El Gobierno exporta la grieta al mundo

En 1979, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA visitó la Argentina para recopilar denuncias por las violaciones de los derechos humanos cometidas por la última dictadura. Impulsada por la política exterior del presidente norteamericano Jimmy Carter, la comisión recogió 5580 testimonios de torturas y desapariciones y, por primera vez, puso a la defensiva a la junta militar. Ante el escrutinio internacional, la dictadura pasó de negar las violaciones de los derechos humanos a esgrimir el argumento de la “no intervención en asuntos internos” frente a la novedosa presión externa. El martes pasado, la cancillería argentina volvió a esgrimir el principio de “no intervención en asuntos internos” frente a denuncias por violaciones de los derechos humanos, esta vez en democracia y para justificar su abstención al momento de votar en la OEA una condena a Nicaragua por el arresto de opositores. El giro ideológico que el kirchnerismo imprimió a la política exterior argentina está logrando derribar uno de los pocos principios de Estado que había logrado sostener la democracia argentina desde 1983: la defensa y promoción de los derechos humanos en el mundo.

El gobierno de Joe Biden, principal impulsor de la condena a Nicaragua, expresó luego a través de un vocero del Departamento de Estado: “Nos decepcionó que la Argentina no acompañara a los 26 países que votaron la resolución de la OEA sobre Nicaragua”. El mensaje, público y textual, derribó las teorías que sostienen que Estados Unidos acepta que la Argentina mantenga puentes con naciones autoritarias porque quiere preservar al kirchnerismo como un eventual mediador. Es la misma teoría que se esgrimía cuando se evitaba condenar las violaciones de los derechos humanos de Nicolás Maduro, con el argumento de que la Argentina trabajaba en una salida democrática de Venezuela. Lo mismo se repite ahora en el caso de Nicaragua.

El interrogante es si el Gobierno realmente está convencido del argumento o solo lo usa en busca de una justificación, como si creyera que los impulsores de las condenas a las violaciones de los derechos humanos se conforman con un guiño de ojos y la respuesta engatusada: “Tranquilo, lo hago por vos”. En principio, ninguna salida democrática ocurrió por ahora en Venezuela.

Cambios en el mundo

Los movimientos diplomáticos del gobierno de Alberto Fernández ocurren en medio de un reacomodamiento de las placas tectónicas universales. El enfrentamiento con China hizo virar la preocupación de Estados Unidos del Atlántico al Pacífico. Y la proclama de la nueva guerra se plasmó esta semana en el comunicado del G7, donde Biden y sus aliados europeos (con menos énfasis) acusaron a China de socavar “la economía global” con prácticas “ajenas al mercado” y le piden respetar “los derechos humanos y libertades fundamentales”. Ninguna otra potencia apareció interpelada como China en el comunicado, ni siquiera la Rusia autocrática de Vladimir Putin.

Como escuchó Sergio Massa de primera mano, la inquietud estadounidense por China también se extiende en América Latina. El menú incluye la expansión de una economía de dirección estatal, la pesca ilegal de su flota pesquera y la difusión de aplicaciones tecnológicas sin reserva de la privacidad, que incrementan el control de China de las comunicaciones en el hemisferio occidental.

Con un optimismo singular, el Gobierno considera que el enfrentamiento abre una ventana de oportunidad. Los emisarios de Alberto Fernández argumentaron en Washington que, sin la ayuda norteamericana para acordar con el FMI, a la Argentina no le quedará más remedio que echarse a los brazos de los préstamos chinos. Fue una suerte de amenaza en procura de apoyo para entibiar la frialdad que Martín Guzmán encontró en el Departamento del Tesoro. La estrategia parece audaz para conmover corazones.

Los argentinos también transmitieron salvaguardas de que nada parecido a una base militar china se estaba construyendo en Ushuaia, pese a las gestiones del gobernador Gustavo Melella. Fueron las mismas garantías que se le habían expresado al jefe del Comando Sur, el almirante Craig Faller, en abril, en su visita a la Argentina.

El Departamento del Tesoro respondió imperturbable. En la reconstrucción de la charla con Guzmán, el vicesecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, deslizó dos requisitos claves para lograr el apoyo a la negociación con el FMI: un “marco sólido” para la economía argentina, un término incompatible con el nivel actual de inflación, las restricciones financieras y la masa creciente de subsidios; y darle un nuevo impulso al crecimiento del “sector privado”. No parece ser la misma agenda local.

De todas formas, la ilusión se mantiene incólume. El oficialismo considera que si Jair Bolsonaro es derrotado por el PT en Brasil, y con Perú y Bolivia ya volcados a la izquierda, la mirada de Washington se volverá más contemplativa con el kirchnerismo. Todo el optimismo, por supuesto, termina por ser matizado con una salvedad: siempre y cuando los planes de Cristina Kirchner no profundicen desequilibrios económicos y abran nuevos frentes de conflicto en el exterior. O dicho con eufemismos: “habrá que ver cómo sigue la dinámica de la coalición oficialista”.

El presente y el pasado

La negativa a impulsar en la Corte Penal Internacional un proceso contra el régimen de Nicolás Maduro o la abstención frente a las detenciones en Nicaragua traducen, finalmente, la lógica de la grieta local a nivel internacional. No son los valores el motor de la política, sino los bandos de pertenencia. Se denuncia la represión policial del colombiano Iván Duque, pero se soslaya la del sandinista Daniel Ortega. No hay principios, hay facciones.

Cuando se cumplieron 40 años de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, rememoró: “Para nosotros fue como un alivio y una protección a la vez”. Es el alivio que buscan ahora las víctimas de las violaciones de los derechos en países como Nicaragua. Pero no hay solidaridad con los adversarios. La grieta se introdujo como una política de Estado.

El Gobierno también argumentó en privado que se abstuvo de condenar las detenciones de opositores en Nicaragua por su enojo con Luis Almagro, secretario general de la OEA, y aluden a la fotografía que compartió con María Eugenia Vidal. Es infalible. Las víctimas son menos importantes que la contienda local.

El quiebre que significó la postura ante Nicaragua fue advertida por el profesor de la UBA y exinvestigador del Conicet Hugo Vezzetti. “El Estado argentino renuncia a una política consecuente en la defensa de los derechos humanos, basada en principios que se aplican a todos los Estados –escribió en Twitter–. Y ha enterrado el principio de solidaridad con las víctimas que fue fundamental en la resistencia a nuestra dictadura”. Vezzetti dedicó parte de los últimos años a revisar las visiones edulcoradas de los setenta, como en su libro Sobre la violencia revolucionaria. Memorias y olvidos. Su observación no es casual, ya que ambas ideas se entrelazan. El maniqueísmo del presente es también un reflejo del relato parcializado del pasado.

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