Apelaron el fallo que anuló un juicio oral contra Scioli por presuntos delitos en su paso por la gobernación
El fiscal Álvaro Garganta presentó un recurso contra la decisión del juez platense Agustín Crispo, que canceló el proceso porque advirtió “déficits” en la investigación; el pedido de juzgar al exgobernador estaba pendiente de resolución desde 2018; el expediente se inició con una denuncia de Carrió e investiga delitos como negociaciones incompatibles con la función pública
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LA NACIONJavier Fuego Simondet
El fiscal Álvaro Garganta presentó este domingo una apelación para evitar la anulación de un juicio oral contra el actual ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, en el que se iban a juzgar presuntos delitos, como negociaciones incompatibles con la función pública, que habría cometido junto a funcionarios de su confianza durante sus mandatos como gobernador de la provincia de Buenos Aires. El fiscal, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°11 de La Plata, apeló la decisión del juez de garantías Agustín Crispo, que la semana pasada había dejado sin efecto su pedido de elevar a juicio oral y público el expediente, que estaba basado en una denuncia de Elisa Carrió.
Según el juez Crispo, la investigación de Garganta tuvo “déficits”. En su fallo, había indicado que “la pesquisa no ha respetado los parámetros de idoneidad que debe contener a los fines de explicar el caso, tornándose la misma ineficaz” y que “tampoco consigna de manera clara la prueba que la acreditaría”.
Garganta argumentó, en su apelación, que la decisión del juez es de “gravedad institucional”. Según la presentación, a la que accedió LA NACION, la anulación de la elevación a juicio oral “implicaría retrotraer el proceso a una etapa procesal anterior para enmendar supuestas irregularidades que, en verdad, son pruritos formales basados en opiniones subjetivas del juez”. Y subrayó, para graficar la demora que generaría descartar el llamado a juicio oral: “Esto implicaría eventualmente volver a dar 46 traslados a tenor del artículo 336 del Código Procesal Penal”.
En caso de concretarse el rechazo al juicio oral, el fiscal Garganta señaló que significaría “que la sociedad ha perdido casi cuatro años de proceso judicial en una causa de corrupción”. El pedido de llevar el expediente a la instancia oral y pública data de 2018; el magistrado Crispo tomó el caso en 2019, después de que la primera jueza del caso, Marcela Garmendia fuera recusada por las defensas y apartada.
En su presentación ante la Cámara de Apelación y Garantías, Garganta reprochó que el juez “acude al vicio argumentativo”. Explicó que eso consiste en “afirmar genéricamente la existencia de un supuesto vicio, exhibiéndolo de modo tal que pareciera estar presente en todo el requerimiento”, pero que “solo es explicado a través de casos aislados y específicos”.
Crispo había planteado “falta de concatenación” para comprobar los hechos. “Si se ha dicho quién, no se dijo el cómo; si se dijo el cómo, habría solo someras referencias de quién, y, si se dijo quién y cómo, hay ausencia de una derivación lógica y razonada apoyada en elementos probatorios que habiliten su estudio”, graficó el juez en su anulación de la elevación a juicio oral. Junto a Scioli, resultaron beneficiados por el mismo fallo exfuncionarios suyos como Alberto Pérez (exjefe de Gabinete provincial y uno de los dirigentes más cercanos al exgobernador) y Alejandro Collia (exministro de Salud bonaerense), entre otros.
En la investigación, se acusa a Scioli de interceder para que el gobierno bonaerense le entregue 12 construcciones de Unidades de Pronta Atención (UPA) y tres ampliaciones a la empresa Miller Building International SA, de Ricardo Miller. Tras hacerse de esas obras, según figura en pedido de elevación a juicio, Miller le alquiló a Capanone SA (una sociedad de Scioli) un complejo hotelero en Villa La Ñata, Tigre, le realizó mejoras y luego lo compró tras haber pasado de 1334 metros cuadrados construidos a 3063. En mayo de 2018, Scioli fue indagado y se defendió con un escrito en el que negó cualquier tipo de irregularidad y señaló haber sido “muy celoso en el cuidado de los intereses públicos” durante su gestión.
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