crisis previa, o para aliviar nuevos padecimientos, pero no para ofrecer soluciones, mucho menos en el largo plazo y de manera sostenible.

No menos paradójico es el hecho de que, al mismo tiempo, las diferentes coaliciones políticas que han gobernado durante las últimas cuatro décadas han hecho explícitas sus intenciones de emprender un sendero de políticas que permitan la erradicación de la pobreza.

En este sentido, la principal apuesta que enfrenta la afirmación presidencial de que a los problemas hay que reconocerlos para resolverlos reside en cómo hacer que la acción del Estado cuente con el diagnóstico correcto, la decisión política necesaria y la capacidad de gestión funcional para que un eventual cúmulo de problemas y eventuales soluciones sean algo más que una catarata de sentido común.

Mucho más cuando la agenda de prioridades que afectan a la sociedad se mezcla con una legítima y muy atractiva pero todavía lejana agenda de una sociedad del primer mundo. ¡Todo al mismo tiempo no se puede, mucho más cuando los recursos son escasos y la capacidad de gestión están deterioradas! ¡En plena crisis de deuda! Entonces, ¿por dónde empezar?

Desafíos prioritarios

Luego de una década de estancamiento, creciente inflación y empobrecimiento estructural, más allá de algunos efímeros y engañosos momentos de alivio, el principal desafío para la sociedad argentina sigue siendo estabilizar la economía, generar un crecimiento equilibrado, con creciente productividad y mayor equidad distributiva. Lograr más y mejores empleos privados con salarios reales por sobre la línea de pobreza, aunque austeros y/o subsidiarios en clave a la situación productiva reinante, es condición necesaria para superar privaciones injustas y reducir las brechas sociales. Nada más, ni nada menos.

Todo lo cual es, a su vez, función de que existan reglas de estabilización macroeconómica y, contra todo lo argumentado, aprovechar la oportunidad en una fase de recuperación para encarar reformas estructurales (previsional, monetaria, fiscal, laboral, administrativa, educativa) que hagan posible de manera “progresista” ganar confianza, crear expectativas, bajar decididamente la inflación y promover de manera federal la inversión de mediano y largo plazo, tanto a nivel de las familias como de las empresas, y, a partir de ahí, lograr excedentes de recursos que nos permitan, no solo responder por los múltiples y acumulativos errores del pasado, sino también para empezar a saciar aquí y ahora el hambre de futuro de quienes más lo necesitan.

Lejos de ello, aunque es cierto que asistimos a una importante reactivación económica, con crecimiento del consumo y una fuerte inversión en infraestructura pública -todo lo cual tiene efectos positivos sobre el bienestar social-, los empleos privados formales no crecen, la pobreza urbana continúa rayando el 40%, el capital humano de nuestra infancia continúa fuertemente castigado y los activos nacionales buscan ansiosos escapar de la falta de futuro.

Que nuestra dirigencia política confronte acusaciones frente a errores del pasado en nada ayuda a delinear el camino de salida de una crisis tan estructural como profunda, que poco tiene que ver con la crisis de la deuda generada por el gobierno anterior, la pandemia o el actual desorden mundial.

Tampoco es prudente ni conducente que el gobierno de turno se apropie de la misión de refundar la Nación con un simple y vacío listado de objetivos y buenas intenciones. Es necesario acordar con diferentes sectores y actores, sumar claridad, voluntad y capacidad de acción, contar con los diagnósticos adecuados, reunir a los mejores, ganar consenso, en clave a construir en común las soluciones a problemas reales, tanto urgentes como estratégicos.

El autor es investigador (UBA-Conicet) y director del Observatorio de la Deuda Social-UCA

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