Anulan la decisión de apartar al fiscal Carlos Stornelli del caso de espionaje que involucra a exfuncionarios kirchneristas
El juez Martín Irurzun, de la Cámara Federal, dijo que la medida que había tomado el magistrado Marcelo Martínez de Giorgi era infundada
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El camarista federal Martín Irurzun anuló la decisión que había apartado al fiscal Carlos Stornelli de la causa de espionaje ilegal contra jueces y políticos, por la que están presos un hacker misionero y el expolicía Ariel Zanchetta, que realizaba averiguaciones por encargo de funcionarios del kirchnerismo.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi había apartado al fiscal Stornelli de la causa con el fundamento de que como era querellante no podía ser al mismo tiempo fiscal del caso.
Stornelli apeló esa medida porque dijo que los jueces no tiene facultades para apartar a un fiscal y que se estaba violando la independencia del Ministerio Público Fiscal. Se trata de una causa muy sensible, que involucra a funcionarios del gobierno anterior y en la que está investigado el diputado nacional del kirchnerismo y ex funcionario de inteligencia Rodolfo Tailhade.
Ahora, el juez Irurzun, al intervenir en la apelación, anuló la decisión de apartar a Stornelli de la causa y explicó la secuencia de los hechos. Relató cómo el propio fiscal, al saber en qué medida estaba aludido en la investigación, desistió de ser tenido como víctima.
Explicó Irurzun que el fallo de Martínez de Giorgi se basa en razones aparentes y dijo que, por lo tanto, es nulo. El camarista recordó que la causa tuvo un “sostenido avance” con el impulso importante del fiscal Gerardo Pollicita en sus inicios. Pero -detalló- el 28 de noviembre de 2023 Martínez de Giorgi sumó otras causas a este expediente; entre ellas, una que tenía imputado a Tailhade. Fue por eso, por Tailhade, que se inhibió Pollicita, que ya había dejado otras causas en las que estaba involucrado este diputado. En su reemplazo, el 6 de diciembre fue designado Stornelli, que ya era el fiscal de esas causas conexas.
En octubre surgió que entre los archivos encontrados al espía Zanchetta aparecieron “documentos que hacen referencia” a Stornelli. Con esa información, el 15 de noviembre, antes de ser designado en la causa, el fiscal pidió ser querellante. Pero el juez Martínez de Giorgi solicitó que se haga un detalle de los contenidos que aluden a Stornelli antes de decidir. Stornelli vio esa prueba el 11 de diciembre, cuando ya había sido designado para reemplazar a Pollicita, y desistió de la querella, pero el juez decidió apartarlo de oficio.
“Con todo este trasfondo, advierto (insisto) que el fallo no puede ser considerado un acto jurisdiccional válido”, dijo Irurzun y señaló que “la decisión -que implica definir de forma oficiosa que pese a ser designado reglamentariamente, el fiscal no puede ejercer la representación del órgano independiente que integra y que constituye una de las partes del proceso- carece de motivación legal”.
En esta causa, el fiscal Pollicita le pidió al Martínez de Giorgi que indague al funcionario de la AFIP Fabián “Conu” Rodríguez, acusado de encargar la realización de tareas de inteligencia ilegal al expolicía Zanchetta. También le requirió que interrogue a tres exfuncionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que contrataban esos servicios.
Martínez de Giorgi no resolvió estos pedidos, que apuntan al corazón del kirchnerismo y su presunta relación con una red de espionaje ilegal.
La investigación estableció que la “asociación criminal” además de tener en la mira a jueces -como se supo desde el principio de esta causa-, había montado “una red de espionaje más amplia” cuya actividad habría tenido como “objetivos” a cientos de personas -políticos, magistrados, funcionarios públicos, periodistas, empresarios, artistas, dirigentes sociales, deportivos y sindicales- sobre quienes se realizó una recopilación de información, se hicieron filmaciones a escondidas, se rastrearon datos en bases de acceso restringido de organismos públicos, se revisó correspondencia privada. Después, se divulgó parte de aquella información.
Los nombres de los tres exagentes acusados de pedir trabajos a Zanchetta están protegidos por la ley de inteligencia y son secretos, pero uno cumplía funciones de jefe; otro, de “agente de reunión” de información y el tercero, de “agente operativo”. Ya no revistan más en la AFI, según informó el organismo. Entre 2009 y 2015 Zanchetta actuó para estos tres espías y les entregó 168 partes con información que le habían pedido. En la computadora Toshiba del expolicía se hallaron 1196 informes de inteligencia.
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