Aníbal Fernández quería anular el juicio por el Plan Qunita, pero la Cámara Federal se lo negó
La Justicia entendió que "la confirmación por parte de la Cámara y los requerimientos de elevación a juicio guardan congruencia entre sí", por lo que no dieron lugar a la petición del ex jefe de Gabinete kirchnerista
La Justicia rechazó un planteo del ex jefe de Gabinete kirchnerista Aníbal Fernández para anular la causa Qunita , por la que el juez Claudio Bonadio decidió enviarlo a juicio junto a otros ex funcionarios, informaron fuentes judiciales.
La Sala II de la Cámara Federal rechazó los planteos de nulidad que había presentado el abogado Carlos Gustavo Frasquet, defensor de Fernández, y la Defensora Oficial Perla Martínez, en representación de los imputados Ana Paula Herrera Viana, Juan Carlos Piccolini, Fanny Elena Clemente Lamas, Alicia Claudia Angela Esteban y Carlos Tejada.
Allí se pedía anular los requerimientos de elevación a juicio formulados por la Fiscalía y la querella.
Los jueces Eduardo Farah y Martín Irurzun entendieron que "en el caso bajo análisis la descripción de los sucesos contenidos en la declaración indagatoria, el procesamiento dictado en primera instancia, la confirmación por parte de la Cámara y los requerimientos de elevación a juicio guardan congruencia entre sí, no habiendo sufrido modificaciones que resulten sustanciales que conlleven a una situación de indefensión como plantean las asistencias técnicas de los imputados".
El 10 de noviembre el juez federal Claudio Bonadio elevó a juicio oral y público la causa por irregularidades con el plan Qunita del kirchnerismo, por lo que irán al banquillo, entre otros, Fernández y el ex ministro de Salud de la Nación Daniel Gollán.
En la causa hay 18 procesados, mientras que quedó firme el sobreseimiento del gobernador de Tucumán y ex ministro de Salud Juan Manzur.
El expediente investiga irregularidades en la licitación del plan, un proyecto del kirchnerismo que implicó una inversión de más de 1000 millones de pesos para la compra de 140 mil kits que incluían una cuna, un bolso materno, cambiador y otros elementos "de uso cotidiano" para mujeres y sus bebés.
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) advirtió que algunas cunas no servían para bebés de más de siete kilos y que los precios pagados eran "excesivos e injustificados".
Según había dicho Bonadio en su escrito, esta es "una de las causas de corrupción más explícita y grosera que el suscripto tenga memoria, que derivó en una cuantiosa pérdida económica para la administración pública nacional cuando se direccionó de manera arbitraria una licitación pública para seis empresas pre-elegidas con anticipación".
Tanto la defensa de Fernández como de otros imputados quisieron anular la convocatoria a juicio, pero la Cámara Federal afirmó que "de una atenta lectura de las piezas procesales se observa que los acusadores han precisado las razones por las cuales estimaron completa la instrucción y solicitaron la elevación a juicio de las actuaciones".
También, dijo, "han efectuado un pormenorizado relato de los hechos, de las pruebas de cargo recolectadas en el sumario y han evaluado en base a ello, la participación de cada uno de los imputados en el delito que se les reprocha, además de detallar las razones por las cuales estimaron que existe coincidencia entre la acción que se imputa y la descripción típica".
"Las acusaciones poseen sustento argumental suficiente y los planteos de las defensas en torno a este punto, sólo reflejan la disconformidad con tal valoración y no su ausencia", sostuvo.
Agencia DyN
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