Anularon la causa por extorsión contra el “Pata” Medina y piden investigar al juez Luis Armella
Lo decidió el tribunal que debía juzgarlo, sobre la base de la polémica reunión entre empresarios, funcionarios y agentes de la AFI en el Banco Provincia; también advirtió que se hizo inteligencia previa ilegal
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LA NACIONHernán Cappiello
El tribunal oral federal que juzgaba por extorsión al exsindicalista de la Uocra platense Juan Pablo “Pata” Medina decidió sobreseerlo, beneficio que extendió a otros nueve imputados, y mandó investigar al juez federal de Quilmes Luis Armella, que realizó la instrucción del caso.
El juez Alejandro Emoris, del Tribunal Oral Federal N° 2 La Plata, declaró todo nulo. Consideró acreditado que hubo tareas de inteligencia ilegal sobre el Pata Medina y su familia, y que sobre esa base se realizó una denuncia anónima en el juzgado de Armella, que fue alimentada con declaraciones de empresarios acordadas en una reunión en la sede del Banco Provincia en la ciudad de Buenos Aires, entre funcionarios bonaerenses del gobierno de María Eugenia Vidal y funcionarios de la AFI de Cambiemos. El juez dijo que la prueba estaba contaminada y era nula, y que eso hacía caer toda la causa. Medina está en libertad.
Se llegó a esta resolución tras una denuncia de los abogados del gremialista, Alejandro Roberto Montone y Juan Ángel Di Nardo, en base a la reunión en la sede del Banco Provincia de la ciudad de Buenos Aires entre empresarios, funcionarios de Vidal y agentes de la AFI, en la que se convocó a juntar evidencia contra el sindicalista. Es la reunión en la que el entonces ministro de Trabajo de la provincia, Marcelo Villegas, dijo que le gustaría “tener una Gestapo” para “terminar con todos los gremios”.
En ese encuentro estuvieron, el 15 de junio de 2017, dos funcionarios bonaerenses, Villegas y el entonces subsecretario de Justicia, Adrián Grassi; el intendente de La Plata, Julio Garro; el senador provincial de Cambiemos Juan Pablo Allan, y los exdirectivos de la AFI Sebastián De Stefano, Darío Biorci y Diego Dalmau Pereyra. Por su participación en esa reunión del Bapro, los funcionarios asistentes fueron procesados por el juez federal Ernesto Kreplak, de La Plata. El caso está apelado en la Cámara Federal de esa jurisdicción. Se dispuso además la falta de mérito del exministro de Planificación bonaerense Roberto Gigante y de los empresarios que participaron del encuentro.
Los abogados de Medina dijeron que en la filmación de esa reunión se desprende con meridiana claridad la ilegalidad de las pruebas que dieran origen a la investigación y que fueron la base de órdenes de allanamiento y secuestro, además del dictado del auto de procesamiento con prisión preventiva.
La decisión de declarar todo nulo, del juez Esmoris, benefició a Medina, Cristián Isidoro Jesús Medina, David Emiliano García, Juan Horacio Homs, Liliana Beatriz Frontán, María Fabiola García, Lara Micaela Muñoz, Pablo Nicolás Neves, Marianela Lujan Pagnoni y Rubén Darío Roldán.
El juez también decidió mandar copia de su resolución al Consejo de la Magistratura para investigar al juez federal Armella.
Esmoris dijo que no vale la pena hacer el juicio oral cuando ya está clara “la notoria falta de imparcialidad en el obrar de magistrado que instruyó la presente causa [por Armella]” y dijo que “resulta innecesaria la celebración del juicio oral y público cuando se ha afectado de tal modo los derechos de los justiciables”.
La resolución donde se declara nulo el caso menciona que hubo “forum shopping”; es decir, que se eligió que la causa quedara radicada en el juzgado de Armella, y señala que tras la reunión en el Banco Provincia, los empresarios hicieron presentaciones denunciado la extorsión de Medina y esa prueba fue requerida por el juzgado de Quilmes siguiendo lo pactado en un acuerdo previo.
El primer acontecimiento con relevancia para esta causa fue una reunión ocurrida el 4 mayo de 2017, en la Casa Rosada, dijo el juez, de la que participaron funcionarios del gobierno nacional y el entonces ministro Villegas. “Esta reunión sería el puntapié inicial en dar andamiaje al proceso en contra de Juan Pablo Medina”, según lo reconocido por el propio Villegas. Precisiones de ese encuentro fueron reveladas por el periodista de LA NACION Hugo Alconada Mon.
Al día siguiente, según cita el juez en su fallo, Villegas se reunió con el senador Juan Pablo Allan, con el jefe de Gabinete de la provincia, Federico Salvai; con el entonces Ministro de Seguridad, Cristian Ritondo; con un representante de infraestructura y con el exministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari. Esto figura en la agenda de Villegas y en el cuaderno personal de Allan.
Ese mismo día, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) hizo las primeras averiguaciones en Migraciones respecto de Medina y María Fabiola García. Luego de producida la reunión, la AFI comenzó a realizar informes -según el juez Esmoris, ilegales- sobre Medina y su familia, en particular acerca de una camioneta ligada a ellos que era de la empresa Abril Catering SA. Una denuncia anónima contra esta empresa permitió unir al gremialista con el caso.
En medio, Villegas habló con la entonces subdirectora de la AFI, Silvia Majadalani, y se sucedieron las reuniones entre funcionarios bonaerenses sobre el tema Uocra. Esmoris da cuenta también de que entonces hubo dos comunicaciones entre De Stefano, de Jurídicos de la AFI, y el juez Armella.
Los días anteriores a la reunión del Bapro, hubo comunicaciones entre funcionarios bonaerenses, Majdalani y algunos participantes de ese encuentro. Así se llegó a esa reunión, filmada en secreto. Después, los empresarios realizaron notas escritas contra Medina acusándolo de extorsión.
En paralelo, se presentó una denuncia telefónica anónima por lavado de dinero del narcotráfico contra Juan Pablo y Cristian Medina. Y a finales de junio, 15 día después de la reunión del Bapro, se presentó otra denuncia anónima en el juzgado de Armella contra Abril Catering y sus vínculos con Medina.
La fiscalía intentó dejar en claro que no eran competentes, pero el juez se opuso, avanzó y realizó medidas de prueba a las que se sumaron las declaraciones de los empresarios del Bapro. En este período, entre junio y agosto, se registraron llamadas y reuniones de Villegas con agentes y autoridades de la AFI y con Armella. El celular de Villegas incluso impactó en una antena en Quilmes en esos días decisivos, según detalla el juez. A esa causa de Armella se agregaron otros tres expedientes que tramitaban en la justicia provincial contra Medina.
“Otro aspecto llamativo resulta ser la reunión celebrada el 20 de septiembre entre el entonces ministro de Trabajo Villegas, Grassi y Allan con el fiscal de la UFI 11 de La Plata, Dr. Álvaro Garganta, asentada en el cuaderno del nombrado en último lugar, y a los cinco días el mencionado agente fiscal solicitó la detención de Juan Pablo Medina y su entorno”, dijo Esmoris.
El 25 de septiembre, Armella ordenó detener a Medina. Un día después, volvió a hablar con Villegas y lo mismo hizo al día siguiente de sus procesamientos con prisión preventiva. Luego de ello, mermaron “de manera significativa las comunicaciones con el magistrado”.
Fuentes de Cambiemos dijeron a LA NACION que confían en que este fallo sea revocado por la Cámara. Ritondo anticipó que pedirá el juicio político de Esmoris.
Por Hernán Cappiello
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