Ante la Justicia, Lavagna volvió a hablar de cartelización en la obra pública en la gestión de Kirchner
Lo hizo al declarar como testigo en el juicio oral contra Cristina Kirchner sobre direccionamiento en los contratos con Lázaro Báez
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El exministro de Economía y excandidato a presidente Roberto Lavagna declaró hoy como testigo en el juicio oral contra Cristina Kirchner, donde se investiga el direccionamiento contratos de obra pública vial hacia las empresas de Lázaro Báez.
Interrogado por el fiscal Diego Luciani y por algunos abogados defensores, Lavagna se refirió al momento en el que él estuvo al frente del Ministerio de Economía y a los motivos que lo alejaron del cargo.
El exministro declaró que durante el último trimestre de 2005 el Banco Mundial, que financiaba obras viales en Argentina, dejó trascender que probablemente iba a iniciar un análisis de ”cómo marchaba este proceso de rutas”.
“No clarificaron el motivo y fue de manera informal. Por eso el Ministerio de Economía tomó la decisión de hacer algún análisis preliminar por parte de la Secretaría de Política Económica. La primera conclusión fue que había algunos elementos preliminares que hacían suponer la posibilidad de la cartelización de la obra publica, un acuerdo entre las empresas participantes de las licitaciones”, señaló el exministro. Y dijo que alrededor de veinte obras fueron suspendidas por ese proceso.
Dijo que la ejecución de las obras dependía del entonces ministro de Planificación Julio De Vido y que las sospechas sobre una posible cartelización se daban en distintos puntos del país.
Cuando uno de los jueces del Tribunal le preguntó si se había logrado constatar la cartelización, Lavagna respondió: “Específicamente no. Supongo que el informe tiene que estar disponible, hay un listado de obras. En general el Banco Mundial salvo muy grandes obras, como puede ser Yacyretá o una central nuclear, en algo que es relativamente corriente y sencillo no interviene”.
Recordó, además, que él había mencionado las sospechas de que existía una cartelización en un encuentro de la Cámara Argentina de la Construcción, y que eso generó irritación entre algunos empresarios del rubro que estaban presentes.
El economista ya había sido citado por el juez Claudio Bonadio en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas. “Hay un cierto grado de cartelización entre las empresas que construyen las obras públicas que hace el Estado, con los sobrecostos que ello implica”, había dicho Lavagna el 23 de noviembre de 2005, antes de dejar el gobierno de Néstor Kirchner.
Esos dichos lo llevaron nuevamente a declarar en el juicio por la obra pública adjudicada a Lázaro Báez durante el kirchnerismo, esta vez a pedido del fiscal de la causa, Diego Luciani.
“Nunca renuncié, a pedido del Presidente puse a disposición el cargo. Fue el 28, 29 de noviembre de 2005. El Presidente me lo había pedido esa mañana”, dijo Lavagna respecto de su salida.
En el juicio por las adjudicaciones de obras públicas a Lázaro Báez, Cristina Kirchner está acusada de comandar una asociación ilícita abocada al direccionamiento de contratos de obras viales a Báez en la provincia de Santa Cruz.
Para que se dicte sentencia en este expediente falta, como mínimo, un año. Quedan al menos 40 testigos por declarar y luego llegarán los alegatos y la acusación del fiscal y las querellas. Las defensas sostienen que la acusación “se derrumba” por falta de pruebas mientras que la fiscalía confía en la prueba acumulada en el expediente.
El rol de las querellas de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) desde que asumió el Frente de Todos se reduce a que sus abogados estén presentes en las audiencias, pero sin participar activamente de los interrogatorios.
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