Anularon la causa en la que Cristina Kirchner fue procesada por el uso ilegal de aviones oficiales

La Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal, anuló este martes la causa en la que Cristina Kirchner fue procesada por haber usado aviones oficiales para trasladar al Sur muebles destinados a sus hoteles mientras era presidenta. La Cámara sostuvo que quien la denunció, que fue el juez Claudio Bonadio, no debió ser quien además la investigara.

Los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma -con la disidencia de Guillermo Yacobucci, que entendió que no era un caso para que interviniera la Casación- afirmaron que Bonadio transgredió “la garantía de imparcialidad”. Slokar y Ledesma ordenaron además apartar a los jueces de la Sala I de la Cámara Federal, el tribunal que había confirmado el procesamiento por el delito de peculado de Cristina Kirchner, firmado por Bonadio, y había convalidado la intervención de este juez en el caso. Ellos son Mariano Llorens, Leopodo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

La Casación ya había apartado a Bonadio de la causa en respuesta a un planteo del exsecretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, que también fue investigado en la causa. Ahora, el caso volverá a primera instancia, al juzgado de Sebastián Casanello, para que resuelva cómo continúa.

Este expediente fue un desprendimiento de la causa de los cuadernos de las coimas. Cuando Bonadio -fallecido hace tres años- investigaba aquel caso, recibió testimonios que daban cuenta del supuesto uso irregular que, como Presidenta, habría hecho Cristina Kirchner de los aviones oficiales para que le llevaran objetos personales a Santa Cruz: muebles para sus hoteles, diarios y papeles. Ante esta información, Bonadio “sacó testimonio”; es decir, denunció lo detectado y envió el tema a la Cámara Federal para que sorteara qué juez debía investigarlo. En el sorteo salió él mismo; entonces, asumió la investigación. Pese a que se trata de una práctica que la Cámara Federal aceptó en diferentes causas, la Casación sostuvo que no correspondía y que el hecho de que haya sometido el caso a sorteo no subsana el problema que implica que el instructor sea la misma persona que hizo la denuncia.

“No puede omitirse que el incumplimiento de apartarse por parte del juez denunciante -luego ocurrido por vía de recusación- vio comprometer irremediablemente el deber de imparcialidad, condición indispensable para asegurar un proceso debido, a la par que atributo esencial de la función a fin de procurar la confianza ciudadana en el Poder Judicial”, escribió Slokar.

“Debe fulminarse con la sanción de nulidad todo lo actuado por el juez denunciante y a la vez instructor en la causa”, afirmó el camarista en su voto, con el que coincidió, “en lo sustancial”, Ledesma.

Ella sostuvo que “la constatación de los hechos del caso permite vislumbrar que desde el inicio de la investigación se encuentra comprometida la garantía de imparcialidad del juzgador” y recordó que la Corte Suprema reafirmó la prohibición de que quien integra el tribunal “haya intervenido, de cualquier modo, o en otra función o en otra instancia de la misma causa”. Slokar citó fallos de la Casación en el mismo sentido y dijo que el argumento de que Bonadio denunció lo descubierto porque no tenía otra opción dado que debía cumplir con el deber que pesa sobre todo funcionario de denunciar los delitos que conoce, no hace menos grave lo que para Slokar es una violación a la garantía de imparcialidad.

Yacobucci, a diferencia de sus dos colegas, entendió que no se daban los requisitos para que la Casación interviniera; básicamente, porque lo cuestionado no era una sentencia definitiva ni equiparable a tal, y no ocasionaba “un perjuicio de imposible o insuficiente reparación ulterior”.

La Cámara Federal había confirmado el procesamiento por peculado de Cristina Kirchner en septiembre del año pasado. Fue después de que la Casación le anulara un fallo previo -advirtiendo ya el doble rol que había tenido Bonadio- y les ordenara volver a pronunciarse.

Los testimonios acumulados en esta causa describen cómo se hizo el envío de muebles a El Calafate para los hoteles de la familia presidencial. Originalmente, Cristina Kirchner estaba acusada de haberse hecho llevar muebles para sus hoteles y también diarios, pero los jueces de la Cámara Federal solo habían mantenido el procesamiento por los muebles, con el argumento de que el envío de diarios estaba relacionado con el ejercicio de sus funciones como presidenta. Ahora todo fue anulado.

Lo más llamativo de aquella intervención de la Cámara Federal había sido el voto de Llorens, de inusual dureza contra Cristina Kirchner porque el camarista sostuvo que la vicepresidenta podría querer eludir a la Justicia y con ese fundamento, pidió evaluar la posibilidad de someterla a un juicio político para “tornar efectivo su encarcelamiento provisional”. Ese voto no tuvo efectos porque Bruglia y Bertuzzi no acompañaron a Llorens.

El caso regresará ahora al juzgado de Casanello, que le delegó la investigación del caso a la fiscal Alejandra Mángano.

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