Ante las demoras en los nombramientos, Pettovello contrata funcionarios con un polémico mecanismo externo
A más de cinco meses de gestión, la falta de designaciones abre una grieta en el ministerio de Capital Humano que recurre a un organismo internacional para pagar los sueldos y aplacar el malestar interno
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La falta de designaciones en las terceras líneas comienza a tensar el delicado tejido ministerial de Capital Humano. A los múltiples desafíos que se alzan por fuera de la gestión, que en ocasiones acaban con corrimientos o salidas intempestivas de funcionarios, la cartera que lidera Sandra Pettovello suma un frente interno: el malestar de muchos trabajadores “informales” que ejercen funciones en la diaria sin una remuneración a fin de mes. Algunos de ellos, casi desde el comienzo de la gestión.
Para apaciguar el descontento que generan las demoras en los nombramientos –que pasan por el riguroso filtro del Poder Ejecutivo– el ministerio de Capital Humano se apoya en un mecanismo de contratación externo: bajo el amparo de un convenio, “fondea” a un organismo internacional y le solicita a este que contrate los servicios profesionales de terceros para llevar a cabo una tarea determinada.
Esos profesionales, según pudo reconstruir LA NACION, son los propios funcionarios del ministerio quienes, sometidos a un muy extendido período de prueba, todavía no han sido nombrados.
Muchos de los que se apartaron de sus cargos y no alcanzaron a ser designados, y otros que continúan ejerciendo funciones dentro del ministerio a la espera de su nombramiento, perciben o percibieron –según el caso– sus “sueldos” a través de un convenio que Capital Humano celebró con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).
“Al parecer, somos muchos”, desliza alguien que cobró mediante este mecanismo y aguarda su designación. Funcionarios que se alejaron de la cartera que lidera Pettovello confirman esta modalidad, al igual que otras fuentes que siguen muy de cerca la dinámica interna del ministerio.
El mecanismo de contratación genera sorpresa. Otros conocedores del Estado lo consideran una práctica tradicional. Para los últimos, cerrar la contratación de consultores o profesionales externos al calor de una alianza con un organismo es algo “habitual” y no reviste ningún tipo de irregularidad, según coinciden algunas fuentes consultadas por LA NACION.
Los distintos niveles gubernamentales recurren a estos convenios para tapar falencias propias, agilizar procesos, o fortalecer mecanismos institucionales. Los organismos, por su parte, reciben los fondos y se convierten en “administradores de recursos” que actúan como un dínamo del Estado: activan contrataciones temporales, convocan a licitaciones, o brindan asesorías en sus áreas de expertise, entre otras tareas. Siempre bajo un convenio puntual.
Sin embargo, los convenios no están diseñados más que para ser una apoyatura externa, según le explicaron a este medio desde una organización internacional.
“[Las contrataciones] se dan dentro de los acuerdos marco que tiene la OEI con el Ministerio de Capital Humano”, explica una fuente al tanto del acuerdo. “Dentro de esa lógica –la del convenio–, hay una instancia en la que la OEI le contrata profesionales, asesores o diversas cosas temporarios para cumplir diversas tareas”, agrega la misma fuente. “Es parte de la actividad normal de un organismo de cooperación internacional”, cierra.
Si los “prestadores”, tal como se los define el reglamento interno de la OEI, guardan o no un vínculo con el ministerio es algo que “escapa” al organismo internacional, que se limita a evaluar que el perfil del candidato se encuentre alineado con la tarea a desarrollar.
Así, la selección del “prestamista”, según le confiaron a este medio, es digitada por Capital Humano, que en febrero, en medio del conflicto con las organizaciones sociales por el abastecimiento a los comedores comunitarios, firmó un convenio con la OEI y otro con el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) para activar una licitación para la compra de alimentos por un total de 20.000 millones de pesos.
Desde el ministerio, luego de una semana de “averiguaciones”, no brindaron ninguna respuesta a las consultas de LA NACION sobre el mecanismo de contratación.
El reglamento interno de la OEI es claro: “A solicitud de la Entidad y actuando en el marco de un Convenio y/o Acta suscripta, la OEI podrá efectuar las contrataciones de prestadores. Cabe destacar que, la terna o concurso para la selección de la persona que resultare contratada, será actividades efectuadas por la Entidad. La OEI se limitará a brindar su apoyo de carácter administrativo o su cooperación, según corresponda”. Más adelante, se señala: “La OEI se limitará a abonar los honorarios correspondientes a los prestadores, previa orden y autorización de la Entidad”.
Una de las tantas convocatorias que figuran en la página de la OEI se abrió el 7 de marzo por el término de siete días. Hoy se encuentra adjudicada. Buscaba la “contratación de un profesional para el diseño y desarrollo de estudios y evaluaciones sobre educación inicial y primaria en contextos de vulnerabilidad social”. El contrato por nueve meses es por un total de más de 4,5 millones de pesos.
El revés de la contratación externa
La opacidad del esquema abre una incógnita de cara al futuro. Cuando el Estado, como paso previo a una designación, contrata a un trabajador de manera temporal, al efectuarse el nombramiento oficial se lo hace de manera retroactiva, pero se deducen los meses trabajados bajo contrato temporal, de manera que el trabajador no cobre dos veces por el mismo trabajo.
Las contrataciones realizadas por organizaciones como la OEI no dejan huella más que dentro del organismo, información que se mantiene blindada. El vínculo con el Estado es indirecto y su trazabilidad se pierde, explica una fuente de una organización internacional. Si las designaciones se oficializaran, ¿se harán, como es usual, de forma retroactiva y con las deducciones correspondientes?
Esta práctica, instalada desde hace por lo menos tres meses, no fue la única que puso bajo el reflector a las maniobras diseñadas para cubrir los huecos salariales por la falta de designaciones oficiales. En enero, José Ignacio López Montoiro, un funcionario del área de Trabajo, con el aval del entonces secretario Omar Yasín, a fuerza de miles de pequeños montos adicionales –las denominadas “unidades retributivas”–, sumó casi dos millones y medio de pesos a su sueldo de ese mes, que rondaba los 300.000 pesos. Lo hizo, justificaron en su entorno, para equiparar su salario a las tareas de subsecretario que, sin nombramiento, ejercía en la práctica. No fue el único caso. Su secretaria, María Marcela Flores, también sumó a su sueldo base unas 5000 unidades retributivas. Los dos fueron desplazados de sus funciones.
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