"Apadrinados", la causa que vincula a los narcos de Chubut con la política

COMODORO RIVADAVIA.- Un fallo del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, que condenó con prisión efectiva a 15 miembros de una banda dedicada al narcotráfico de cocaína y marihuana en esta ciudad y en Esquel, tildó como “sumamente llamativo y a la vez preocupante” la “fluidez de comunicación” de uno de los condenados con el círculo político que encabezaba el exintendente de Comodoro y actual integrante del directorio de YPF, el kirchnerista Néstor Di Pierro, y algunos de sus entonces funcionarios municipales.

La causa, que se conoce bajo la denominación de “Apadrinados” por la sospecha que sobrevoló desde el inicio en torno a una supuesta protección política con la que contaba la banda, alcanzó ribetes escandalosos luego de que se incorporaran al expediente escuchas telefónicas registradas en el marco de la investigación, previo a la detención de los sospechosos.

Estos registros derivaron en otra causa que investiga el supuesto lavado de activos, todavía sin imputados, y que ya suma 50 cuerpos. La misma está en manos de la jueza federal de Comodoro Rivadavia, Eva Parcio de Seleme y provocó allanamientos en el municipio y el propio Concejo Deliberante de Comodoro.

La semana pasada, el Tribunal Oral Federal de Comodoro integrado por los jueces Enrique Guanziroli, Pedro de Diego y Nora Cabrera de Monella alertaron en la sentencia sobre la íntima vinculación de los narcos con círculos políticos, basados en los audios de intervenciones telefónicas que derivaron en las posteriores detenciones.

En cuanto a las penas por comercio de estupefacientes, el fallo de más de 260 páginas condenó a Claudio “Cabezón” Morales (10 años de cárcel y multa de $10 mil), Gustavo Antonio Baez (7 años y 6 meses de prisión y multa de $7 mil), Cristian Andrés Jones (9 años y multa de $9 mil), Alejandra Mariela Nahuelmir (4 años y 6 meses de prisión, y multa de $3 mil), Ricardo y Daniel Tardón (4 años de prisión y multa de $2 mil).

Se suman a la condena Pablo Emilio Soto (4 años de cárcel y multa de $2 mil), Rubén Alejandro Aguilera (por vender estupefacientes cerca de una escuela, a 6 años y $4 mil de multa), Sebastián Alejandro Altamirano (4 años de prisión y multa de $ 3 mil), José Omar Almonacid (6 años de prisión y multa de $ 6.000), y Gustavo Javier Soto, igual pena y una multa de $5 mil.

César Guillermo Cabezas (4 años de prisión, multa de $2mil), Vicente Alejandro Flores (igual pena y multa de $4 mil), Ricardo Humberto Sartorio (4 años de prisión y $3 mil de multa) y Sergio Daniel Alarcón, por comerciar droga cerca de una escuela, a la pena de 9 años, multa de $9 mil y declaración de reincidencia.

Fueron absueltos Héctor Boccardo y Julio Ricardo Farías.

Según el voto del presidente del tribunal, Pedro De Diego, “no puedo dejar de mencionar la preocupación que me causa el fácil acceso que algunos de los condenados en esta causa tienen a estamentos políticos y gremiales”.

El juez hizo referencia a las escuchas que apuntan a “Cabezón” Morales, que “actuaba en función del amiguismo político, con tanta impunidad que hasta el momento de su detención, su propia familia y él pensaron en que ese amiguismo podría facilitar las cosas con la juez a cargo de la investigación, por su vinculación con Néstor Di Pierro”.

Según el juez, así se puede “desprender de la llamada 16 CD 17, entre el hijo de Morales y su madre: “mi papá es re amigo del Tano (sobrenombre de Di Pierro) y el Tano tiene una línea con la jueza. Y bueno, ahí no se. Vamos a ver si zafa”.

Aunque en el expediente no hay pruebas que involucren a algún dirigente político en el tráfico de estupefacientes, “la historia reciente de los países donde el comercio de drogas ha desatado situaciones de violencia mayúscula, muestra que así se comienza el corto camino hacia múltiples hechos de sangre estrechamente relacionados con los estupefacientes”, consideró el juez.

De Diego aclaró que este vínculo de política y droga “también lo escuché de un individuo en una causa que estamos tramitando en la ciudad de Rawson”, en referencia al juicio por la causa “Valle Blanco”, en cuyas audiencias se escucharon testimonios de imputados que revelaron su relación con funcionarios.

Los jueces del Tribunal Oral Federal pidieron investigar las conexiones de políticos de la banda, paso que deberá dar la Fiscalía en los siguientes meses. “El Ministerio Público Fiscal tiene acceso a las grabaciones que obran en la causa y quedan a disposición para lo que estime menester, si algo puede hacerse dos años después de que fueron captadas”, pidió De Diego.

Otra posible referencia aparece en los seguimientos a José Omar Almonacid, quien realizaba movimientos típicos de la venta de droga en Comodoro Rivadavia, Esquel y en la vecina localidad de Caleta Olivia.

Las charlas telefónicas reflejaron su intención de ir a radicarse a la cordillera “porque acá las cosas estaban medio mal” y que si se iba lo hacía “por intermedio del intendente de acá”.

La situación de Di Pierro disparó declaraciones de dos diputados provinciales. Viviana Navarro, legisladora por el FpV y del riñón político del exintendente, aseguró que "jamás vi a Di Pierro juntarse con gente de esa calaña". Rody Ingram, de ChuSoTo, fue mas cauto: “yo no puedo hacer ningún análisis. Soy muy respetuoso de los planteos de los jueces y fiscales. Me parece que no hay que meterse como opinólogo sino que trabaje la justicia”. Y remató: “ con esto me pasa lo mismo con la obra pública; no me imagine que iba a aparecer (José) López con miles de millones de dólares en un convento".

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