Antes de dejar la AFI, Arribas nombró en planta permanente a más de 500 espías
Por Iván Ruiz y Candela Ini
Dos días antes de las elecciones primarias del 11 de agosto, el exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas ordenó el pase a planta permanente de 473 espías dentro del organismo, informaron desde la intervención del organismo, a cargo de Cristina Caamaño. Ese número representa casi un tercio del total de la plantilla de empleados de la AFI, según cifras oficiales a las que accedió LA NACION.
La formalización de espías realizada por Arribas en 2019 se extendió incluso después de las PASO, cuando su continuidad estaba comprometida por el resultado electoral. Cuatro días antes de las elecciones del 27 de octubre fueron oficializados otros 38 empleados y cinco días antes de dejar la AFI, en diciembre, otros 12, según detallaron las fuentes oficiales.
En total, Arribas firmó el pase a planta de 523 agentes desde agosto pasado, lo que representa gastos del Estado por casi $31 millones mensuales.
La intervención de la AFI, que fue ordenada hace dos semanas por Alberto Fernández, deberá decidir en las próximas horas el futuro de estos espías. El decreto firmado por el Presidente, incluso, autoriza a la interventora Caamaño a disponer el pase a disponibilidad de estos empleados si lo considera necesario para normalizar la situación dentro del organismo.
La nueva gestión también evalúa por estas horas el desempeño de varios de los directores que permanecen en funciones.
Desde el entorno de Arribas dijeron que efectivamente "se puso a mucha gente en planta permanente" y remarcaron que esas designaciones son una facultad de los directores de la AFI. "Son personas que demostraron a lo largo de la gestión que trabajan muy bien", aclararon a LA NACION cerca del exjefe de la AFI.
Desde la intervención de la agencia aseguraron que el primer objetivo es lidiar con la "megaestructura" que dejó Arribas en la AFI para luego implementar una reforma dentro del organismo similar a la que emprendió Cristina Kirchner en 2015, tras la salida de Antonio "Jaime" Stiuso.
El Poder Ejecutivo trabaja en una reforma del Sistema Nacional de Inteligencia -complementaria a la reforma judicial- para quitarle a la central de espías las atribuciones que la convierten en "auxiliar" de la Justicia.
El objetivo principal será evitar la intromisión de los servicios de inteligencia en la Justicia Federal y neutralizar el "perfil policial" del organismo.
Gastos auditados
Los gastos en inteligencia constituyen un agujero negro de la administración nacional. Alberto Fernández derogó el decreto 656/16, firmado por Mauricio Macri, donde se establecía que todos los fondos de la AFI debían ser reservados. Caamaño tiene ahora la tarea de auditar todos los gastos que se hayan ejecutado durante la gestión anterior, mientras regía el régimen de fondos reservados, que fueron ejecutados por Arribas.
Arribas y su segunda, Silvia Majdalani, dejaron la central de espionaje con acusaciones de haber incumplido la ley nacional de inteligencia. Durante el gobierno macrista se denunció que, bajo la órbita de la AFI, se llevaron operaciones de espionaje ilegal.
Uno de los casos más visibles es el caso D'Alessio, la investigación judicial tramitada en Dolores que podría dejar al descubierto algunas maniobras de espionaje ilegal ejecutadas por excomisarios retirados -según la imputación- y contratados por ese organismo.
Arribas, amigo íntimo de Macri, había frenado un pase a planta permanente de 500 espías apenas desembarcó en el organismo, en diciembre de 2015. Pero desde ese momento en adelante, su injerencia en el nombramiento de personal creció hasta acumular 803 designaciones en el organismo, según los datos obtenidos por LA NACION. En total, su gestión dejó 611 espías en planta permanente.
Esa cifra está conformada por personal de carrera -analistas, expertos en inteligencia- y por personal proveniente de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Desde la intervención aseguraron que los nombramientos fueron proporcionales en las distintas áreas de la AFI.
Según pudo reconstruir LA NACION, en el proyecto de reforma en el que trabaja Caamaño, que deberá pasar por el Congreso, se establece que el personal de la AFI abocado a tareas auxiliares de la Justicia deberá ser trasladado a la órbita del Ministerio de Seguridad, específicamente al área vinculada a la inteligencia criminal.
Por Iván Ruiz y Candela Ini
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